Maria Eugènia Alegret, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha rectificado y ha aceptado incorporar como prueba las informaciones de prensa sobre el pleno que votó la hoja de ruta independentista, como pedía la Fiscalía.
Alegret ha estimado el recurso que la semana pasada presentó la Fiscalía contra su decisión de no incluir en el proceso penal las noticias relacionadas con el pleno que los periódicos publicaron los días previos y posteriores a la votación del pasado mes de julio.
Con esas informaciones, la Fiscalía Superior de Cataluña pretende demostrar que la intención de introducir en el pleno el debate de la hoja de ruta independentista y promover así el «quebranto» de las resoluciones del Constitucional era «ciertamente previsible», según el escrito en que solicitaba esa documentación como prueba.
Forcadell está siendo investigada por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional, a raíz de una querella de la Fiscalía, que la acusa de permitir que el pleno votara, a propuesta de los grupos de JxS y la CUP, las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abrían la puerta a una vía unilateral a la independencia.
El recurso de la Fiscalía -de reforma y apelación, por lo que de haber sido desestimado por Maria Eugènia Alegret habría tenido que resolverlo la sala civil y penal del TSJC-, amenazaba con ralentizar un proceso penal que la magistrada instructora ha instruido con gran celeridad.
De hecho, tras tomar declaración a Forcadell como investigada el pasado 19 de diciembre, la magistrada Alegret urgió al Parlament a entregarle en un plazo máximo de dos días la documentación que solicitaron tanto la Fiscalía como la defensa en relación con la votación de la hoja de ruta independentista.
Una vez incorporada la documentación del Parlament -entre ellos los informes solicitados por la Fiscalía de otros precedentes en que la Mesa de la cámara catalana limitó la votación de iniciativas independentistas-, la causa podría entrar en su recta final, si ni el ministerio público ni la defensa plantean nuevas diligencias.
