El secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) y magistrado, Jesús Villegas, lanzó este contundente mensaje durante su intervención en un acto celebrado ayer por su asociación en Elche, donde cargó duramente contra la propuesta de atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal.
“Se implantó por la Alemania nazi. Muy lógico, evidentemente, porque el gobierno nazi quería controlar la justicia. En España se empezó a hablar en el tardofranquismo. Muy lógico, porque cuando el régimen se derrumbaba, el franquismo quería controlar a los jueces. Y en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania lo dicen bien claro: lo que queremos es que la ideología del investigador influya en la investigación, porque no se puede investigar lo mismo si eres de derechas o si eres de izquierdas”, afirmó durante su intervención.
A partir de ahí, Villegas desarrolló una crítica frontal al modelo, al que atribuye una finalidad de control político que, a su juicio, se oculta deliberadamente bajo un discurso técnico.
Según expuso, el verdadero problema no es quién investiga —jueces o fiscales—, sino si esa autoridad es plenamente independiente o está sujeta a una estructura jerárquica con posibles interferencias externas.
En este sentido, advirtió de que el Ministerio Fiscal no cumple ese requisito de independencia, al estar organizado de forma jerárquica y depender en última instancia de una cúpula designada por el poder político. Esto permitiría, en determinados casos, influir —directa o indirectamente— en investigaciones penales.
Los defensores de la instrucción por el fiscal han ganado el relato público
Villegas denunció además que los defensores de este modelo “han ganado el relato público”, imponiendo conceptos como “eficiencia” o “modernización” para evitar, según dijo, el verdadero debate de fondo.
“Es una farsa”, afirmó, al considerar que se oculta la cuestión clave: si se quiere o no introducir la política en la investigación de los delitos.
Durante su intervención, recurrió a ejemplos concretos para ilustrar los riesgos que, a su juicio, implicaría este sistema.
Planteó escenarios en los que figuras políticas pudieran tener capacidad de influencia sobre investigaciones sensibles, cuestionando si la sociedad está dispuesta a aceptar esa posibilidad.
Asimismo, sostuvo que el origen del modelo explica su lógica: permitir que la ideología del investigador condicione la persecución de los delitos.
“En un caso puedes ser más benévolo con unos y en otro con otros; tu ideología te indicará por dónde ir”, señaló, denunciando lo que calificó como una “hipocresía” envuelta en “palabrería insoportable”.
Rechazó las propuestas que condicional el actual sistema de oposiciones
Más allá de la instrucción penal, Villegas extendió su crítica al ámbito del acceso a la carrera judicial. Rechazó las propuestas que cuestionan el actual sistema de oposiciones, defendiendo que, pese a sus posibles mejoras, garantiza la selección de los perfiles más capacitados.
Según afirmó, las reformas planteadas buscan en realidad rebajar el nivel de exigencia y facilitar un acceso más permeable, lo que interpretó como un intento de politizar también la base de la judicatura.
“Lo que quieren es controlar no solo la cúpula, sino también la base”, advirtió.
En un tono especialmente duro, criticó lo que denominó “la rebelión de los mediocres”, alertando de que determinadas profesiones —como la judicatura— deben estar reservadas a los más preparados y con mayor capacidad de sacrificio.
La intervención concluyó con una llamada a no perder de vista el núcleo del debate: la independencia judicial. Para Villegas, cualquier reforma que introduzca elementos de dependencia política en la investigación penal supone un riesgo directo para el Estado de derecho.
