La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detalla en un informe que bautiza como ‘Operación corcho‘ el reparto de fondos entre los siete hijos del que fuera presidente de la Generalitat Jordi Pujol, controlada por el mayor del clan, Jordi Pujol Ferrusola.
El informe, fechado el pasado mes de diciembre e incluido en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press, determina que Pujol Ferrusola realizó hasta en cuatro ocasiones en el periodo comprendido entre 1992 y el 2000 transferencias por idéntica cantidad a todos sus hermanos en sus cuentas de Andorra.
Los investigadores detectan una pauta que se inicia en diciembre del 92 cuando Oleguer, Oriol, Marta, Josep, Pere y Mireia recibieron en la misma fecha un envío de 2.670.000 pesetas. En el año 96 todo ellos ingresaron a través de varias transferencias un total de 10 millones de pesetas remitidos por el primogénito del clan en dos bloques de cinco millones y en el 97 cuatro más.
El origen de los fondos –determina la UDEF— es una cuenta que compartían Pujol Ferrusola y su mujer Mercé Gironés. Desde el depósito de salida se ordenaban seis transferencias al mismo tiempo y en la práctica totalidad de las transferencias de cuentas en la Banca Privada de Andorra en la que figura como titular o autorizado el mayor de los hermanos.
Los agentes plasman sus conclusiones en un cuadro en el que se aprecia que la hermana que más fondos recibió durante el periodo fue Mireia, que contó con disposiciones de entre 2 y 24,1 millones de pesetas. La siguen en ingresos Oleguer y Marta.
En otro informe de la UDEF anterior, de febrero de 2015, la Policía también se refiere al origen de los fondos que supuestamente se blanquearon y señala que si bien el patriarca dijo públicamente que todos se generaron como consecuencia de una herencia de su padre, según los registros de las autoridades andorranas se constataba que la herencia se atribuida a Marta Ferrusola, con lo que «existiría una disonancia obvia».
PAGO DE COMISIONES
En relación a las comisiones, el mismo informe recalca que los pagadores de las presuntas comisiones «siempre son sociedades adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña» y resta importancia a que en 2003 la Generalitat no estuviese ya en manos de CiU.
Para los investigadores, eso no óbice para que Pujol Ferrusola «haya utilizado unas redes tejidas durante muchos años en la administración tanto autonómica, provincial o municipal, así como en otros organismos de financiación pública».
En ese sentido, recalca que otros casos, como ‘Pretoria‘, demostraron ser transversales en cuanto al color político, e incluso añade una frase de un condenado por el ‘caso Palau‘: «Sin ánimo de resultar una afirmación insustancial e irreverente, traemos a colación las afirmaciones públicas de Félix Millet, que dijo que en Cataluña ‘había unas 400 personas que siempre se encontraban en todas partes, sean parientes o no'».
Alude también al ‘caso Palau’ para decir que en éste se demostró cómo una constructora, Ferrovial, pagó comisiones «en diferido», es decir, una vez obtenida ya la resolución favorable, y además «utilizando un circuito alternativo, instrumentalizando un organismo público».
También resta importancia a que Pujol Ferrusola nunca haya ostentado un cargo y, en ese sentido, recuerda que en Marbella «se han acreditado los manejos de una persona en la sombra», Juan Antonio Roca. (EP)
