El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tomará declaración dentro de la causa que abrió contra el régimen sirio a la mujer que lo denunció por terrorismo de Estado, Amal Hag-Hamdo Anfalis, hermana de una víctima del gobierno de Bashar al Asad.
La querella va dirigida contra nueve miembros de las fuerzas de seguridad y de la inteligencia sirias por la presunta detención ilegal, tortura y ejecución del hermano de Amal Hag-Hamdo Anfalis en el año 2003. El juez entiende que sí tiene competencia para estudiar el caso porque la hermana de la víctima tiene nacionalidad española en el momento en que se cometieron los hechos.
En el auto en el que admitía su competencia para investigar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que los hechos denunciados podrían ser susceptibles de delito de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, terrorismo y desaparición forzada.
Así, el magistrado pidió que se notificara la querella interpuesta por el equipo de abogados internacionales de G37 el pasado mes de febrero a los nueve miembros de las fuerzas de seguridad a través de comisión rogatoria a dicho país.
Además de Amal Hag-Hamdo Anfalis, Velasco también ha citado a declarar a un testigo conocido como César, antiguo policía militar forense sirio que sería quien habría realizado las fotografías de personas ejecutadas en los centros de detención ilegal, pero finalmente no podrá comparecer este lunes. Otros tres testigos para el próximo 9 de mayo.
El equipo de abogados internacionales de G37 interpuso ante la Audiencia Nacional lo que constituyó la primera acción penal de justicia transnacional ante tribunales europeos para enjuiciar a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado sirio. En el escrito acusaban al Estado sirio, liderado por el presidente Bashar al Asad, de cometer a través de sus fuerzas de seguridad e inteligencia delitos de terrorismo contra la población civil.
En su resolución, el magistrado también interesa de Eurojust que proceda a averiguar si existen denuncias e otros países de la Unión Europea que investiguen desapariciones forzadas, torturas, crímenes de guerra, terrorismo y delitos de lesa humanidad realizados por estructuras o personas pertenecientes a la Administración de Siria.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 admitió la querella de Amal Hag-Hamdo Anfalis pese al criterio de la Fiscalía, que consideraba que la Audiencia Nacional no era competente para investigar estos hechos tras la reforma que limitó la Justicia Universal.
VÍAS ALTERNATIVAS PARA OBTENER JUSTICIA
Sin embargo, Velasco justificó su decisión amparándose en las diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que han condenado las violaciones de los Derechos Humanos en Siria así como el veto chino y ruso a la propuesta de remitir la situación a la Corte Penal Internacional, lo que provocó que se determinara la necesidad de aplicar «vías alternativas para obtener Justicia», incluyendo procesos en tribunales nacionales.
El magistrado destaca que el archivo fotográfico con más de 50.000 imágenes de personas ejecutadas en los centros de detención ilegal incluye «claras señales de tortura» y que del testimonio de los supervivientes se deduce que las condiciones en las cárceles son «inhumanas y degradantes».
«Los hechos denunciados responden a la implementación de un plan de seguridad terrorista desarrollado por altos cargos de las fuerzas de seguridad con el objetivo de sembrar terror e intimidad a la población civil mediante una campaña de detenciones ilegales masivas y la práctica de desapariciones forzadas y torturas», reza el auto. (EP)
