El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha remitido al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado, a los partidos políticos, y al resto de los operadores jurídicos un documento con 34 propuestas para alcanzar un Pacto de Estado en materia de Justicia entre las que incluye la revisión de los plazos máximos de instrucción y la creación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la «imprescindible» la independencia del CGPJ.
En su escrito la denominado ‘Elementos para una propuesta de Pacto de Estado por el Futuro de la Justicia’, que se aprobó en el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española celebrado el pasado 24 de noviembre, y que se articula en base a 34 elementos esenciales, señala que «como actor imprescindible en la tutela judicial efectiva de todas las personas», considera necesario que se aborde de forma definitiva una reforma profunda y duradera como verdadera solución de los problemas de los ciudadanos y de la sociedad.
Entre sus propuestas destaca la revisión de los plazos de instrucción judicial, que según la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que entró en vigor el 1 de octubre de 2015, se limita a 6 meses para las causas sencillas y a 18 para las complejas.
La Abogacía cree que la instrucción debe garantizar los derechos de todas las partes «sin perjuicio de que la instrucción se realice en un tiempo razonable».
Y considera «urgente» la creación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que desarrolle un sistema de instrucción y enjuiciamiento «moderno» y adaptado a las «exigencias jurídicas constitucionales e internacionales».
Por otra parte, según la Abogacía, resulta «imprescindible» la independencia del Consejo General del Poder Judicial y para ello propone un sistema de designación «democrático y no partidista, en el que la designación de los vocales jueces y magistrados cuente con la participación de los jueces».
Asimismo, establecer para el nombramiento de cargos judiciales y puestos de libres designación «el concurso de baremación, de tal forma que las designaciones respondan realmente a principios de mérito y capacidad».
En el ámbito de la digitalización, el CGAE apuesta por una implantación «efectiva e inmediata del expediente judicial electrónico«.
Para ello, reclaman «la interoperatividad de las diferentes plataformas de gestión procesal y la creación de un servicio único de acceso».
Además, subrayan que «la Justicia precisa de más y mejores medios, pero también de un cambio profundo de organización y de actitud y, sobre todo, de un decidido respaldo político».
Además, los abogados apuestan por unos «servicios especializados mínimos» en materia de Justicia Gratuita que incluyen a las víctimas de violencia de género, a los menores, a los extranjeros y a la población reclusa y considera además que se debe garantizar «una digna compensación a los abogados del Turno de Oficio» y una homogeneización de baremos en todo el país.
Otras de las medidas plasmadas en el documento son el abordaje de reformas para lograr «un funcionamiento más ágil y eficaz del Tribunal Supremo» y la mejora de la definición de las competencias en materia de Justicia entre las Comunidades Autónomas, entre otras.
La Abogacía también indica que el derecho constitucional a la defensa, contemplado en el artículo 24 de la Constitución Española, «hace necesaria una Ley Orgánica que regule ese derecho en los procedimientos judiciales y garantice que la defensa profesional sea ejercida en todo caso por la Abogacía».
propuesta-pacto-estado-por-la-justicia
