La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) reclama al Gobierno y a las Comunidades Autónomas la retirada inmediata de la nueva señalética –o cartelería–que ha sido instalada en las fachadas de los Tribunales o futuros Tribunales de Instancia, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional con motivo de la implantación de los Tribunales de Instancia.
Según un comunicado hecho público hoy, la entrada en vigor de este nuevo modelo ha propiciado “un cambio en la señalética de los Tribunales por parte del Gobierno y de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia transferidas, que se ha aprovechado para incorporar los logos del Gobierno o de las respectivas Comunidades Autónomas a la cartelería”.
La APM sostiene que estos elementos visuales proyectan ante la ciudadanía una imagen errónea del estatuto constitucional del Poder Judicial, transmitiendo una imagen errónea de dependencia del Poder Político.
Escenifican “la visión de dependencia que el Gobierno y las Comunidades Autónomas tienen del Poder Judicial, incorporando sus logos a las fachadas de las sedes judiciales para remarcar su pertenencia, devaluando la apariencia de independencia de los Tribunales”, dice en dicho comunicado.
«El Poder Judicial es único en todo el Estado y ejerce sus funciones con independencia del poder ejecutivo. La falta de autonomía presupuestaria del Consejo General del Poder Judicial conlleva que el servicio de Justicia dependa en recursos materiales y personales del Gobierno y de las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias», aclara la APM.
«Se lastra la imagen de independencia cuando se incorporan logos de clara referencia al ejecutivo como el relativo al Gobierno de España en las Comunidades Autónomas sin competencia en materia de justicia transferida, utilizando, y no creemos que sea de modo ingenuo, el mismo modelo de señalética que el previsto para los organismos dependientes del ejecutivo, sobre el fondo blanco, asimilando los Tribunales a la administración periférica o a los organismos autónomos dependientes», dice esta asociación.
«Se lastra la unidad jurisdiccional del poder judicial cuando en cada parte del territorio español las sedes judiciales han de exhibir el logo de cada Comunidad Autónoma, e incluso, en algunos casos, también con referencia a su ejecutivo, la expresión de Gobierno de la Comunidad Autónoma referida», añade.
La asociación denuncia, además, que la señalética ha sido impuesta “sin previa consulta a los órganos de gobierno de los Tribunales” y alerta de que la introducción de marcas autonómicas deteriora la percepción de unidad jurisdiccional.
La APM lamenta, en definitiva, “el olvido así escenificado del principio de independencia y unidad jurisdiccional en todo el territorio español proclamado en el artículo 117 de la Constitución Española” e insta a las administraciones competentes a la “retirada inmediata de dicha señalética de las sedes judiciales”.
Esta asociación de jueces sale así al paso de las denuncias hechas por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y del decano de los juzgados de Ponferrada, León, en las que exigen la retirada de la nueva cartelería instalada por el Gobierno en el que, antes de cada órgano judicial pone «Gobierno de España» con fondo amarillo, induciendo a una percepción errónea de la ciudadanía.
«El Poder Judicial es único en todo el Estado y ejerce sus funciones con independencia del poder ejecutivo. La falta de autonomía presupuestaria del Consejo General del Poder Judicial conlleva que el servicio de Justicia dependa en recursos materiales y personales del Gobierno y de las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias», aclara la APM.
