El Tribunal Supremo (TS) ha rebajado a dos años la pena que la Audiencia de Barcelona impuso a un detective por pagar para obtener fraudulentamente información médica y sanitaria confidencial sobre una decena de particulares.
En su sentencia, la sala de lo penal del Supremo estima parcialmente el recurso presentado por el detective contra la sentencia de la Audiencia que el año pasado lo condenó a cuatro años por un delito de revelación de secretos, al entender que, pese a que pagó por lograr información reservada, no está probado que lo hiciera con ánimo de lucro.
La sala penal del TS argumenta en su sentencia que la Audiencia dedujo la existencia de fines lucrativos en la conducta del detective, sin que ello esté probado «de la forma inequívoca que exige un pronunciamiento condenatorio».
En este sentido, afirma que el hecho de que el acusado cobrase por los informes que preparaba para la Aseguradora no es suficiente. Sería preciso, añade, que existiese un pago concreto determinado o determinable directamente anudado a esa conducta ilícita. Por ello, el Supremo pide que se excluya ese subtipo agravado ligado al ánimo de lucro que impuso la Audiencia.
«Se presupone, al ser una encomienda dentro de su trabajo profesional como detective, que mediaba una remuneración», razona el Supremo, tras insistir que no puede descartarse que los honorarios cobrados por el condenado se limitasen a incluir los costes de la obtención de la información confidencial, «sin recargo alguno».
El Supremo avala el resto de los hechos recogidos en la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que cree probado que el detective pactó en abril de 2012 pagar tarifas de cerca de 400 euros a una tercera persona, que no ha podido ser identificada, para acceder a información sanitaria y bajas médicas de una decena de particulares para la Aseguradora.
