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Asociaciones de jueces y de juristas esperan que el nuevo relator especial de la ONU aborde las 6 denuncias del «caso español» pendientes

El Consejo General del Poder Judicial. Confilegal.
| | Actualizado: 27/12/2016 19:31

Las asociaciones de jueces Foro Judicial Independiente (FJI), Jueces para la Democracia (JpD) y la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, la Brigada Tuitera y Ris International Spain, organización defensora de los derechos y libertades civiles, esperan que el nuevo relator especial sobre la independencia de magistrados y jueces del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Diego García-Sayan, reactive las denuncias presentadas ante sus antecesoras en los pasados tres años, en las que se alertaba de la situación de independencia del poder judicial español.

La primera en interponer una denuncia (comunicación en lenguaje técnico de Naciones Unidas puesto que no son un tribunal al uso) ante esta instancia fue la Plataforma Cívica, en enero de 2014, que denunciaba «la colonización por los partidos políticos de las instituciones y organismos» y específicamente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, cuyos miembros son elegidos directamente por el Parlamento.

«Los vocales elegidos son en su inmensa mayoría personas con vínculos directos o indirectos con los Partidos Políticos y con los otros dos Poderes del Estado (Legislativo y Ejecutivo)», afirmaba la Plataforma Cívica, organización compuesta por jueces, fiscales, abogados, profesores universitarios y otros ciudadanos, en su escrito.

A esta denuncia le siguió una segunda ese mismo año por la situación de los jueces en prácticas.

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«Tenemos previsto elaborar un recordatorio para enviar, de nuevo, al nuevo relator especial», cuenta Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma y juez decano de Guadalajara.

«La verdad es que da mucha esperanza el hecho de que García-Sayán haya sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque la relatora especial saliente, Mónica Pinto, no hizo nada por el ‘caso español'», añade.

FJI y JpD: 2 denuncias

En la misma línea se pronuncia Concepción Rodríguez, presidenta de la Gestora de FJI, que presentó dos denuncias ante las antecesoras de García-Sayán, la mencionada Mónica Pinto, argentina, que estuvo un año en el cargo (entre agosto de 2015 y agosto de 2016) y la brasileña Gabriela Knaul, que ostentó el puesto entre agosto de 2009 y julio de 2015.

«Esperamos que el nuevo relator especial, que tiene esa especial sensibilidad, no sólo por haber sido presidente de la Corte Interamericano de Derechos Humanos entre 2010 y 2014, sino porque fue magistrado de ese tribunal desde 2004», explica Rodríguez. «El ‘caso español’ está todavía pendiente. Las serias dudas en torno a la independencia del CGPJ con respecto del poder ejecutivo están tan vivas como el día que presentamos las dos comunicaciones«.

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La primera de esas comunicaciones se produjo en noviembre de 2014, en unión de JpD y AJFV, junto a RIS International Spain.

En la misma solicitaron a la relatora Knaul que visitara España para asegurar que no se produjeran «mermas o intromisiones» del Gobierno en la independencia de los jueces. En la misma denunciaban la última reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ahondaba la «vinculación del poder político» con el órgano llamado a velar por la independencia judicial.

«Su propia configuración, al estar compuesto por jueces y juristas elegidos íntegramente por los poderes políticos, supone un riesgo potencial para la independencia judicial», advirtieron en su escrito, sobre el CGPJ.

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Desde la Francisco de Vitoria Raimundo Prado, su portavoz, reitera la vigencia de los criterios que empujaron a su asociación a suscribir dicha denuncia.

«Es cierto que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya sobre parte de lo denunciado, pero desde nosotros seguimos manteniendo que el CGPJ debe ser independiente y eso pasa porque los 12 vocales jueces sean elegidos por sus iguales», señala Prado.

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En 2014 se realizaron 3 denuncias por parte de asociaciones: 2 de la Plataforma Cívica y 1 de JpD, AJFV, FJI y RIS International Spain 

Ignacio González Vega, portavoz de JpD, asociación que suscribió, con FJI, una segunda denuncia en julio de 2015, un mes antes de que Pinto sucediera a Knaul, opina, por su parte, que «tenemos que dar un tiempo prudencial para que García-Sayán aterrice, pero es inevitable que aborde el ‘caso español’ tarde o temprano«.

En este segundo escrito que presentaron señalaron las “diversas iniciativas del Gobierno están erosionando el principio de separación de poderes”, lo que “tiene como consecuencia un debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho”.

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Caso Sieira

Hicieron referencia a dos cosas específicas: la primera, el controvertido nombramiento del nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso-Adminsitrativo, Luis María Díez-Picazo, en detrimento de José Manuel Sieira Míguez, que había venido ocupando ese puesto con eficacia durante los últimos cinco años y teniendo una experiencia de 22 años como magistrado del alto tribunal; muy superior a la del elegido.

De acuerdo con los estándares internacionales en la materia, el procedimiento de nombramiento debe ser claro transparente y libre de presiones e influencias, como mandan los estándares internacionales, y basado en criterios objetivos y en la integridad y capacidad profesional.

Las entidades denunciantes nuevamente pusieron en entredicho la última reforma aprobada de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) porque mermaban el carácter colegiado (y por tanto, la independencia) del CGPJ.

Entre 2015 y 2016, el relator especial de Naciones Unidas recibió 3 denuncias más 

En 2016 la Plataforma Cívica volvió a presentar una tercera denuncia ante la relatora especial Pinto por la politización de los miembros del CGPJ y el carácter arbitrario de sus nombramientos.

«El GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa), en su informe de evolución de 2013 (dedicado a España), detecta la impresión entre los jueces españoles de que la judicatura está politizada en su cúspide, hasta el punto de que a veces se sabe de antemano quién vaya a ser elegido para algún cargo de responsabilidad», dice en su misiva.

En la misma línea se pronunció la «Brigada Tuitera» que instó a Pinto a intervenir y realizar una visita a España para verificar «in situ» los graves ataques que estaba sufriendo la Independencia Judicial.

«Nosotros, desde la ‘Brigada Tuitera’ vamos a dirigirnos a García-Sayán para que retome la comunicación que le enviamos en mayor de este año para que, de una vez por todas, se ponga en marcha. Lo que está sucediendo en España es demasiado grave», declara José Muelas, uno de los líderes de este movimiento en red que agrupa a más de 15.000 personas.

La ‘Brigada Tuitera’ envió dicha comunicación a la ONU junto con RIS International Spain.

1 denuncia, la primera de todas, en 2014: RIS International Spain y el CGAE

Esta ONG, secundó otra, una tercera -la primera de todas, que no implica a ninguna asociación judicial- en julio de 2014, junto con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), por la reforma de la Ley de Justicia Gratuita.

«No sabemos si para Diego García-Sayán España es un prioridad, hoy por hoy», explica Lydia Vicente, de RIS International Spain. «Pero tendría muy fácil venir nuestro país. El Gobierno ya dio luz verde a la visita que tenía previsto realizar Gabriela Knaul, la cual está pendiente. Llegado el caso, se podía aprovechar para abordar todo lo que se alega en las comunicaciones presentadas. Es viable».

En el caso de que el nuevo relator especial decidiera volar finalmente a España, su presencia daría pie a una serie de entrevistas para abordar todo.

El informe que pudiera elaborar, aunque no es coercitivo, sí sería de cumplimiento obligatorio.