La Fiscalía solicita 4 años de cárcel para el expresidente de Caixa Catalunya y exvicepresidente del Gobierno socialista, Narcís Serra, y para el que era director de la entidad, Adolf Todó, por dos supuestos delitos de administración desleal en el caso de los sueldos desorbitados.
A Serra además de «elevados emolumentos en concepto de dietas» por presidir las comisiones y el consejo de administración -que oscilaron entre 24.801 y 135.707 euros al año-, a partir de 2007 se le asignó un sueldo a mayores de 175.000 euros anuales.
El imputado fue, entre 1982 y 1991 ministro de Defensa de los diferentes gobiernos socialistas que presidió Felipe González en ese periodo y, luego, entre 1991 y 1995, fue vicepresidente del Gobierno. Durante ese tiempo controló el CESID, hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
En su escrito de acusación, el fiscal Fernando Maldonado también ha acusado a otras 39 personas por estos sueldos que se concedieron a consejeros de la entidad en plena crisis económica, cuando ésta estaba recibiendo fondos del FROB, que entre 2010 y 2012 aportó a la caja más de 12.000 millones de euros.
Les acusa de «un reprochable» manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo tendría que haber sido procurar un adecuado beneficio para la obra social y evitar un despilfarro de fondos en beneficio de los altos directivos.
Pese a la difícil situación económica general, del sistema financiero y, en especial de Caixa Catalunya, los sueldos de Adolf Todó y Jaume Massana -director general adjunto entonces- «no dejaron de subir» durante 2009, 2010 y 2011.
Adolf Todó
Entre otras decisiones controvertidas, se pagó a Todó una retribución fija anual de 600.000 euros -que luego incluso se aumentó- a lo que había que sumar una retribución variable del 35 por ciento del total, condicionada al cumplimiento de objetivos.
Se estableció para él una cláusula de prejubilación a partir de los 60 años por la que cobraría hasta los 67 una renta mensual del 90% de su sueldo, y a partir de los 67 «una renta vitalicia» del 80% de lo recibido los 12 meses anteriores.
Otra cláusula establecía que, en caso de morir, su hija podría recibir una pensión vitalicia por el 50 por ciento de la retribución cobrada por Todó los últimos doce meses.
En total, Todó percibió más de cuatro millones de euros entre 2008 y 2012 -sumando las retribuciones fijas y las variables- a lo que hay que añadir aportaciones al plan de pensiones.
En el caso de Massana, se establecieron las mismas cláusulas de prejubilación que a Todó y se le fija un sueldo anual de 371.000 euros su primer año con una retribución variable del 35% por la consecución de objetivos.
Massana cobró entre 2008 y 2012 un total de 2.895.922 euros (entre retribuciones fijas y variables) a lo que, como en el caso de Todó, también hay que añadir lo que se aportaba al plan de pensiones.
La Fiscalía también alude a «las escandalosas y millonarias indemnizaciones» percibidas por otros miembros del consejo de administración en el marco de la irresponsable política de retribuciones –en palabras del Ministerio Público-, a cuenta de las dimisiones que se produjeron tras la fusión en 2010 de la Caja de Ahorros de Tarragona y de Manresa con Caixa Catalunya.
Concretamente, la Fiscalía acusa a Serra, Todó y a otros 15 exconsejeros a cuatro años de cárcel por dos supuestos delitos de administración desleal, mientras que a los otros 24 les acusa solamente de uno de estos delitos, con lo que solicita para ellos dos años de prisión.
También reclama –en el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, que ha investigado la causa– que los acusados indemnicen al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) un total de 2.569.000 euros por el perjuicio causado a Caixa Catalunya. EP.
