El decano de Melilla presidirá la Nueva Ejecutiva del Colegio de Abogados Penal Internacional

El nuevo Consejo Ejecutivo del Colegio de Abogados Penal Internacional (BPI-ICB-CAPI) ha sido elegido en su 8ª Asamblea General Mundial que se ha llevado a cabo los días 3 y 4 de febrero en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. La Organización mundial estará presidida por el español Blas Jesús Imbroda, decano del Colegio de Abogados de Melilla y representante del Consejo General de la Abogacía española, que releva a los copresidentes David Levy de Francia y Roxanne Helme de Canadá.

La secretaria general será Erika Torregrossa, de origen colombiano, jurista y vicepresidenta de la Comisión de Justicia Penal internacional del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) que sustituye a Philip Currat de Suiza. El resto del consejo está compuesto por 4 vicepresidentes: Samiha Belhak (Marruecos), Julie Goffin (Bélgica), Hossam Eldeeb (Egipto) y Joaquim Pelegrín (España) que renueva su mandato como consejero ejecutivo.

Según esta publicación pudo conocer, una de las primeras peticiones de este nuevo Comité Ejecutivo es que el español, junto con el inglés y francés que ya lo son, sea idioma oficial de la Corte Penal Internacional, de esta forma casos como los que se están investigando ahora en Colombia se pudiera utilizar el español a este respecto. Este nuevo Comité tendrá un mandato de dos años que culminará con la próxima Asamblea Mundial, aún pendiente de lugar de celebración.

En esta Asamblea Mundial se contó con la presencia de importantes personalidades del mundo del derecho penal internacional como la Presidenta de la Corte Penal Internacional de La Haya, la jurista argentina Silvia Fernández de Gurmendi y con la participación de un centenar abogados y abogadas que representan a más de 20 países, como Egipto, Holanda, Japón, Eritrea, Marruecos, República Democrática del Congo, Costa Rica, EEUU entre otros.

Para la nueva secretaria general, Erika Torregrossa, la única de origen suramericano en la Historia de esta organización, creada en el 2002 al tiempo de la Creación de la Corte internacional Penal de La Haya, el nuevo Consejo Ejecutivo del BPI, tiene dos grandes desafíos por delante para desarrollar los principios de la Justicia Penal Internacional.

“El primero es ampliar sus objetivos a nivel territorial y competencial en los países donde se producen sistemáticamente violaciones de los derechos humanos para crear una alerta internacional cuando se ataca a quien ejerce la defensa de los justiciables y el segundo objetivo es construir puentes entre los diferentes Tribunales de Justicia Penal Internacional del mundo”, indica nuestra interlocutora.

Barcelona, sede administrativa del Colegio de Abogados Penal Internacional

Torregrossa, jurista colombiana, vinculada a esta entidad desde el 2009, subraya la implicación de nuestro país en este Colegio Penal Internacional. “Es la cuarta vez que se ha celebrado este tipo de Asamblea en España, las otras tuvieron lugar en Barcelona. De hecho desde el 2009 la secretaria administrativa se trasladó de La Haya a Barcelona. Luis del Castillo, decano del ICAB fue el primer presidente español de esta entidad colegial internacional”.

A juicio de esta penalista aún hay mucho que hacer en lo relacionado con los crímenes contra la humanidad. Por desgracia, vivimos un momento en el que se producen crímenes de este tipo en cualquier frontera”. Desde su punto de vista los crímenes que más entiende la citada Corte Penal Internacional son los que se producen en el continente africano “especialmente en el Congo, uno de los países más investigados y sancionado desde la citada Corte Penal”.

En este tipo de prácticas nos subraya que “lo importante es que la justicia penal internacional tipifique estos crímenes como delitos contra la humanidad. Paso en el golpe de estado en Honduras contra Celaya, donde pese a los asesinatos de muchos opositores al Gobierno, la Corte Penal no llegó a tipificar esos crímenes como contra la humanidad tipo genocidio”. Este es uno de los países donde hay asesinatos masivos o detenciones ilegales “el propio trato a los refugiados es un atentando a los derechos humanos”, apunta.

En este contexto aún hay mucho por hacer “las cortes internacionales más antiguas son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Centroamericana de Justicia. Frente a estas, la Corte Penal Internacional a la que están adheridos 123 países es muy joven, solo tiene quince años. Curiosamente meses después de su puesta en marcha nuestro Colegio Penal Internacional se creó ese mismo año del 2002 con el objetivo de garantizar, entre otros temas, los juicios justos a todos los justiciables y la reparación a las víctimas”, señala Erika Torregrossa.

Otro tema que preocupa a este Colegio Penal Internacional es la defensa de los propios abogados penalistas, sujetos a secuestros, persecuciones y malos tratos en muchos países del mundo. “Lo comentaba en mi intervención en el Pleno que quién defiende a quién defiende, otro elemento que tuvimos muy en cuenta a la hora de crear esta institución”. De hecho ante determinados secuestros el propio Colegio realizó diferentes medidas de presión para que se liberaran a esos abogados privados de libertad.

La Justicia no tiene fronteras

Bajo el lema ‘La Justicia no tiene fronteras’, el BPI-ICB-CAPI (Barreau Pénal International-Criminal Bar-Colegio de Abogados Penal Internacional), inició su andadura en el año 2002. Reúne colegios de abogados nacionales y regionales y las más importantes asociaciones de abogados internacionales, así como abogados y abogadas individuales sumamente comprometidos en la promoción de una justicia penal internacional.

La 8ª Asamblea General Mundial ha constituido una gran oportunidad para debatir sobre Justicia Penal Internacional. La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Silvia Fernández de Gurmendi, en su intervención, puso en valor el papel de los abogados en la Corte Penal Internacional y destacó la labor del BPI-CAPI en favor del desarrollo de la Justicia Penal Internacional.

Por su parte, como ya informó nuestra publicación recientemente, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, afirmó que «el trato que reciben los inmigrantes en Europa es un crimen de lesa humanidad» y se comprometió a trabajar para que «algún día los responsables sean juzgados en la Corte Penal Internacional».