El Ministerio de Justicia lleva meses presumiendo de ampliar oposiciones y plazas de cuarto turno. Tres de las cuatro asociaciones judiciales —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces y Juezas Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI)— le ponen ahora un pero de fondo: esas nuevas incorporaciones no llegarán a tiempo para compensar lo que se ha perdido a partir de hoy, 1 de julio.
Este día dejan de tener efecto las comisiones de servicio que durante años reforzaron determinados juzgados civiles, en particular los especializados en condiciones generales de la contratación en préstamos con garantía hipotecaria. En Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana.
El Ministerio comunicó la decisión sin aviso previo, según denuncian las tres asociaciones en un comunicado interasociativo, rompiendo una dinámica de renovación que se venía aplicando de forma periódica en numerosos partidos judiciales.
Oposiciones sí, pero no antes de un año
El argumento central del texto interasociativo apunta directamente a los tiempos. Reconocen que el Ministerio ha anunciado la creación de nuevas plazas judiciales y ha ofertado más plazas que en convocatorias anteriores, tanto en oposición libre como en cuarto turno.
El problema, subrayan, es el desfase temporal: entre que se convoca una plaza y el juez o jueza toma posesión pasan, como poco, varios meses; en muchos casos, años.
Mientras tanto, los juzgados que pierden el refuerzo empiezan a acumular expedientes desde el primer día de julio. Las asociaciones firmantes lo resumen sin matices: las nuevas incorporaciones «no podrán servir para paliar esta situación».
Tampoco depositan esperanzas en la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del servicio público de justicia.
Casi año y medio después de su entrada en vigor, señalan que sus principales instrumentos —los MASC, el nuevo régimen de costas, la regulación del abuso del servicio público de justicia— no han demostrado un efecto apreciable que permita compensar la retirada de los refuerzos.
Una pendencia ya «insoportable» antes del recorte
El comunicado recuerda que los órganos afectados arrastraban, incluso antes de esta decisión, uno de los niveles de pendencia más altos desde que se implantó la especialización en la materia.
A su juicio, no existe ninguna razón técnica que justifique ahora suprimir el refuerzo: solo caben motivos presupuestarios.
Las consecuencias, advierten, se repartirán en varios frentes.
Los ciudadanos con litigios urgentes —cláusulas hipotecarias abusivas, desahucios, víctimas de imprudencias médicas— verán alargarse los plazos de respuesta.
Los jueces que disfrutaban de la comisión pierden una fórmula que facilitaba trabajar en la capital de provincia y conciliar con la vida familiar.
Y los titulares civiles del partido judicial, con o sin especialización, afrontarán desde julio un incremento de carga que las asociaciones califican de difícil de asumir, con el consiguiente riesgo para su salud laboral.
Autorregulación mientras llegan las plazas
Ante ese desfase entre plazas convocadas y plazas cubiertas, las tres asociaciones piden a los jueces que adopten medidas de autorregulación y limitación de señalamientos, de forma individual o mediante acuerdos de junta, para proteger su salud laboral hasta que las nuevas incorporaciones se hagan efectivas.
El comunicado cierra con una petición directa al Ministerio: que reconsidere la retirada de los refuerzos y mantenga las comisiones de servicio con los mismos criterios aplicados en los últimos años, en tanto las plazas convocadas no se traduzcan en jueces trabajando en los juzgados.
