El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este viernes la vigencia y mantenimiento de la figura de los jueces de paz, que ejercen en más de 7.700 municipios españoles, por su «cercanía y proximidad» al ciudadano y su capacidad para descargar de trabajo a los jueces de planta mediante la resolución de conflictos de menor entidad, así como por encarnar los principales valores de la Justicia del Siglo XXI.
Catalá, en contraposición con el Anteproyecto de Demarcación y Planta presentado en su día que planteaba su posible supresión, garantizaba así que los jueces de paz son una figura necesaria dentro de esa apuesta de su departamento por mantener la actual demarcación judicial y, como así ha subrayado, donde ejercen una función clave en ese ideal de «fortalecer la resolución de conflictos de forma extrajudicial a través de la mediación».
Así lo ha mantenido el ministro durante su participación en el V Ciclo de Justicia bajo el lema ‘Justicia de paz, justicia cercana’ celebrado en la localidad vallisoletana de Olmedo bajo la organización del diario El Norte de Castilla, donde ha compartido protagonismo con el juez de paz de Fontiveros (Ávila), Jesús Báñez, y el juez de Primera Instancia e Instrucción de Cuéllar (Segovia), Justo Criado.
En su intervención, Catalá, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha incidido en la importante labor que desempeña la figura del juez de paz, de cuya existencia se ha mostrado firme defensor, por la descarga de trabajo que supone para los jueces de planta y ante el «extraordinario campo» que se les abre para resolver conflictos de forma extrajudicial.
«Hay que aprovechar ese ejército tan potente que trabaja en 7.700 municipios de toda España», ha insistido Catalá, en referencia al auxilio que estos jueces no profesionales y que perciben una media de 80 euros mensuales--el Ministerio destina anualmente a Justicia de Paz 2 millones de euros–realizan en cuestiones menores, desde disputas por lindes hasta reclamaciones inferiores a 90 euros, faltas, recepción de denuncias, funciones de Registro Civil, papeleo sobre defunciones y bodas civiles y conciliación para evitar que una polémica llegue a la vía judicial.
Por ello, el ministro se ha comprometido a mantener los juzgados de paz y los mixtos de primera instancia e instrucción en cabecera de municipios, máxime si se tiene en cuenta, como así ha incidido, que en la actualidad más de 16 millones de españoles residen en el medio rural.
«Resulta tramposo decir que la demarcación actual, por antigua, está obsoleta, ya que cada año se renueva con la dotación de más plazas. Lo que no hacemos es cerrar juzgados», ha sostenido Catalá, en referencia una vez más a su apuesta y la del Ejecutivo central por mantener la configuración actual de los partidos judiciales.
«La Justicia de Paz hace un magnífico servicio perfectamente compatible con un modelo que culmina en el Tribunal Supremo», ha resumido Catalá.
JUEZ DE PAZ Y MECÁNICO
Junto a Catalá, quien en el marco de dicho ciclo ha impuesto al juez de paz de Olmedo, Zenón García Alonso, la Cruz de San Raimundo de Peñafort, el también juez de paz de Fontiveros (Ávila), Jesús Báñez, ha aprovechado para demandar una colaboración más estrecha entre ellos y los jueces de planta tras confesar que se encuentran un tanto «desamparados».
Báñez, que compagina tal función con su taller mecánico, se muestra dispuesto a optar a un nuevo mandato como titular de paz si el Ayuntamiento renuevo en él su confianza, cargo en el que lleva ya dieciocho años y que, al igual que en su trabajo con los coches, le permite «arreglar conflictos», pese a que ello, como así confiesa con humor, le ha granjeado alguna que otra enemistad.
También se ha mostrado a favor del mantenimiento de esta figura el actual juez de Primera Instancia e Instrucción de Cuéllar (Segovia), Justo Criado, quien reconoce que, pese a que sus funciones son cada vez más residuales, suponen por su «encomiable» labor una importante descarga de trabajo para ellos.
