No se puede decir que los cambios propuestos por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza -y que tendrá que refrendar el Gobierno- hayan sido profundos. Se pueden cuantificar matemáticamente: sólo un 17,1 por ciento de los 35 nombramientos que estaban en liza.
Si los dividimos por categorías, de los 11 puestos de fiscales de Sala, Maza ha sustituido nada más que a dos, lo que supone un 18,1 por ciento.
Ha salido del terreno de juego, por una parte, Javier Zaragoza, como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, y ha entrado Jesús Alonso Cristóbal, que es teniente fiscal de esa Fiscalía desde abril de 2013, y portavoz de la Asociación de Fiscales, conservadora.
Y lo mismo ha sucedido con José Luis Bueren, fiscal de Sala jefe de la Unidad de Apoyo -organismo que se creó en 2005 para facilitar la logística en diferentes materias a la Fiscalía- que sirvió lealmente a Cándido Conde Pumpido, Eduardo Torres Dulce y Consuelo Madrigal, antecesores de Maza en el puesto, quien ha sido sustituido por Francisco Moreno Carrasco.
Ambos relevos, junto con los de Manuel López Bernal, el fiscal jefe de Murcia que solicitó la imputación del presidente autonómico de esa Región, Pedro Antonio Sánchez, quien será previsiblemente sustituido por uno de sus hombres de confianza, el propuesto José Luis Díaz Manzaneda, y el del fiscal superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro, a quien relevará María Jesús Cuartero Iturralde, han sido lo más relevante y llamativo de los cambios propugnados.
Cuatro, en un total, de 35.
Esto también ha sido lo más criticado por la Unión Progresista de Fiscales que ve en ello «un claro retroceso en la pretendida autonomía» del Ministerio Fiscal porque su designación solo puede explicarse «desde un interés eminentemente político e ideológico».
En las categorías de fiscales superiores y tenientes fiscales se han producido 3 cambios de 11, un 27,2 por ciento. Y de la inferior, la de fiscales jefes y otros, en los que había 13 puestos en liza, el cambio se reduce a 1, el del fiscal jefe de Girona.
O lo que es lo mismo, un 7,6 por ciento de esos 13 puestos.
La Audiencia Nacional
Para dirigir la Fiscalía de la Audiencia Nacional no aspiraba ninguna mujer. Además de Jesús Alonso, actual portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), pidieron la plaza el todavía fiscal jefe Javier Zaragoza, que aspiraba a un tercer mandato.
También se presentaba el fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, quien ejerció en la Audiencia hace más de una década.
Igualmente, pidieron la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional el número dos en la fiscalía del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda y el fiscal del Tribunal Supremo y miembro destacado de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, Salvador Viada.
La Orden publicada en el BOE establece diferentes años de experiencia para presentarse a los diferentes puestos vacantes, que van desde los veinte años para los fiscales de Sala y las jefaturas de las fiscalías especiales, pasando por los 15 años de experiencia para los fiscales jefe en comunidades autónomas hasta los 10 años que se exigen para ser fiscal jefe provincial.
La Fiscalía Anticorrupción
El nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, tiene 58 años. Ingresó en la carrera fiscal hace 31 años. Era el fiscal superior de Madrid cuando este departamento presentó la querella por la que se inició la causa por el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. Poco después fue destinado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Por otro lado, la Fiscalía de Madrid, durante la etapa de Moix como jefe, tuvo un papel relevante en la causa contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que se vio inmersa en un proceso judicial por un incidente de tráfico que tuvo con unos agentes de movilidad, en el que presuntamente se dio a la fuga mientras estaba siendo multada por aparcar ene un carril bus.
El Ministerio Público mantuvo en todo momento que este hecho se trataba de una falta y no de un delito.
Además, Moix fue el fiscal que llevo a juicio y consiguió la condena de 17 años de inhabilitación del juez Elpidio José Silva, por enviar a prisión en dos ocasiones al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, dentro de la investigación por la compra que realizó la entidad financiera cuando estaba al mando de éste del City National Bank of Florida en 2008. CON INFORMACIÓN DE EUROPA PRESS.
