Sin sorpresas. Como era previsible el Pleno de Congreso ha reprobado esta tarde con el apoyo de todos los grupos del arco parlamentario, salvo el PP y sus socios electorales de UPN y Foro, al ministro de Justicia, Rafael Catalá; al fiscal general del Estado, José Manuel Maza; y al fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix.
Ante la presencia del propio Rafael Catalá, quien ha asistido desde su escaño a todo el debate, la Cámara ha avalado la moción de reprobación presentada por los socialistas contra él por su «responsabilidad política directa» en el caso Lezo y en los nombramientos «a dedo» de Maza y Moix, así como por «poner el Ministerio de Justicia al frente de una estrategia de defensa de los corruptos del PP».
No obstante, esta iniciativa no es vinculante para el Ejecutivo, de manera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no está obligado a cesarle, habida cuenta de que ya tuvo un ministro reprobado que no fue destituido, caso del extitular de Interior, Jorge Fernández Díaz.
Eso no resta para que el Congreso haya aprobado, al margen del PP, una moción de reprobación con un fuerte peso político contra el ministro de Justicia, ya que pese a carecer de valor jurídico, los grupos han recordado a Rajoy que «un Gobierno demócrata tiene que atender el mandato de la cámara que le otorga la confianza«, por lo que -han advertido- «no le queda más remedio que cesarle».
De nada sirvieron, a la vista de la votación de hoy, las explicaciones que ofreció Catalá la pasada semana en el Congreso, a las que han seguido críticas y acusaciones de la oposición por su actuación en el caso Lezo -operación por la que está en prisión el expresidente madrileño Ignacio González– y por su negativa a dimitir. El ministro defiende que cuenta con la confianza de Rajoy.
«No puede estar ni un minuto más», ha destacado la socialista Isabel Rodríguez, que ha pedido al líder del Ejecutivo que «cese de inmediato» a Catalá, a quien ha acusado de llamar a los corruptos, en alusión al mensaje que envió a Ignacio González, y de formar parte de un plan para proteger a los corruptos de su partido.
Desde Ciudadanos, Ignacio Prendes ha defendido la «indudable eficacia política» de la reprobación a Catalá y los fiscales por situar «la credibilidad de las instituciones en un precipicio».
Por su parte, Podemos ha ido mucho más allá y ha reprochado también a PSOE y Ciudadanos por «no sacar al PP del gobierno» y ser «incapaces de asumir responsabilidad políticas más allá de la reprobación».
En el texto, se reclamaba la reprobación de Catalá por su responsabilidad «directa» en los nombramientos de los fiscales y por su «injerencia» en las causas judiciales, y porque sus actuaciones «menoscaban» la confianza de los ciudadanos en el Ministerio Fiscal y «dificultan» el trabajo de los miembros de esta institución.
Por su parte, también se ha aprobado instar al Gobierno a remover de su puesto al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, «por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones», y lo mismo con el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix.
