El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes «ha recordado» al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ya contempla herramientas procesales para resolver la litigación masiva sin necesidad de nuevo gasto público.
El mensaje se produce en plena tensión presupuestaria entre ambas instituciones por el convenio que financia los refuerzos de los órganos judiciales, cuyo techo económico, según el Ministerio, el Consejo ha superado ampliamente en sus solicitudes.
El Ministerio y el CGPJ tienen suscrito un convenio que regula la autorización de refuerzos de órganos judiciales, dotado con casi 7,2 millones de euros (7.179.842,18 €).
Desde marzo está pendiente la firma, por parte del CGPJ, de un nuevo convenio por valor de 8 millones de euros que actualizaría ese marco de colaboración.
232 refuerzos autorizados y 64 denegados
En lo que va de 2026, el Ministerio ha autorizado 232 medidas de refuerzo por un importe de casi 7,9 millones de euros, es decir, por encima de lo que contempla el convenio vigente. Al mismo tiempo, ha denegado 64 solicitudes.
El volumen de denegaciones, dice el Ministerio, responde a que el CGPJ ha excedido sobradamente el límite presupuestario del convenio en sus peticiones: el conjunto de todas las medidas solicitadas asciende a casi 12 millones de euros (11.961.915,76 €), casi 4 millones por encima del techo fijado.
Esa brecha entre lo pedido y lo presupuestado es la que explica que buena parte de las solicitudes no haya obtenido luz verde.
La litigación masiva, en el centro del gasto
Buena parte de las medidas de refuerzo tienen que ver con asuntos de litigación masiva, como las reclamaciones por cláusulas suelo o las derivadas del transporte aéreo.
Para este tipo de asuntos, explica el Ministerio, se han aprobado medidas por importe de 1.134.815,05 € en el primer semestre de 2026 y de 280.804,00 € en el segundo.
Sobre estos procedimientos, el Ministerio recuerda que la Ley de Eficiencia establece mecanismos para su resolución que deberían ser fomentados, como el pleito testigo, la extensión de efectos y el concepto de abuso de derecho.
El Ministerio «muestra su preocupación» por el hecho de que el CGPJ no recuerde la existencia de estas herramientas legales, aprobadas precisamente para agilizar este tipo de procedimientos sin coste para la Hacienda Pública.
La macroconvocatoria, llamada a acabar con el refuerzo estructural
Además, la Ley de Eficiencia está permitiendo la creación récord de plazas judiciales y la convocatoria de nuevas plazas de jueces y fiscales, mediante una macroconvocatoria de 375 plazas judiciales, 200 de fiscales y 125 de magistrados por el denominado cuarto turno.
Por lo que confía en que la necesidad de solicitar y autorizar refuerzos deje de ser un elemento estructural del sistema, ya que los órganos judiciales contarán con más personal y los jueces y magistrados dispondrán de más instrumentos para abordar los asuntos de litigación masiva.
