La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) no está en contra de la implantación del voto telemático en las próximas elecciones de noviembre a las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y los 17 Tribunales Superiores de Justicia, donde ahora es mayoritaria.
Sin embargo, considera que no existe base legal que lo pueda permitir, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en su actual redacción solo reconoce el voto presencial y por correo.
«La introducción del voto telemático es positiva y desde esta valoración favorable debemos destacar también que hoy, desafortunadamente, no existe cobertura legal para esa innovación en la forma de emitir el sufragio pues la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el voto es presencial y por correo, pero no se refiere, en modo alguno, al voto telemático; por tanto, sometidos como estamos a principio de legalidad, entendemos que con la redacción actual del artículo 151.1.1ª no es posible legalmente», dice la Ejecutiva de la APM, mayoritaria en la carrera judicial, en un comunicado hech público hoy.
Una opinión que, recuerda, «coincide con el informe emitido por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que, como todos sabemos, está conformada por Magistrados de las distintas asociaciones judiciales y no asociados».
La APM ha contestado así al escrito que las otras tres asociaciones de jueces (la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) han dirigido hoy al Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el próximo 25 de abril va a abordar este asunto.
Las tres asociaciones rebaten el argumento de la APM y afirman que la LOPJ no excluye el voto telemático y, segundo, que ya existen precedentes de adaptación de las modalidades de voto sin necesidad de reformas legales.
Las tres asociaciones de jueces firmantes sostienen que el voto telemático no solo garantizaría un proceso electoral más transparente y democrático, sino que también facilitaría la participación de un mayor número de miembros de la carrera judicial, superando los obstáculos geográficos y laborales que limitan la votación presencial o por correo.
