El juez ha decretado la apertura de juicio oral contra el expresidente de Caixa Catalunya, exvicepresidente del Gobierno y exministro de Defensa socialista, Narcís Serra, y otros 40 acusados por la causa los sueldos supuestamente desproporcionados de la entidad en los años de mayor crisis económica.
En un auto conocido este lunes, el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona ha exigido que los 41 acusados, conjunta y solidariamente, abonen una fianza de 2.568.000 de euros al Fondo de Restauración Ordenaria Bancaria y 7.000.000 de euros a Caixa Catalunya, en ambos casos por posibles responsabilidades civiles.
El juez también reclama que el que era director general de la entidad, Adolf Todó, abone además otra fianza de 808.563 euros.
«De no verificarlo, procédase al embargo de sus bienes en cuantía suficiente para cubrir las referidas cantidades», añade el auto.
Ahora, el juez Julián García Eulate da un plazo de 30 días a los abogados de los acusados para presentar sus escritos de defensa, después de que las acusaciones ya hayan presentado recientemente los suyos.
PETICIÓN DE CÁRCEL
La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Serra y Todó al acusarlos de dos delitos de administración desleal, por los sueldos desproporcionados a los consejeros de la entidad en plena crisis, cuando ésta recibía fondos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que, entre 2010 y 2012, aportó a la caja más de 12.000 millones de euros.
La tesis del fiscal anticorrupción Fernando Maldonado es que, pese a la difícil situación económica general, del sistema financiero y, en especial de Caixa Catalunya, los sueldos «no dejaron de subir» durante 2009, 2010 y 2011.
Entre otras decisiones controvertidas, se pagó a Todó una retribución fija anual de 600.000 euros -que luego incluso se aumentó- a lo que había que sumar una retribución variable del 35 por ciento del total, condicionada al cumplimiento de objetivos.
Se estableció para él una cláusula de prejubilación a partir de los 60 años por la que cobraría hasta los 67 una renta mensual del 90 por ciento de su sueldo, y a partir de los 67 «una renta vitalicia» del 80 por ciento de lo recibido los 12 meses anteriores.
Otra cláusula establecía que, en caso de morir, su hija podría recibir una pensión vitalicia por el 50% de la retribución cobrada por Todó los últimos doce meses.
En total, Todó percibió más de cuatro millones de euros entre 2008 y 2012 -sumando las retribuciones fijas y las variables- a lo que hay que añadir aportaciones al plan de pensiones.
COBROS DE SERRA
A Serra, además de «elevados emolumentos en concepto de dietas» por presidir las comisiones y el consejo de administración -que oscilaron entre 24.801 y 135.707 euros al año-, a partir de 2007 se le asignó un sueldo a mayores de 175.000 euros anuales.
La Fiscalía también alude a «las escandalosas y millonarias indemnizaciones» a otros miembros del consejo de administración en el marco de la irresponsable política de retribuciones -en palabras del Ministerio Público-, a cuenta de las dimisiones que se produjeron tras la fusión en 2010 de la Caja de Ahorros de Tarragona y de Manresa con Caixa Catalunya.
Concretamente, la Fiscalía pide para Serra, Todó y otros 15 exconsejeros cuatro años de cárcel por dos supuestos delitos de administración desleal, mientras que a los otros 24 les acusa solamente de uno de estos delitos, con lo que solicita para ellos dos años de prisión.
El mismo fiscal presentó recientemente otra denuncia ante la Audiencia Nacional acusando a Serra, Todó y otros 13 exaltos cargos por un «agujero» en la entidad de unos 720 millones de euros por diferentes operaciones inmobiliarias entre 2000 y 2007. EP.
