Recientemente se ha publicado en los medios de comunicación la estadística sobre la Valoración Policial del Riesgo de Violencia sobre la Mujer.
En 2010 se evaluaron y dictaron las correspondientes órdenes de protección a aproximadamente 32.000 víctimas.
En 2015 se redujeron casi a la mitad, es decir 16.000.
En este año se denegaron la protección de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a 2 de cada 3 de las casi 130.00 denunciantes, valorándolas a riesgo cero, y al 80 por ciento de las restantes se les calificó con bajo riesgo de agresión.
Obviamente la calificación también depende de los recursos humanos con que cuenten las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para destinar a tal pretensión.
No podemos obviar que muchas de las denuncias interpuestas son instrumentales.
Si bien no es políticamente correcto, lo cierto es que los profesionales que nos dedicamos a esta rama del derecho observamos con demasiada frecuencia que muchas de ellas persiguen un fin muy determinado.
Porque suelen formar parte de una estrategia en un proceso de divorcio o de reclamaciones familiares como los alimentos.
Pero también es cierto que el número de mujeres muertas a manos de sus maridos sigue arrojando en nuestro país cifras alarmantes.
Sin duda bajarían si las diferentes administraciones aumentaran las dotaciones presupuestarias destinadas a este particular.
Para ello es necesario que entren en juego profesionales que midieran el riesgo sin la presión de la sobrecarga de trabajo, protegieran a las mujeres con una dedicación a estos menesteres en exclusiva y sin que el número de protegidas por policía superara lo que humanamente se puede atender.
Seguimos en una sociedad que dista mucho de ser justa.
No existe el riesgo cero ni tampoco la ausencia total de crímenes machistas.
No se da en ningún lugar del mundo, pero conseguir que la cifra baje sí es posible y es a lo que tiene que estar encaminado nuestro esfuerzo.
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