Ni el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ni la exvicepresidenta, Joana Ortega, ni la exconsejera de Educación, Irene Rigau, irán a prisión por la organización de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014, en el caso del que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCAT) los condene.
Son tres serán juzgados, a partir de mañana, por eso supuestos delitos de desobediencia grave y prevaricación, que llevan acarreados penas entre 9 y 10 años para el ejercicio de cargos públicos, tal como solicita el Ministerio Fiscal.
La acusación popular, ejercida por la Unión Federal de Policía y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), así como por Manos Limpias, piden tres años más de inhabilitación: 12 años.
Mas, Ortega y Rigau evitarán ir a la cárcel a la haberse retirado la acusación de malversación de caudales públicos, pena que conlleva cárcel.
Una condena por inhabilitación, que fuera ratificada después por el Tribunal Supremo, tendría, sin embargo, unos efectos devastadores para los planes personales de Artur Mas porque quedaría fuera del juego político al no poder ocupar cargos públicos de ningún tipo.
El tribunal
Los tres encausados serán juzgados por el tribunal de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCAT, compuesto por su presidente, Jesús María Barrientos -también ponente-, y los magistrados Carlos Ramos y Eduardo Rodríguez.
Ramos forma parte de la Sala Civil y Penal del TSJCAT, pero no Rodríguez, que procede de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo órgano judicial y que ha sido seleccionado después de que los otros magistrados de la primera sala tuvieran que ser descartados por estar contaminados, al haber conocido la causa durante su instrucción.
Mas, Ortega y Rigau fueron encausados por no hacer caso al Tribunal Constitucional, que cinco días antes ordenó paralizar la consulta del 9N.
Los acusados defienden que dejaron el proceso participativo en manos de los voluntarios pero la Fiscalía considera que siguieron con su organización.
Los fiscales que han firmado las diligencias hasta la fecha –tras ordenar la Fiscalía General del Estado presentar la querella– han sido el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada; el fiscal Francisco Bañeres y el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, que previsiblemente se encargará de los interrogatorios.
El letrado Xavier Melero defenderá a Mas, Rafael Entrena a Ortega y Jordi Pina a Rigau.
La acusación popular estará bajo la dirección del SPP, por ser la primera organización que presentó la querella.
«Escraches» a la Justicia
Las asociaciones de jueces, Asociación Profesional de la Magistratura (APM) como la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) han advertido contra los «escraches» al tribunal del caso. «Escarches» que se materializarán mañana en una manifestación de apoyo a los encausados ante el Palau de Justicia del Paseo Lluis Companys de Barcelona, donde la Audiencia Provincial y el TSJCAT comparten sede.
Previamente, Mas, Ortega y Rigau serán recibidos por el presidente, Carles Puigdemont, en el Palau de la Generalitat. Luego acompañará a los tres, junto con los componentes del gobierno catalán y un gran número de alcaldes, al Palau de Justicia. CON INFORMACIÓN DE EP.
