El diputado de PDeCAT y exconseller de Presidencia Francesc Homs ha declarado hoy ante el Supremo, en el juicio contra él por el 9N, que el Govern hubo de elegir entre los derechos políticos de los ciudadanos y una providencia del Constitucional que no prohibía claramente el proceso participativo. No obstante, se ha escudado en la falta de claridad de la providencia para justificar sus decisiones al respecto.
A lo largo de toda su declaración, Homs ha insistido en que reconoce todos los hechos expresados en el escrito de la Fiscalía «y otros más» porque son «pura evidencia» y ha centrado sus esfuerzos en calificar de «poco clara y definida» la providencia del Tribunal Constitucional que suspendió también el denominado «proceso participativo» -el tribunal de garantías ya había prohibido inicialmente en septiembre la celebración de la consulta por la Gereralitat-. Ha subrayado, en todo caso, que el Gobierno autonómico nunca pretendió vulnerar la ley.
«La consulta no se podía suspender porque no se puede suspender aquello que no se hace», ha apuntado el exconseller. «Lo que hacíamos era un proceso participativo, con voluntarios y esas cosas, porque estaba en juego el ejercicio de derechos fundamentales como la participación política y la libertad de expresión e ideológica (*). Un Gobierno tiene que tomar decisiones en un marco de obligaciones que tienen que son la Constitución, las obligaciones contraídas en el Parlament de Cataluña» «, ha añadido ante la insistencia de fiscal Jaime Moreno.
La Fiscalía pide para él nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos por los delitos de prevaricación y desobediencia al organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 que había sido suspendida por inconstitucional.
Homs ha señalado que se enteró de la decisión del triubnal de garantías primero por los medios de comunicación porque la decisión del TC «era pública y notoria» y después por un correo , si bien la providencia no se notificó personalmente. «Después esto ha cambiado según el tipo de providencias», ha apuntado, en relación con resoluciones posteriores del Tribunal Constitucional (TC).
El Ministerio Público, que ejerce la única acusación en el proceso, pidió sentar en el banquillo al portavoz del PDECat en la Cámara baja al entender que su participación resultó «crucial» y que puso los servicios jurídicos de su departamento a disposición del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).
«ES PÚBLICO Y NOTORIO LO QUE HICIMOS»
«Es público y notorio lo que hicimos», ha señalado Homs al inicio de su declaración, en la que también ha reconocido que el departamento que dirigía participó en el desarrollo de la publicidad institucional para informar a la población «de que había un ámbito deliberativo y también que había la posibilidad de pudieran ejercerlo en función de sus derechos de libertad de expresión y participación política».
Después de que Homs se haya quejado de que el fiscal Jaime Moreno le interrumpía en sus declaraciones ha tomado la palabra el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, para señalarle que esta no era «su casa, es el Tribunal Supremo», y que no debía tratar «hacer glosa de la pertinencia o impertinencia» de las preguntas del representante del Ministerio Público.
«Siempre tuve el encargo del presidente y del Govern de ajustarme a los términos de la legalidad», ha señalado, para indicar que cuando conoció el informe de la junta de fiscales de Cataluña contrario a la interposición de una querella contra el expresident Artur Mas y otros dirigentes por estos hechos tuvo la «lógica satisfacción».
«EL TODO Y LA NADA SON SINÓNIMOS»
En otro momento, tras preguntarle el fiscal si desde el Ejecutivo autonómico hicieron algo tendente a dar cumplimiento a la providencia del TC, Homs ha señalado que entendieron que dicha resolución no ordenaba nada en concreto dada su poca claridad. «El todo y el nada son sinónimos, si lo mandaba todo también mandaba nada», ha contestado el exconseller.
También ha lanzado un dardo contra el Ejecutivo popular al manifestar que no entendía por qué siendo todo «público y notorio, nadie hiciera nada, ni tan siquiera la Fiscalía». «No se le puede exigir ahora al Govern que era la única institución que podía para la consultar y que en el resto de instituciones del Estado español nadie hiciera nada. Hubiéramos estado fuera de la Ley si hubiéramos hecho las cosas de otra manera», ha respondido.
El exconseller ha acusado al Ejecutivo de «haber hecho abuso de derecho» en relación con el artículo 161.2 de la Constitución sobre la suspensión de leyes autonómicas y ha reconocido que dieron instrucciones para preparar un recurso de súplica ante el Tribunal Constitucional en el caso de que no fuera atendida la petición de medidas cautelarísimas presentadas ante el Supremo. (EP)
