La secretaría de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, junto a los miembros de la mesa de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Dirigentes de Justicia explican en el Congreso los presupuestos del departamento que dirige Catalá
|
26/4/2017 04:58
|
Actualizado: 19/7/2017 18:19
|
Este martes, la secretaría de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín; la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán y del secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, que han desglosado los presupuestos previstos en 2017 para el departamento que dirige Rafael Catalá.
Durante algo más de tres horas, los tres cargos del Ministerio de Justicia han ido desgranando, en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, los datos de la partida presupuestaria asignada a Justicia para 2017.
Sánchez-Cortes, que ha sido la primera en comparecer ante la Comisión de Justicia se ha centrado en las grandes cifras, «los datos generales» insistiendo, en que su exposición se iba a centrar en «el funcionamiento de los órganos judiciales, la fiscalía, la formación y el mutualismo».
Y ha asegurado que los presupuestos de 2017 lo hacen un «contexto de crecimiento sostenido», después de unos años difíciles. En materia de Justicia indicó que el presupuesto crece un 7,7 por ciento hasta alcanzar los 1.750 millones de euros, algo que ha calificado de «buenísima noticia». Este es el tercer año consecutivo en el que se incrementan las cuentas de Justicia, «aunque me hubiera encantado tener más dinero», ha subrayado Sánchez-Cortés.
El gasto social en Justicia es de casi 80 millones de euros, de los cuales 38 millones de euros se destinarán a servicios de especial sensibilidad para el ciudadano, a la asistencia jurídica gratuita y a medidas contra la violencia de género y atención psicosocial a víctimas.
Sánchez-Cortés también ha querido incidir en la reducción de interinidad dentro de la Administración de Justicia, cuya plantilla total es de 50.358 efectivos, de los cuales 8.132 son interinos. Con estos presupuestos se ampliará el empleo publico en Justicia hasta unas 3000 plazas, de las cuales, en números redondos son 2500 plazas vinculadas a la estabilización de las plantillas, -reducir la interinidad- y otras 500 plazas, aproximadamente, vinculadas a la tasa de reposición de efectivos».
Campañas institucionales en mediación
Respeto a la mediación ha insistido en que el ministro ha estado en contacto con todos los operadores del sector Justicia, y los operadores han insistido en reuniones recientes en «la necesidad de difundir mucho más la mediación como una herramienta que está al servicio de la sociedad civil, del ciudadano, quizás los profesionales lo conocen, pero no tanto los ciudadanos, para saber que esos medios están a su alcance esos medios de resolución alternativa de conflictos. Creo que las campañas institucionales que nos son reclamadas serán una de las actuaciones que se pondrán en marcha a lo largo de la ejecución de este presupuesto».
«Algo que el Ministerio tienen previsto llevar adelante», ha avanzado.
Jueces en expectativa de destino
Respondiendo al portavoz socialista, Juan Carlos Campo, en relación a las 100 plazas previstas para jueces y magistrados, unas plazas que se han tildado de «insuficientes debido a la alta litigiosidad de España».
En este sentido, la secretaria de Estado ha subrayado «que no se debe situar a los profesionales de la justicia, a los jueces a los fiscales, ante situaciones de provisionalidad en el sistema prolongadas«. Indicando que «cuando se hacen ofertas de empleo público que van a situar a los profesionales por encima de la planta judicial, en unos números importantes, a lo que estamos sometiendo a los profesionales de la justicia a frustración por no poder ocupar destinos adecuados a su capacidad profesional».
Y ha recordado que ha habido una serie de años donde existía un número de la carrera judicial y de la carrera fiscal muy por encima de la planta, «los denominados jueces en expectativa de destino». Algo que suprimió el actual ministro de Justicia al ocupar el cargo, para ello, a través de un Real Decreto se crearon 280 unidades judiciales adicionales, la mayor creación de planta judicial desde hacía 25 años para poder ubicar a muchos jueces que estaban situados fuera de la estructura de planta judicial, con los frustrante que esto es».
Ahora, «con los datos que disponemos se estima que existirán unas 56 vacantes este año en el ámbito de la carrera judicial y unas 33 en el ámbito de la carrera fiscal». «Estamos planteando una oferta de empleo estable, ajustada y la que se necesita», ha concluido.
Áurea Roldán, subsecretaria de Justicia.
Por su parte, la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán basó su exposición en todo lo relacionado con la Dirección y Servicios Generales del Ministerio, los registros vinculados a la fe pública, Abogacía General del Estado y la Agencia de Protección de Datos.
A preguntas de los distintos grupos parlamentarios, Roldán ha señalado que «el Ministerio de Justicia sigue desarrollando actuaciones en relación con la Memoria histórica como son el gestionar, mantener y actualizar un mapa de fosas de la Guerra civil, accesible al público». Y resaltó que, actualmente, se recogen en dicho mapa que existen 2457 fosas, con 45.000 víctimas identificadas».
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)
La subsecretaria de Justicia ha señalado que desde la puesta en funcionamiento de la ORGA se han obtenido resultados muy positivos que han redundado en ahorro de costes, como el de vehículos en depósito, gracias al plan de choque puesto en marcha que permitió la destrucción de 220 vehículos. Actualmente se están tramitando 106 expedientes de gestión de bienes a petición de distintos órganos judiciales por un valor de 22,5 millones de euros.
Posible nueva prorroga para el Registro Civil
Otro de los temas que abordó fue el Registro Civil. Un asunto que lleva sobre la mesa mucho tiempo, concretamente desde la aprobación de la Ley 20/2011 de Registro Civil y que ya ha sufrido dos prorrogas.
La entrada en vigor de esta Ley, «es un tema complejo que no permite cambiar de la noche a la mañana el Registro Civil que conocemos en papel y dividido en cuatro secciones un registro digitalizado, que es una de las piezas fundamentales de la transformación del modelo hacia un Registro Único».
Es cierto que la dotación presupuestaría no daría para la transformación total del modelo. «Todo esto requiere un consenso político del que estamos pendientes. Y esto puede llevar, como ha anunciado el ministro, a la necesidad de prorrogar este segundo plazo de entrada en vigor que está fijado para el 30 de junio de 2017″.
Antonio Dorado, secretario General de la Administración de Justicia, junto a la presidenta de la Comisión de Justicia, Margarita Robles.
El secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, abordó todos lo proyectos relacionados con la modernización y transformación tecnológica de la Justicia e insistió en la necesidad de «ir a un sistema de gestión procesal común y compartido».
Estos presupuestos «son un gran esfuerzo», ha señalado Dorado. Y suponen una partida de 134 millones para el desarrollo integral de Justicia y Fiscalía digital para hacer posible la tramitación electrónica de los procedimientos, el impulso del sistema de gestión procesal común y la implantación del expediente judicial electrónico y de mecanismos telemáticos para los traslados entre órganos judiciales.
Desde el Ministerio insisten en que la transformación digital del sistema de Justicia es otro de los objetivos en los que el Ministerio de Justicia tiene puesto su máximo empeño para conseguir una implantación total de la Justicia digital en esta legislatura.
«Ha habido más de 73 millones de comunicaciones electrónica entre órganos judiciales y profesionales de la Administración de Justicia«, ha indicado Dorado. Y esto ha acortado los tiempos en la justicia. También ha recordado que «trabajar en papel supone un gasto superior a trabajar en formato electrónico».
El caso de Granada
Dorado ha contado como anécdota un caso que ocurrió en Granada, «me comentaba un procurador que había enviado una notificación a las 10 de la mañana y a la 1 tenía en su buzón de Lexnet la contestación del órgano judicial. No es normal, pero ha pasado. En papel era imposible», ha subrayado. A lo que Nacho Prendes de Ciudadanos le ha interpelado que estamos hablando de un solo caso entre 73 millones.
Además, ha puntualizado «que el sistema se va robusteciendo y los problemas de Lexnet están bastante superados».
Justicia Digital
El secretario general de la Administración de Justicia, ha señalado que el 7 de julio de 2016 se ha puesto en marcha la Justicia Digital en el territorio del Ministerio de Justicia «afecta a 26 Partidos Judiciales y, lo más importante, afecta a 8.193.0007 ciudadanos».
Y además, a 522 órganos judiciales.
Noticias Relacionadas:
