La Audiencia Nacional ha dado por concluido este jueves el juicio más largo y mediáticamente intenso de la corrupción política catalana.
El caso Pujol —el presunto enriquecimiento ilícito de toda una familia que durante décadas gobernó Cataluña— ha quedado visto para sentencia después de más de seis meses de vista oral, más de un centenar de testigos y un desenlace jurídico que ya estaba, en parte, escrito de antemano: Jordi Pujol i Soley, el expresidente de la Generalitat, no será juzgado.
El tribunal lo exoneró por falta de capacidad cognitiva.
El fiscal Fernando Bermejo ha ratificado en la Audiencia Nacional sus conclusiones definitivas contra el clan Pujol tras casi seis meses de juicio, y las peticiones de pena son demoledoras.
La más grave recae sobre Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, a quien Anticorrupción señala como cabecilla de la organización y para quien pide 29 años de prisión por asociación ilícita, blanqueo de capitales, cinco delitos fiscales, falsificación de documentos mercantiles y alzamiento de bienes. Su exmujer, Mercè Gironès, afronta 17 años. El segundo hijo, Josep, 14.
Para los cinco hermanos restantes —Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer— Bermejo mantiene 8 años a cada uno por su participación en la asociación ilícita y el blanqueo. En total, los siete hijos del expresident suman 83 años de condena solicitada.
En cuanto a los empresarios, Anticorrupción pide 5 años de prisión para cada uno de los nueve que permanecen en el banquillo —Luis Delso (Isolux), Carles Sumarroca (EMTE), Josep Cornadó (Copisa), Alejandro Guerrero Kandler, Gustavo Buesa, Josep Mayola, Jorge Barrigón, Bernardo Domínguez y Francesc Robert Ribes— acusados de haber pagado comisiones al primogénito camufladas como servicios ficticios de intermediación. La reclamación económica al clan supera los 50 millones de euros.
El fiscal contra las defensas: «Quieren convertir esto en un ataque a Cataluña»
Durante su intervención final, en su informe, Bermejo no se limitó a repasar los hechos: acusó a las defensas de intentar transformar el proceso en un instrumento político, en «un ataque a Cataluña».
Y fue más allá. Contrapuso frontalmente el fraude fiscal que a su juicio está acreditado durante décadas con el mantra independentista del «España ens roba».
Un argumento que, intencionalmente o no, conecta el caso con el debate político más enconado de los últimos años.
Anticorrupción sostiene que los siete hijos del expresidente, junto a una expareja de Pujol Ferrusola y una decena de presuntos colaboradores, formaron una estructura criminal que se enriqueció sistemáticamente valiéndose de la influencia política familiar.
La defensa: «No hay nada probado. El dinero venía del abuelo»
Cristóbal Martell, abogado del hermano mayor de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, centró su informe final en una demolición sistemática de la acusación de la Fiscalía Anticorrupción.
Su tesis fue inequívoca desde el arranque: no hay «nada» probado. Tomó el eje vertebrador del escrito acusatorio —que el Gobierno de Pujol «tejió una red clientelar» para nutrir un patrimonio— lo elevó ante el tribunal y lo dejó caer en el vacío.
«Cuando una acusación comienza con un frontispicio tan ambicioso, uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada», afirmó.
La segunda línea de ataque fue el sarcasmo. Ante la tesis de los «negocios simulados», Martell no respondió con indignación sino con ironía quirúrgica: «Se va a afirmar que son negocios simulados. Eso sí, no se nos dice cuál es el negocio disimulado. El simulado sí, el disimulado no se conoce».
La crítica técnica era de fondo: sin negocio disimulado acreditado, el concepto jurídico de simulación pierde todo sustento y el edificio acusatorio se tambalea.
Sobre el origen del patrimonio familiar en Andorra, Martell respaldó la versión de su cliente —la deixa del abuelo Florenci— y la dotó de una dimensión humana. «No hay nada probado. El dinero venía del abuelo«, dijo Martell.
Apuntó a la psicología de un hombre mayor, en una España convulsa, que quería proteger a sus nietos ante la inestabilidad política y el historial carcelario de su hijo.
«No es extravagante», sostuvo. Es el argumento que la defensa quiere que el tribunal se lleve a la sala de deliberación: que lo que la Fiscalía presenta como opacidad sospechosa tiene, en realidad, la lógica elemental del miedo y la precaución.
La cronología de Anticorrupción no encaja
Jaime Campaner, abogado de Josep Pujol Ferrusola, hermano del anterior, pivotó su defensa sobre dos ejes: ausencia de prueba sólida del delito precedente necesario para sostener el blanqueo, y la inconsistencia cronológica de la tesis acusatoria.
Campaner declaró que las acusaciones «han hecho un juego de sinónimos» y que lo que han dejado sobre la mesa es «un enriquecimiento atípico pero ninguna prueba sólida» del delito de blanqueo de capitales.
Citó además una sentencia del Tribunal Supremo de 2024 que exige acreditar que el dinero blanqueado tiene origen ilegal, algo que a su juicio no se ha demostrado.
También reprochó al fiscal que «la cronología no lo acompaña» cuando atribuye el blanqueo a la corrupción vinculada a la «Barcelona preolímpica» de los años 90.
Y replicó al fiscal Bermejo con ironía cuando este contrapuso el discurso independentista del «Espanya ens roba» con el fraude fiscal de los Pujol: «La pela es la pela», señaló Campaner, en referencia a que su cliente era considerado un buen cliente por la banca andorrana, que ni siquiera le cobraba comisiones.
Casi todos los acusados renunciaron al uso de la última palabra. Un silencio elocuente al final de un proceso que ha durado más de seis meses. Ahora la palabra es del tribunal.
