«Hoy Europa ha hablado. Ahora toca que España actúe». Con esa frase cierra su comunicado la Asociación Plataforma Judicatura Interina. Podría haber servido también de titular.
Casi un millar de jueces sustitutos y magistrados suplentes —el 20 por ciento de toda la judicatura española— llevan décadas esperando que alguien, en Madrid o en Luxemburgo, les dé la razón.
Este martes, una vez más, ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la sentencia del asunto C-418/24 (Obadal), el que ha dicho que las medidas adoptadas por España para combatir el abuso de la temporalidad en el empleo público son insuficientes y contrarias al Derecho de la Unión.
La figura del indefinido no fijo, las indemnizaciones tasadas, los procesos de estabilización abiertos en concurrencia con terceros ajenos a la bolsa de interinos: ninguno supera el escrutinio europeo.
«Los parches no valen», resume la APJI en un comunicado emitido horas después del pronunciamiento de Luxemburgo.
Casi un millar de profesionales, el 20% de la judicatura
La judicatura interina no es una categoría residual. Son casi un millar, según la Asociación. Cubren vacantes estructurales y sostienen juzgados que, sin ellos, sencillamente no funcionarían.
«Lo hacen, llevan haciéndolo en muchos casos durante décadas, sin antigüedad reconocida, sin trienios, sin alta continuada en la Seguridad Social y «sin retribución en los periodos de disponibilidad a los que estamos obligados», denuncia APJI.
El perfil del colectivo tiene un componente adicional que la asociación pone deliberadamente sobre la mesa. «El 80% de nosotras somos mujeres, muchas mayores de 50 años, con entre 10 y 35 años de servicio», señala el comunicado.
Profesionales que llevan «décadas contribuyendo al sostenimiento de la justicia española en condiciones de precariedad que ya han sido calificadas de abusivas por el propio TJUE en resoluciones anteriores».
Lo que dice la sentencia, y lo que no dice el Gobierno
La APJI sitúa la sentencia del asunto Obadal como la confirmación jurisprudencial de lo que el colectivo viene denunciando ante instancias nacionales y europeas desde hace años.
Según la interpretación de la asociación, el fallo obliga a convertir en fijos los nombramientos que hayan resultado abusivos e invalida las soluciones actualmente en tramitación —incluido el Proyecto de Ley Orgánica en curso— «que no reconocen nuestro mérito acumulado ni nuestros derechos laborales básicos».
Además, «abre la puerta a reconocer la antigüedad completa, los trienios, el alta continuada en la Seguridad Social y la retribución digna durante toda la relación laboral. Y exige la revisión urgente del modelo de cobertura de plazas judiciales».
La asociación es tajante. «El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha venido a ‘matizar’ el problema, sino a confirmarlo con rotundidad», afirma el texto.
Y extrae una consecuencia directa: «No estamos ante una cuestión interpretativa, sino ante un incumplimiento que exige una respuesta efectiva».
Negar esa realidad, advierte la APJI, «supone prolongar una situación que ya ha sido declarada contraria al Derecho europeo».
«Las soluciones cosméticas no son suficientes», subraya.
Un historial de negociaciones sin resultado
La cronología que describe APJI es la de una interlocución institucional sistemáticamente frustrada.
Reuniones con sucesivos ministros de Justicia, enmiendas parlamentarias, denuncias formales ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo Europeo.
En todos esos foros, el argumento ha sido siempre el mismo: «La estabilidad no debilita la justicia sino que la refuerza».
Ahora, con la sentencia en la mano, la APJI formula tres peticiones concretas al Ejecutivo: un proceso de estabilización restringido al colectivo que ha sufrido el abuso —jueces sustitutos y magistrados suplentes, sin abrir la convocatoria a terceros—; el reconocimiento íntegro de los servicios prestados durante décadas; y la garantía de derechos laborales en condiciones de igualdad con el resto de la carrera judicial.
La asociación dice tender la mano. Lo que ya no acepta, en sus propias palabras, son «más promesas vacías ni más demoras».
«Hoy Europa ha hablado», concluye el comunicado. «Ahora toca que España actúe».
