La causa judicial que se seguía por el caso del espeleólogo granadino José Antonio Martínez Jiménez, que murió en abril de 2015 en la cordillera del Atlas de Marruecos junto a otro compañero de expedición, ha sido finalmente archivada, después de que no haya prosperado el recurso que la familia presentó en su momento ante la Audiencia Provincial de Granada ni la queja formulada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El Juzgado de Instrucción 2 de Granada archivó la causa al entender que carecía de jurisdicción para el conocimiento de los hechos en tanto que la supuesta omisión de socorro o imprudencia grave en su rescate sucedió en Marruecos y presuntamente la comisión de los mismos son realizados por nacionales de aquel país y no quedaba a su juicio debidamente justificada la perpetración del delito denunciado.
La representación legal de la familia del montañero presentó un recurso ante la Audiencia Provincial contra el archivo, solicitando que se practicaran unas «diligencias probatorias mínimas y esenciales» que permitieran determinar las circunstancias de la muerte para garantizar la tutela judicial efectiva de su viuda «dentro del máximo respeto al carácter improrrogable de la jurisdicción».
No obstante, el recurso fue desestimado, según han señalado a Europa Press desde el despacho de abogados Ilocad, el cual también presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las dilaciones indebidas en este caso, que entró en un bucle de reiteradas inhibiciones para determinar las competencias de la investigación.
La queja fue desestimada, tras lo que se presentó un recurso de alzada que el CGPJ tampoco ha aceptado, según han precisado desde el despacho de abogados que dirige Baltasar Garzón.
CRONOLOGÍA DEL CASO
La denuncia se presentó en primer lugar en mayo de 2015 ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Granada, por ser quien recibió el cuerpo una vez que fue repatriado, y que sólo ordenó practicar una nueva autopsia del cadáver.
Este juzgado traspasó la cuestión al número 2, ante el que se había denunciado la desaparición del montañero previamente. Este juzgado, «sin practicar ni una sola de las diligencias solicitadas para esclarecer las causas y las circunstancias de la muerte», procedió a inhibirse al Juzgado de Chiclana de la Frontera (Cádiz) al haberse denunciado allí la desaparición de otro de los montañeros fallecidos, Gustavo Virués.
Tras no aceptar la inhibición el Juzgado de Chiclana y devolver la causa de nuevo al número 2 de Granada, éste último intentó la inhibición a la Audiencia Nacional, quien también la rechazó por entender que no era de su competencia.
La representación legal de la familia sostiene que todo este tiempo «no se practicó ni una mínima diligencia de prueba de la batería solicitada por la representación de la viuda del montañero».
El punto más controvertido data del 2 de julio de 2015, cuando se notificó a la familia el resultado del informe definitivo de autopsia practicado por el Instituto de Medicina Legal de Granada, en el que se determinaba que el fallecimiento de José Antonio Martínez Jiménez fue «muerte violenta», por «síndrome asfíctico», como consecuencia de «asfixia mecánica por sumersión y compromiso respiratorio».
El documento forense español contradecía el informe forense realizado en Marruecos, en el que se había determinado como causa de la muerte un golpe en el cráneo unido a la hipotermia.
«Es decir, mientras en Marruecos se afirmó que la muerte había sido producida por el propio accidente unido a las bajas temperaturas de la zona, en España se concluyó que se había producido una muerte por asfixia como consecuencia de una inmersión, lo cual ofrecía un escenario radicalmente distinto al planteado en Marruecos», según señalaron entonces desde el despacho de abogados. EP.
