El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado esta mañana que invertir en programas de cumplimiento normativo «no es un gasto, es una inversión y perece la pena«, así lo expresado en un desayuno sobre el cumplimiento normativo en las empresas organizado por el despacho DJV Abogados.
«Hay que crear una cultura de cumplimiento normativo, crear unos sistemas que garanticen que en España los operadores económicos, los operadores jurídicos, la sociedad civil actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho, eso redunda en la confianza. Y eso redunda también en la seguridad jurídica y redunda en el crecimiento económico y en la actividad».
A preguntas de los asistentes sobre la cultura del ‘compliance’ y si está previsto algún tipo de ayuda o subvención por parte de la Administración para la implementación de estos programas, el ministro ha subrayado que «el modelo de ‘compliance’ y la obligación planteada por el Código Penal es de aplicación general, no excluye a ningún tipo de organización«.
Y ha subrayado que «no le corresponde al Gobierno, en una sociedad abierta, la de subvencionar programas de organización interna de las empresa o instituciones«. El ministro ha señalado que «eso está dentro del ámbito de la responsabilidad social corporativa de cada una de las compañías y, por lo tanto, la decisión de asignar más o menos recursos a estas funciones, sin duda corresponderá a los órganos de gobierno de las instituciones«.
Y ha concluido asegurando que «la inversión en seguridad jurídica tiene retornos y fortalece a los operadores de un colegio profesional, que una compañía a sus inversores, a sus clientes y a sus asociados que es fuerte internamente tiene un gran valor». «En mi opinión no es un gasto, es una inversión y perece la pena».
CARGOS DE LA FISCALÍA
Pocos minutos antes, el ministro Catalá respondía ante los medios al fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, tras conocerse que será relevado en su cargo, que si sufrió intimidaciones y desprotección en el ejercicio de su trabajo contra los casos de corrupción que investigaba debería haberlo puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que velara por la protección de sus derechos.
En este mismo sentido, el ministro ha insistido en que no se dé una imagen «tan negativa» de la treintena de relevos que se van a dar en la cúpula fiscal en las próximas fechas y que se conocieron anoche tras la reunión del Consejo Fiscal sobre este asunto, ya que a su juicio, «no es razonable» decir que los cambios son «impropios» del Ministerio Público.
«Todavía no conozco la propuesta de nombramientos pero estoy seguro que las personas que hayan podido ser propuestas para sustituir a las que hasta ahora ejercían sus funciones son todos ellos fiscales de absoluta cualificación, de absoluta capacidad y que desempeñan sus funciones con total profesionalidad», ha dicho el ministro.
Además, también ha querido subrayar que no se van a producir tantos cambios en la Fiscalía, como ya adelantaba Confilegal, «Hay un número de cambios muy reducido en términos cuantitativos, por lo tanto me parece que dar esa imagen no corresponde cuantitativamente con la realidad, Hay un grandísimo número que continúa con sus responsabilidades», ha respondido el ministro.
Entre los cambios propuestos destaca la designación del fiscal del Tribunal Supremo Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción –cuya jefatura está vacante desde que Antonio Salinas se jubiló el pasado mes de octubre–, y la propuesta de Jesús Alonso para fiscal jefe de la Audiencia Nacional, lo que supone el relevo del actual responsable, Javier Zaragoza, que llevaba en el cargo dos mandatos.
