La sala del Teatro Princesa Doña Leonor de Boadilla del Monte llenó ayer sus butacas con magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, procuradores, abogados y vecinos convocados por el Tercer ciclo de los Diálogos Jurídicos, la iniciativa que Confilegal organiza anualmente con colaboración con el Ayuntamiento de la localidad.
La jornada, inaugurada por el alcalde, Francisco Javier Úbeda Liébana, se centró monográficamente en la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del servicio público de justicia, que acaba de cumplir su primer año de vigencia real.
Sobre el proscenio, tres voces con autoridad y sin voluntad de complacencia: Verónica Ollé, directora general para el Servicio Público de Justicia; Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid; y Celso Rodríguez Padrón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Bajo la moderación de Francisco Oliver, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.
Una reforma cuatro veces intentada
Ollé abrió fuego con un argumento histórico destinado a enmarcar el debate: la ley no nació de la improvisación. Es el cuarto intento, desde 2011 hasta hoy —con los ministros Fran Caamaño, Alberto Ruiz Gallardón, Juan Carlos Campo y finalmente Félix Bolaños—, de implantar los Tribunales de Instancia en España, sustituyendo un modelo de juzgados unipersonales que arrastraba desde el siglo XIX.
«La mayor transformación de la justicia en décadas», subrayó, «no se hace sin dificultades».
El diagnóstico de partida lleva décadas sobre la mesa: desde el Libro Blanco de la Justicia de 1997 y el Pacto de Estado para la Reforma de 2001, el sistema acumulaba un consenso transversal sobre la necesidad de cambio que ningún gobierno había logrado llevar hasta el final.
La directora general articuló su intervención en tres ejes: de dónde se viene, qué dificultades se han encontrado en la implantación y qué resultados arrojan los primeros datos.
Insistió en que la ley no es una norma aislada, sino el remate de una trilogía de reformas: el Real Decreto 6/2023, que introdujo la obligación del expediente digital y la interoperabilidad entre sistemas de gestión procesal; la eficiencia procesal del Real Decreto 5/2023 con los pilotos testigo; y finalmente la ley de eficiencia organizativa.
Apoyada, esta última, sobre cuatro pilares: los Tribunales de Instancia, las Oficinas de Justicia en el Municipio, los MASC y la nueva Oficina Judicial organizada en servicios comunes.
Ollé desgranó la inversión acometida en el territorio Ministerio desde 2023: 1.120 millones de euros distribuidos entre digitalización —850 millones, incluidos los 85 del Plan de Recuperación—, personal —91,6 millones en acuerdos con jueces, fiscales y sindicatos, más 13,2 millones para retribuir los nuevos puestos directivos de libre designación— y edificios, con otros 79,3 millones destinados a adecuación de infraestructuras.
A ese capítulo añadió la creación de 42 plazas de jueces especializados en violencia de género y la tramitación en curso de un Real Decreto para incorporar 500 nuevas unidades judiciales, que a diferencia del modelo anterior podrán desplegarse a un coste de 100.000 euros por plaza.
«Con el modelo antiguo, crear 500 plazas nos habría costado 260 millones; ahora nos costará 55,7», precisó. Sobre la formación, apuntó que el Ministerio impartió más de 590 horas de formación presencial y puso en marcha cursos en línea de 60 horas con 15.400 personas matriculadas.
El resultado cuantitativo fue rotundo: 3.000 juzgados unipersonales transformados en 431 Tribunales de Instancia, con despliegue completado al cien por cien antes de que concluyera 2025.
Los primeros datos del territorio que gestiona directamente —Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla— arrojan un descenso del 9,94% en asuntos ingresados en todos los órdenes jurisdiccionales, del 20,46% en el orden civil.
Y lo que presentó como el indicador más significativo: una ruptura histórica de la curva de pendencia, que bajó un 0,6% en términos globales y un 4,5% en el orden civil.
«Es la primera vez que se rompe esa tendencia en la estadística», afirmó, aunque acompañó los datos de cautela: «Los doy con toda la prudencia del mundo. Todavía es muy pronto».
El decano del ICAM diseccionó la ley con bisturí
La intervención de Eugenio Ribón, decano del ICAM, fue muy incisiva. Desde el inicio marcó el tono: el Colegio no se opone a la modernización —de hecho, presentó 40 enmiendas durante la tramitación parlamentaria—, pero considera que la eficiencia prometida se ha traducido en burocracia y en dificultades de acceso a la tutela judicial.
El diagnóstico sobre los MASC —Métodos Adecuados de Solución de Controversias, el gran pilar alternativo de la ley— fue demoledor.
La norma los estableció como requisito de procedibilidad sin concretar cuándo y cómo se entiende cumplido el trámite, lo que generó una dispersión de criterios entre órganos judiciales.
Las demandas inadmitidas por defecto en el MASC van a parar a las audiencias provinciales —ya hipersaturadas—, donde la espera para resolver la admisión a trámite puede demorarse años.
Ribón sacó las matemáticas: en algunas secciones hay 30.000 asuntos pendientes, con tasas de resolución que arrojan esperas de 20 a 30 años. «Hay menos pleitos, sí —ironizó—. Pero no porque la reforma sea buena, sino porque se está impidiendo al ciudadano el acceso a la tutela judicial».
El ICAM reforzó su posición con una encuesta propia entre 1.164 abogados. El 83,7% valora de forma negativa o muy negativa la obligatoriedad del MASC; el 91% considera que la ley ha supuesto más retrasos; el 74% ha encontrado criterios discrepantes entre tribunales ante situaciones idénticas.
La nota media de satisfacción con la ley, sobre diez: 1,6. Más del 52% de los encuestados le puso un cero. Ollé cuestionó la representatividad estadística de la encuesta; Ribón la defendió como síntoma.
Sobre los Tribunales de Instancia, el decano fue igualmente contundente: el cambio de señalética —de juzgado a tribunal— no resuelve nada si no va acompañado de un incremento real de personal y de formación específica.
Describió casos de funcionarios con 15 años de experiencia en pleitos de familia tramitando ahora delitos leves, de tribunales que han registrado niveles de bajas desconocidos, de expedientes extraviados en la transición digital.
El presidente del TSJM: más preguntas que respuestas
Celso Rodríguez Padrón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tomó la palabra con la distancia que le concede la perspectiva judicial y la cautela que le impone el rigor.
Comenzó con una reflexión conceptual que recorrió el debate hasta el final: la Constitución habla de tutela efectiva; la ley habla de justicia eficiente. No son sinónimos. «Como juez —dijo— no puedo compartir que el legislador piense en la justicia desde el parámetro de los menores recursos posibles. Yo defiendo los mayores recursos posibles».
Y fue más lejos: tampoco eficiencia es eficacia, ni eficacia es efectividad. Tres conceptos distintos que la ley tiende a confundir y que tienen, advirtió, consecuencias prácticas muy diferentes.
El concepto constitucional de tutela efectiva, el que a su juicio debería haber inspirado la norma, fue arrumbado en favor de una filosofía importada de la Escuela del Análisis Económico del Derecho de Princeton, cuya traslación al ámbito judicial le suscita «más dudas que certezas».
Ese desplazamiento filosófico tiene, según el presidente del TSJM, una consecuencia estructural: el centro de gravedad del proceso se traslada de la resolución a la gestión. El juez ya no es el único responsable.
La oficina judicial pasa a ser la reina de la estructura. Para ilustrarlo leyó en voz alta el apartado 8 del artículo 436 de la ley, que literalmente faculta a los jueces a «requerir en todo momento a la oficina judicial cuanta información consideren necesaria sobre los procedimientos cuyo conocimiento tengan atribuido».
La sala captó el absurdo: la ley concede como «dádiva» a un juez el derecho a preguntar por sus propios asuntos. «¿Quién redactó este apartado?», dijo, sin necesidad de elevar la voz.
El diagnóstico sobre la ratio de jueces por habitante fue igualmente severo. España sigue anclada en los parámetros de 1988, cuando la Ley de Demarcación consideró suficiente un juez por cada 10.000 habitantes.
Hoy la ratio es de 1,2 jueces por 10.000 habitantes frente a una realidad socioeconómica que no tiene nada que ver con la España de hace cuatro décadas y frente a un volumen de asuntos que se ha multiplicado exponencialmente.
Señaló además el colapso de la interlocución en dos planos: el interno, porque el sistema de relación telemática no está suficientemente maduro; y el externo, porque el abogado o procurador que antes sabía exactamente a qué mesa dirigirse ahora se enfrenta a una estructura difusa donde localizar el estado de un asunto se ha vuelto «bastante difícil cuando no imposible».
Los datos de Madrid fueron contundentes: en 2025 ingresaron 66.000 asuntos menos que en 2024, con un total de 1.184.151. Se resolvieron 1.125.798. Pero la pendencia subió de 747.414 asuntos a fin de 2024 a 825.114 a fin de 2025, un incremento de más de 77.000.
a explicación: los MASC están embolsando demandas que todavía no han ingresado formalmente en el sistema. Cuando ese dique ceda, la ola llegará.
Aun así, Rodríguez Padrón rechazó emitir un balance definitivo: «Hasta que no tengamos un año completo con la ley funcionando en toda su dimensión, y lo podamos comparar con 2024, no me atrevo».
Y reconoció algunos elementos genuinamente valiosos del nuevo modelo: la filosofía de especialización, la posibilidad de crear 500 nuevas plazas judiciales a un coste radicalmente inferior y la esperanza de que los Tribunales de Instancia, una vez consolidados, permitan una justicia más ágil y mejor organizada.
El debate dejó en el aire una pregunta que ninguno de los tres ponentes quiso responder del todo: si la curva de pendencia que hoy desciende en algunas comunidades es el primer signo de una reforma que funciona o el efecto transitorio de una barrera que frena el acceso a los tribunales.
La respuesta, coincidieron, llegará con los datos de 2026.
