La independencia judicial no puede ser una convicción cuando juzga al adversario y una sospecha cuando alcanza al poder.
Hay muchas formas de erosionar el Estado de Derecho. Una de las más peligrosas consiste en respetar a los jueces únicamente cuando sus resoluciones coinciden con nuestros intereses.
La sentencia que condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, constituye una prueba de madurez institucional. No porque sea una resolución definitiva, que no lo es, sino porque obliga a medir la calidad democrática de la reacción frente a ella.
David Sánchez no ha sido condenado por ser hermano de Pedro Sánchez. Pero tampoco podía quedar al margen de una investigación, de un juicio o, en su caso, de una condena por esa misma circunstancia. La igualdad ante la ley significa exactamente eso: ni privilegios ni inmunidades por razón del apellido.
Un tribunal, tras un juicio oral celebrado con todas las garantías, ha dictado una sentencia condenatoria. Será recurrida y un tribunal superior decidirá si debe confirmarla, modificarla o revocarla. Así funciona el Estado de Derecho.
Lo que no forma parte de esa normalidad democrática es desacreditar a la Justicia cuando sus decisiones afectan al poder.
Las reacciones de algunos responsables políticos no se han limitado a expresar su discrepancia jurídica o su confianza en una futura revocación.
Se ha vuelto a hablar de «cacería», de intentos de «desestabilizar» al Gobierno y, una vez más, del lawfare. El problema ya no consiste en sostener que un tribunal se ha equivocado. El problema aparece cuando se afirma, sin pruebas, que ha actuado movido por razones políticas.
La diferencia es esencial.
Las sentencias se recurren.
Las conspiraciones se prueban.
El lawfare existe como concepto y puede describir supuestos excepcionales de utilización espuria del Derecho con fines políticos. Pero convertir cualquier procedimiento judicial incómodo en la prueba de una supuesta guerra jurídica supone trasladar a la ciudadanía un mensaje profundamente corrosivo: que los jueces ya no aplican el Derecho, sino que actúan como instrumentos de una estrategia política.
Acusar de ello a un tribunal exige pruebas. No basta una consigna.
Porque la crítica jurídica de las resoluciones judiciales es también una expresión del Estado de Derecho. Se puede discrepar de la valoración de la prueba, del juicio de inferencia o de la interpretación de la ley. Para eso existen los recursos.
Lo que resulta incompatible con una democracia constitucional es convertir cada resolución desfavorable en un ataque contra la legitimidad de quienes la dictan.
Y aquí surge una pregunta inevitable.
¿Cuántos jueces y magistrados tienen que intervenir en los procedimientos que afectan al entorno del presidente del Gobierno para que deje de resultar verosímil la tesis de una conspiración judicial?
No estamos hablando de un único juez.
Ni de un único tribunal.
Han intervenido decenas de jueces y magistrados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos: Juzgados de Instrucción, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Procedimientos distintos. Instancias distintas.
Para sostener seriamente la existencia de una operación coordinada de lawfare habría que aceptar que decenas de jueces y magistrados pertenecientes a órganos diferentes, sometidos además al control de sucesivos recursos, participan en una misma estrategia política.
No parece una hipótesis jurídica.
Parece una teoría conspirativa.
Y las teorías conspirativas nunca han sido un buen fundamento para desacreditar un Estado de Derecho.
Quizá la explicación sea bastante más sencilla.
Quizá existan investigaciones.
Pruebas.
Procesamientos.
Juicios.
Absoluciones.
Y también condenas.
Eso se llama Justicia.
Aunque incomode.
Un serio peligro: convertir cada sentencia incómoda en sospecha contra los jueces
Lo verdaderamente preocupante no es discrepar de una sentencia. Es convertir cada sentencia incómoda en una sospecha contra quienes la dictan.
La confianza en los tribunales no puede depender de la identidad del investigado ni de las consecuencias políticas de una resolución.
La sentencia dictada contra David Sánchez posee precisamente esa trascendencia institucional. No por el parentesco del condenado, sino porque demuestra que ningún vínculo familiar con el poder puede convertirse en un espacio de inmunidad frente a la actuación de los tribunales.
La resolución no es firme y será revisada, si así se insta, por un tribunal superior. Ese es el mecanismo previsto por la ley. La respuesta democrática consiste en recurrir, argumentar y convencer jurídicamente al órgano de apelación.
Naturalmente, los jueces pueden equivocarse e incluso incurrir en responsabilidad disciplinaria o penal. Precisamente por eso existen los recursos, el sistema de revisión y los mecanismos de control previstos por la ley. Lo que no puede hacerse es convertir ese riesgo abstracto en una presunción general de deslegitimación de toda resolución incómoda.
Lo que es inadmisible es desacreditar de antemano la independencia de quienes han juzgado.
Porque el mensaje que termina trasladándose a la sociedad resulta devastador.
Si la sentencia favorece al poder, funciona el Estado de Derecho.
Si le perjudica, es lawfare.
Ese doble rasero acaba destruyendo la confianza en las instituciones. Primero en los tribunales. Después, inevitablemente, en quienes gobiernan.
La confianza en los tribunales no puede depender de la identidad del investigado ni del coste político de una resolución.
Esa es la esencia de un Estado de Derecho.
Los jueces no están para proteger al Gobierno.
Tampoco para combatirlo.
Están para aplicar la ley.
Y precisamente por eso su independencia se pone verdaderamente a prueba cuando sus decisiones afectan a quienes ocupan el poder o forman parte de su entorno.
Porque el verdadero problema nunca es que un tribunal condene al poder.
El verdadero problema comienza cuando el poder pretende condenar a los tribunales.
