El pasado 20 de enero el Tribunal Supremo abrió juicio oral contra el líder del Partido Demócrata de Catalunya (PdCAT) en el Congreso de los Diputados Francesc Homs, por los delitos de prevaricación y desobediencia. Delitos que supuestamente habría cometido en la organización de la consulta soberanía del 9N, en 2014, cuando era conseller de Presidencia de la Generalitat.
A la vista de aquello, Homs ha decidido aplicar la vieja estrategia de que la mejor defensa es un ataque y ha presentado hoy, en la Fiscalía, una denuncia contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por los mismos delitos: desobediencia y prevaricación. Una denuncia en la que incluye también al exministro de Sanidad Alfonso Alonso y de la exsecretaria de Estado de Servicios Sociales Susana Camarero por incumplir sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que reconocen la competencia del Govern en repartir subvenciones a las ONG con lo recaudado por el 0,7 por ciento del IRPF.
De esta forma repite el esquema del proceso contra Artur Mas, expresident de la Generalitat, la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau, y la exvicepresidenta, Joana Ortega, que van a ser también juzgados próximamente por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por esos mismos delitos, desobediencia y prevaricación, por organizar la misma consulta del 9N.
Homs, con esta denuncia, trata de poner a Rajoy, Alonso y Camarero a la misma altura que Mas, Rigau, Ortega y él mismo.
Y también poner en evidencia a la Fiscalía, ante sus seguidores, para poder acusarla de aplicar una «diferente vara de medir» en el caso del presidente del Gobierno y los dos exministros.
«Si la Fiscalía considera que lo que hicimos el 9N o lo que ha hecho la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, son motivo de presentación de querellas por delitos de desobediencia o prevaricación por desobedecer al TC, hay quien se ha pasado tres pueblos», ha sostenido en rueda de prensa.
Según Homs, la decisión de recurrir al fiscal se ampara en las «propias argumentaciones» de la Fiscalía respecto a casos que afectan a políticos y autoridades catalanes basándose en resoluciones del TC.
Ha presentado el escrito después de que el TC fallara el 19 de enero en favor de la Generalitat en el conflicto de competencias que presentó contra el Gobierno central por una resolución de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales de mayo de 2016, que convocaba subvenciones para programas de interés general a cargo de 0,7 por ciento del IRPF.
Según se recoge, el fallo constataba que la resolución impugnada invadía competencias asistenciales de la Generalitat, y el Govern considera que el Ejecutivo central reiteradamente «trata de eludir la doctrina del TC y sus sentencias en este ámbito con subterfugios y maniobras legislativas, aprobando por ejemplo nuevos marcos normativos» para intentar justificar su capacidad de dar estas subvenciones.
«Llevan 10 sentencias consecutivas buscando subterfugios jurídicos para ejercer unas competencias que no tienen. Ahora tendrán la prueba del algodón para si nos persiguen por ideas políticas o basándose en el derecho», ha avisado Homs.
Ha llamado a la Fiscalía a actuar con los mismos criterios que ha utilizado para ir contra el expresidente Artur Mas, las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega, la presidenta del Parlament y él mismo: «Si hay motivo para encausarnos, más motivo habrá cuando un gobierno, diez veces consecutivas, no ha cumplido con el TC».
Para Homs, no es una decisión menor ni les gusta llegar a este punto, pero «si la Fiscalía y el poder judicial español actúan igual ante todo el mundo, deberían hacerlo también en consecuencia en este caso».
«Son ellos los que se han empeñado en judicializar la política, y nosotros tenemos derecho a defendernos y a girar los argumentos en su contra», y asegura que el Gobierno central ha incumplido 70 sentencias del TC desde 1992.
Pese a todo, y a una semana del juicio a Mas, Ortega y Rigau, Homs está convencido de que saldrán adelante, y ha lamentado que el sistema judicial español ocupe el puesto 97 en el ranking mundial de independencia del poder judicial, después de Bolivia y Tanzania. CONFILEGAL/EP.
