El presidente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), Juan Carlos Estévez, ha instado este martes a que se reforme el sistema de ejecución de sentencias en España con el fin de que el sector pueda tener mayor protagonismo en este proceso ante el «tremendo déficit» que hay en España en la aplicación de esta cuestión.
Así lo ha asegurado Estévez en rueda de prensa con motivo de su reelección en el cargo para un nuevo mandato de cuatro años al frente del Consejo, que se reúne hoy por vez primera.
El presidente de la Procura ha aprovechado esta ocasión para presentar la ‘hoja de ruta’ del Consejo en este nuevo período que pasa por acometer de una vez por todas el proyecto de reforma de la ejecución de sentencias en España, fundamentalmente la civil, que es la principal aspiración de este colectivo.
«Existe un déficit tremendo de la ejecución de sentencias y ya es hora de que nuestro país acometa esta reforma y pueda homologarse a los países de nuestro entorno», ha explicado Estévez.
Por ello ha afirmado que será la primera cuestión que planteen al ministro de Justicia, Rafael Catalá, junto con la actualización de los baremos de justicia gratuita para el colectivo y el avance en la aplicación de los nuevos sistemas tecnológicos hasta que funcione «correcta y perfectamente» en todos los ámbitos de la administración de Justicia.
Estévez, que fue proclamado presidente del CGPE el pasado 4 de noviembre, ha celebrado la reelección de Catalá al frente de Justicia y ha asegurado que en la anterior legislatura ha existido una «actividad intensa de diálogo y colaboración» con el Ministerio por lo que esperan que en este nuevo periodo que empieza siga en la misma línea para cerrar proyectos comunes.
SOLICITUDES DE NACIONALIDAD POR RESIDENCIA
Al respecto se ha referido al convenio alcanzado en septiembre entre las partes bajo el cual se pone a disposición de los colegios profesionales y de sus colegiados la infraestructura informática necesaria para que puedan presentar por vía telemática las solicitudes de nacionalidad por residencia.
Estévez ha señalado que se trata de un acuerdo que el Ministerio ya suscribió en su momento con los gestores administrativos y que la finalidad del CGPE es acceder al mercado y poder gestionar este trámite porque, según ha precisado, son muchos los inmigrantes que piden la nacionalidad española y existe en la actualidad una bolsa que ronda las 800.000 personas.
Preguntado por la investigación abierta por la Audiencia Provincial de Madrid al Consejo en la que se investiga si se falsearon los estatutos modificados en 2003, Estévez ha asegurado que la querella presentada contra su personal y la antigua cúpula «no tiene base ninguna» y ha recordado que el Ejecutivo aprobó en 2002 un estatuto general de la profesión que obligó a los 67 colegios de procuradores a modificar los suyos propios para adaptarlos al nuevo.
Al respecto ha añadido que en el caso de Madrid la nueva redacción se llevó a la Junta General y pasó por el control de calidad de la Comunidad, por lo que atribuye dichas modificaciones estatutarias a una orden de la Comunidad de Madrid y en ningún caso a la del colectivo que preside.
COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN
El comité ejecutivo, que mantenía esta mañana su primer encuentro, cuenta con un «plan ambicioso» para ampliar campos de trabajo de los procuradores y por ello va a apostar en comunicación y formación; en concreto y en lo que respecta al segundo aspecto, buscan garantizar una «formación integral» de los procuradores.
El Consejo pondrá en marcha un centro de formación que irá dirigido en primer lugar a procuradores aunque también a despachos, colegios y profesionales del sector interesados en ampliar sus conocimientos.
Integran el comité ejecutivo el vicepresidente Javier Sánchez el secretario general, José Manuel Villasante, la tesorera Mercedes Ruiz-Gopegui, el vicetesorero Luis Ortega, todos ellos repitiendo en el cargo. Marisol Capdevila, decana de Córdoba, entra como vicesecretaria en sustitución de Francisco Cerrillo. (EP)
