Detalle de la fachada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
Entidades de gestión pedirán al Gobierno más de 500 millones de euros por la copia privada no cobrada
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29/3/2017 05:58
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Actualizado: 24/6/2020 16:51
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Las entidades de gestión mantienen un pulso con el Gobierno español por la compensación de la copia privada. Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea del año pasado y el fallo del Supremo que anulaba el llamado canon digital, este colectivo interponía una denuncia contra el Estado Español por mantener dicha copia privada sin regular y le reclaman 500 millones de euros.
El Estado español suma otra denuncia en Europa, que se añade a los procedimientos judiciales abiertos en España, a causa del incumplimiento en España del artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE sobre derechos de propiedad intelectual.
La denuncia ha sido presentada ante la Comisión Europea por AIE, AISGE, CEDRO, DAMA, EGEDA, SGAE y VEGAP, entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual de los artistas, autores, editores y productores audiovisuales de España.
José Antonio Suárez, asesor jurídico de las entidades de gestión, reconoce que hay dos expedientes abiertos contra el Gobierno de España, uno de 2012 y este que se abrirá con esta denuncia “ Desde la propia Comisión Europea se ha mandado una carta al Gobierno español para pedir cómo se va a hacer el cambio normativo de la copia privada. Por diferentes motivos, este Gobierno quiere apostar por la copia privada sin compensación, cuestión que el propio TJUE falló en contra y que las entidades de gestión no están dispuestas a aceptar”.
Las entidades, que están dispuestas a sentarse a negociar con el Gobierno Español pese a la denuncia presentada lamentan haberse visto obligadas a dar este paso, forzadas por la inacción legislativa del Estado español, que está en situación de ilegalidad en la Unión Europea al mantener vigente la excepción de copia privada sin que exista un sistema de compensación equitativa acorde a la Directiva. “Curiosamente había ya un texto casi cerrado en diciembre que nos gustaba, pero por diferencias entre varios Ministerios no se aprobó el texto definitivo”, apunta.
Cinco años sin percibir ninguna compensación
Uno de los elementos que podemos llamar líneas rojas en dicha negociación del Gobierno con las entidades de gestión es la compensación que se ha dejado de percibir en estos cinco últimos años de sentencias y fallos jurídicos. “Es una situación irregular y única en Europa, lo que ha pasado en estos cinco últimos años, donde estimamos que se han dejado de ingresar por la copia privada sobre los 500 millones de euros, un grave perjuicio patrimonial para los autores. Además desde el 2015 no se compensa a los titulares por este concepto”.
Ese dinero saldrá muy seguramente de los impuestos de todos los españoles. “De alguna forma vamos a pagar la compensación tres veces en estos años. La primera, pese a que la asumió el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado no bajaron los precios de los aparatos ni de los soportes. Entre 2012 y 2014 se pagaron unas cantidades mínimas nominales y ahora habrá que pagar entre 2012 y 2016 y el primer trimestre con nuestros propios impuestos”, añade.
Suárez recuerda que el Gobierno fijó la compensación en el 2008 en una banda entre 110 y 118 millones. Los estudios de las entidades de gestión que han hecho durante estos años mantienen esas cantidades “ En países como Francia y Alemania están en los 200 millones mientras que en Italia ronda los 180 millones de euros”, comenta nuestro interlocutor, quien también destaca que somos el único país con este contencioso abierto por copia privada en estos momentos.
Pese a que la propia Comisión Europea, que en una carta enviada a las entidades denunciantes el pasado mes de diciembre les notifica al Gobierno Español que «la Comisión supervisará que los cambios que deben ser introducidos en la legislación española sean compatibles con la ley europea», la situación se ha mantenido igual pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarase ilegal el sistema con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y cuatro meses después de que el Tribunal Supremo de España lo anulase en su totalidad.
Desde las propias entidades de gestión se señala que la falta de coordinación interministerial ha impedido que España reforme el modelo en la forma y plazo exigidos por la Comisión Europea. “Junto con estas cantidades que reclaman las entidades de gestión, el asunto si no tiene una solución pronta puede acabar como el de los estibadores, con una sanción importante al Gobierno de España”.
Expediente de infracción contra el Gobierno español
Esta tercera denuncia va a generar un nuevo expediente de infracción contra nuestro país por la copia privada y su regulación “Hubo una sentencia en el 2005 del TJUE condenando a España por no trasponer la directiva la 2001/29 donde regulaba la copia privada. Luego hay otra del 2011 con otra condena y esta será la tercera denuncia que genera dicho expediente de infracción. Parece como si desde algún sector del Gobierno hubiera resistencia a cumplir la normativa comunitaria”, destaca Suárez.
Los plazos de este procedimiento indican que nuestro Gobierno tiene un plazo de un mes para contestar a la UE en ese expediente de infracción por qué no ha cambiado la normativa española sobre esta cuestión. “Hay que darse cuenta que desde la Comisión Europea se ha esperado que nuestros dirigentes tomaran una decisión al respecto y regulasen la compensación por copia privada. La propia Sentencia de 9 de junio del Tribunal de Luxemburgo dejaba claro que había que cambiar el sistema de compensación, salvo el Gobierno Español que hizo otra lectura diferente”.
El modelo de copia privada sin compensación, que podría ser una solución a este asunto del canon por copia privada, no satisface a entidades de gestión ni a sus representados. Pese a ello no se cierra la negociación con el Gobierno para buscar un sistema que compense de forma adecuada la citada copia privada. Creemos que el problema está fuera del Ministerio de Cultura. No estamos dispuesto a que el canon se rebaje de cualquier manera”. Suárez recuerda que sendos informes del CGPJ y del Consejo de Estado del 2013 indicaban que íbamos a acabar en esta situación.
La solución a esta situación urge a todos. Se trata de estar en el mismo escenario en el que se encuentran otros países europeos de nuestro entorno. Sobre esa copia privada sin compensación este jurista destaca que “está absolutamente rechazado por media docena de sentencias del TJUE de Luxemburgo. En Inglaterra, Cameron, que era Primer Ministro en aquel entonces introdujo la copia privada sin compensación. Un juez inglés de primera instancia le revocó la ley al señalar que no cumplía los requisitos de la normativa europea”, apunta nuestro interlocutor.
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