Marta Silva de Lapuerta, de 47 años, y Ricardo Conde, de 52 años, llegaron al Ministerio de Justicia en 2012 con Alberto Ruiz Gallardón como titular. La primera, como abogada general del Estado y el segundo como director general de Relaciones con la Administración de Justicia. Son los dos cargos que mantuvo Rafael Catalá cuando tomó posesión del Ministerio el 29 de septiembre de 2014.
Silva de Lapuerta, un nombramiento que fue consensuado en su momento con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha cumplido una brillante andadura al frente de la Abogacía del Estado.
A ella le correspondió presentar los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno contra la consulta soberanista catalana del 9 de Noviembre de 2.014 y contra la resolución independentista del Parlamento de Cataluña de 11 de noviembre de 2015.
La primera abogada general del Estado ha estado a la altura de lo que se le ha pedido y mucho más.
Lo mismo sucede con Ricardo Conde, titular del Juzgado de Primera Instancia 58 -donde, al parecer, volverá- que, desde su puesto de director general, ha hecho ese trabajo oscuro y gris de planificación y de organización, inteligente y meditado, que no da brillo personal pero que es esencial para que la maquinaria del Ministerio funcione a toda velocidad.
Son cinco años, para los dos, como se suele decir, «montados sobre el tigre», en el que han sido testigos y protagonistas de uno de los periodos más duros para la Justicia. Ambos consideran que, después de cinco años, ha llegado el momento de bajarse y dar entrada a otros.
Tanto Silva de Lapuerta como Conde habían sido ratificados por Rafael Catalá, como el resto del equipo ministerial, en sus puestos. Por ello, el titular de Justicia está considerando varios perfiles para sustituirlos.
La misma intención de ratificación existe, al parecer, hacia la cesada fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.
Pero, en ese caso es necesario que la nombre el Consejo de Ministros.
