La ONG Rights International Spain, junto con la asociación Jueces para la Democracia, piden a Diego García Sayán, nuevo Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, que visite España y pueda comprobar «los distintos desafíos a la independencia judicial», entres los que destacan la injerencia del poder político en judicial, la escasez de medios o las intromisiones en los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial.
A través de una carta, ambas organizaciones recopilan los principales “desafíos a la independencia judicial, dada la gravedad de la situación».
Intromisiones del poder político en los nombramientos del CGPJ
Recuerdan que el sistema de nombramiento de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, el cual posibilita las intromisiones del poder político en el órgano de gobierno de la Justicia. Una situaciación que se «ha agravado con las reformas promovidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la X Legislatura, dado que desde entonces, cuando un único grupo cuenta con una mayoría cualificada de 3/5 en una Cámara (como la que contaba el PP en la anterior legislatura en el Senado), se puede nombrar a miembros del CGPJ sin necesidad de llegar a consenso con otros partidos»
Tanto JpD como Rights International Spain señalan que «esta reforma ha sido duramente criticada, no solo por las organizaciones firmantes, sino también por informes de diversos organismos del Consejo de Europa».
Sucesivas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial
Las organizaciones también ponen de manifiesto el elevado número de reformas a la LOPJ -hasta nueve- en la X Legislatura lo que, además de vulnerar el principio de seguridad jurídica, se realizó sin hacer consulta alguna a los operadores de justicia y con el apoyo único del Partido Popular.
En este sentido inciden en «mencionar la posibilidad de que el presidente del CGPJ, nombrado por el poder político, pueda realizar propuestas vinculantes, lo que va en detrimento del carácter colegiado de la institución y de la propia independencia judicial».
Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia ha recordado que según el Quinto Barómetro Externo del Consejo General de la Abogacía de 2015 existe “un clamor ciudadano por una reforma inmediata y a fondo para mejorar el funcionamiento de la Justicia en España”. Ahora bien, de acuerdo con este estudio, una masiva proporción de españoles (81%) expresa una misma amarga conclusión: “todos los gobiernos, del color que sean, han tenido más interés por controlar la Justicia que por dotarla de los medios suficientes para que pueda funcionar mejor”.
Reducción de los plazos de instrucción
Asimismo, las organizaciones firmantes denuncian la reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que introdujo el plazo máximo de entre 6 y 18 meses para concluir la fase de investigación de los delitos. Esta medida, unida a la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo que enfrentan jueces y magistrados, lejos de agilizar la Justicia, como justificaron los autores de la reforma, “contribuirá en la práctica a una mayor impunidad, particularmente en los casos de corrupción política, y a un aumento de la desconfianza en los tribunales”.
Falta de medios
En la carta también se menciona, como una de las principales trabas a la independencia judicial y la separación de poderes, la falta de recursos “tanto humanos como económicos”, agravada durante la X Legislatura. En este sentido, se apunta al mal lugar que ocupa España en los informes europeos sobre eficiencia en Justicia; suele ser uno de los países con peores datos en lo referente a los recursos dedicados a este sector. Esta situación tiene “un impacto en la capacidad de los tribunales para ejercer el control jurisdiccional necesario sobre el poder ejecutivo y legislativo”, y además afecta negativamente a “la opinión que el público general tiene acerca de la institución”.
Interferencias políticas
Las citadas organizaciones muestran también su preocupación por las «interferencias políticas mientras los jueces están desempeñando sus funciones» con una «presión» que «lamentablemente se ha convertido en algo común» y que «buscan influir sobre ellos para que cambien sus decisiones».
Una circunstancia que se da más a menudo “en casos muy sensibles, por ejemplo, relativos a la libertad de expresión y reunión, corrupción y terrorismo”.
Por su parte, Lydia Vicente, Directora Ejecutiva de Rights International Spain, insiste en el impacto que tiene la existencia de una justicia independiente en el disfrute de los derechos fundamentales: “en los últimos tiempos se ha puesto de manifiesto hasta qué punto la existencia de un poder judicial independiente es crucial para evitar que se produzcan graves atropellos a nuestros derechos y libertades civiles; sin una Justicia independiente los principios básicos de una sociedad democrática corren peligro, todas las personas corremos peligro”.
Recortes a la Justicia Gratuita
En la carta se pone de manifiesto otra dificultad que enfrenta la ciudadanía a la hora de acceder a una Justicia independiente: los recortes a la Justicia Gratuita operados por una reforma del anterior Gobierno.
Y señalan que con la nueva normativa menos personas pueden beneficiarse de un(a) abogado/a de oficio y el proceso de solicitud es más complejo, lo que supone un obstáculo añadido al acceso a este servicio público esencial.
Puesta en marcha del proyecto Papel 0 “con 0 recursos”
Finalmente, la carta se refiere a la reforma que estableció la obligación para que los Juzgados trabajasen exclusivamente a través de medios electrónicos a partir del 1 de enero de 2016. Este sistema suscita muchos problemas ya que se instauró “sin medios ni una inversión pública adecuada”, sin existir un criterio unificado de los órganos judiciales (con la consiguiente inseguridad jurídica) y su gestión depende del Ministerio de Justicia, por lo que el Gobierno tendría acceso a todas las notificaciones judiciales, “lo que supone un ataque adicional y peligroso a la división de poderes”.
