La AJFV rechaza la ubicación de la nueva sede de los juzgados de Tenerife propuesta por la Consejería

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) rechaza la propuesta ubicar la nueva sede judicial de Santa Cruz de Tenerife en el solar de El Sobradillo, porque ese asunto ya fue resuelto en 2006, «desechándose expresamente«. y recuerdan que en esas fechas ya hubo un «total consenso», para mantener su «actual ubicación en Cabo-Llanos, en el solar al efecto ya previsto para su ampliación».

Desde la Sección Territorial de la AJFV recuerdan que desde hace años existe unanimidad de todos los colectivos afectados (jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios, abogados, procuradores y graduados sociales) respecto a mantener la ubicación  actual. Y por ello, «urgen la inmediata paralización del proceso iniciado, con la apertura de un marco real de debate, con la creación de una comisión en la que se encuentren presentes y representados todos los colectivos afectados».

Recuerdan que fruto de aquel acuerdo de 2006, la Consejería de la Presidencia se trabajó en esa línea, convocándose primero un concurso de ideas, con su correspondiente proyecto ganador, y, más recientemente, «por el anterior equipo de dicha Consejería, se efectuaron activas gestiones para la permuta del solar originario por uno cercano de mucha mayor cabida en la misma zona, perteneciente a la Consejería de Educación y Universidades».

Ese solar en Cabo-Llanos, «no solo garantizaba la plena viabilidad del proyecto, con inclusión de todos los servicios propios y de conciliación familiar (número adecuado de salas de vistas, despachos y oficina judicial, restaurante, cafetería, salas de reuniones y de prensa, guardería y plazas de aparcamiento para todos los colectivos que en el mismo trabajen), respondiendo al concepto moderno de “ciudades judiciales”, sino que garantizaba plenamente el poder hacer frente de manera holgada a la demanda de espacio derivada la futura creación de nuevos órganos judiciales».

La asociación de jueces asegura que «en modo alguno se entiende el inesperado y sorpresivo cambio de rumbo de la Consejería de la Presidencia», de instalar el nuevo Palacio de Justicia santacrucero en un solar existente en la calle de Los Bimbaches (El Sobradillo), cerca del Centro Insular de Atletismo de Tenerife.

Recientemente, un diario local aseguraba que «tanto el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, como su concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, también son claros partidarios del solar de El Sobradillo».

Sin embargo, desde el sector judicial, y más concretamente desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), mayoritaria en la Isla, entiende que esta decisión se ha realizado «sin casi margen de actuación para los colectivos directamente afectados, respecto de un proyecto que en los últimos diez años ha estado prácticamente paralizado».

Insisten en que  la apuesta por Cabo-Llanos, «lejos de ser caprichosa, obedece a las ventajas de todo tipo que ofrece la zona, en la que se han ido concentrando numerosas sedes administrativas, estando allí ubicado el Intercambiador, como auténtico nudo central del transporte terrestre insular» (guaguas, tranvía, taxi y futuro tren del norte y de sur), así como una amplia y ya existente oferta de estacionamientos públicos y de servicios de todo tipo.

Además, subrayan la cercanía con los colegios profesionales Abogados, Procuradores y Graduados Sociales y de muchos de los despachos de sus colegiados.

Unas «ventajas que, ni por asomo, analizadas en su conjunto pueden ser predicables de la ubicación ahora nuevamente ofertada de El Sobradillo; alejada y separada físicamente de la ciudad y mal comunicada con la misma».

Sin embargo, el solar de El Sobradillo es  es propiedad de la Comunidad y tiene la extensión necesaria para erigir la que llaman La Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife, que englobaría a todos los juzgados, la sede tinerfeña del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, los registros y hasta el Instituto de Medicina Legal. En total, se trataría de un proyecto con un volumen de 65.000 metros cuadrados, muy superior a los poco más de 18.000 metros cuadrados del Palacio de Justicia actual.