Para el Consello da Avogacia Galega (CAG), organización colegial que agrupa a los Colegios de Abogados de esa Comunidad Autónoma -Coruña, Ourense, Lugo, Pontevedra, Santiago, Vigo y Ferrol-, la respuesta es rotunda: sí, lo hizo.
Con la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo de permitir la entrada de los efectivos de Vigilancia Aduanera en el despacho, que el letrado Carlos Seoane Domínguez tiene en la sede que el bufete Caamaño, Concheiro & Seoane -donde presta sus servicios- tiene en A Coruña, ha abierto la caja de los truenos.
El malestar y la crispación, por este asunto, entre los más de 4.000 abogados que ejercen en Galicia es generalizado.
Seoane es el abogado de José Ramón Barral, conocido como «Nené» Barral, exalcalde de Ribadumia, Pontevedra, quien está siendo investigado por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y contrabando en el marco de la llamada «Operación Cebra».
«El despacho de cualquier abogado es inviolable. El único supuesto en el que se podría entrar de esa manera es si el investigado es el propio abogado. No sería en el ejercicio de esa función sino como supuesto autor de un delito», explica a Confilegal Evaristo Nogueira Pol, presidente del CAG y decano del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela.
Tanto en un caso como en el otro, el abogado tiene derecho a que esté presente el decano del Colegio de Abogados o algún miembro de la Junta de Gobierno para asegurarse de que durante el registro consiguiente no se llevan documentación de terceras personas ajenas a la investigación en curso.
«Pero es que el letrado no está imputado -o investigado- en ese caso», precisa Nogueira Pol.
La magistrada Pilar de Lara, según el presidente del CAG, tenía que haber ordenado en su mandamiento judicial que el registro se llevara a cabo «de acuerdo con los requisitos establecidos».
Vigilancia Aduanera y el letrado de la Administración de Justicia, al parecer, no advirtieron al letrado Seoane Domínguez -en estado de shock por la sorpresiva aparición de los agentes- de que podía hacer uso de ese derecho durante las horas que duró la intervención, que tuvo lugar el pasado 6 de octubre.
Queja ante el CGPJ y ante la Fiscalía General del Estado
«Vigilancia Aduanera se llevó la información que el abogado tenía en el despacho. Los discos duros de sus ordenadores, todos los archivos, incluso los de índole personal, así como los correos con otros abogados y funcionarios. Y su teléfono móvil. Sin discriminar nada. Eso supone una vulneración del secreto profesional y del derecho de defensa, contemplado en el artículo 24 de la Constitución, claro», añade Nogueira Pol.
«Lo que han hecho supone cargarse un pilar fundamental de nuestro estado de derecho. Esto no es Venezuela. Aquí no vale todo. Si hay que perseguir el delito se hace, pero dentro de los límites de la legalidad. Los hechos son muy graves y peligrosos», agrega el máximo representante de los abogados gallegos.
El letrado Seoane Domínguez pidió amparo a su Colegio, el de A Coruña. Éste, a su vez, recabó el apoyo del CAG, que se lo prestó sin ambages.
En un moderno Fuenteovejuna.
Como consecuencia, el decano de A Coruña, Augusto José Pérez-Cepeda Vila, secundado por la Junta que preside, presentó recientemente una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la jueza de Lara. Y pusieron los hechos en conocimiento tanto del fiscal general del Estado como del fiscal superior de Galicia por si la magistrada pudiera haber incurrido en algún «ilícito penal».
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) está al tanto de lo sucedido, según Nogueira Pol. El propio presidente del CAG es adjunto a la Presidencia, que ostenta Victoria Ortega, con la que se reunirá próximamente para abordar el asunto.
La juez de Lara es famosa por las macrocausas que instruye, como la de la Pokemon, Vendex, Pulpo, Garañón, Carioca o Campeón. También por la larga duración de todas ellas.
