La presidenta madrileña y del PP regional, Cristina Cifuentes, ha asegurado que dejó de ser vocal de Fundescam en 2008, y que su papel en esta Fundación se limitó a ser «vocal», como todos los miembros del comité de dirección del PP de Madrid, sin ser nunca vocal «apoderada» con capacidad de tomar decisiones.
Así lo ha dicho en un encuentro con medios de comunicación en la sede del Gobierno regional, donde se le ha preguntado por el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que considera acreditado que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas de 2007, 2008 y 2011 y vincula con esas prácticas, entre otros, a la propia Cifuentes o a su predecesor, Ignacio González.
Estas conclusiones se recogen en dos informes aportados al sumario de la trama Púnica que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, fechados el 1 de marzo y relativos a esa posible financiación ilegal y a las relaciones de la Asamblea de Madrid y el grupo Cantoblanco, presidido por Arturo Fernández.
En esos informes, que obran en el sumario, la UCO sostiene que «importantes gastos electorales» de las campañas de 2007 y 2008 e «indiciariamente» de las de 2011 se pagaron mediante «subvenciones públicas» de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación Fundescam.
Por ello, el juez Velasco señala como responsables al exconsejero de Presidencia y ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados; al extesorero del partido Beltrán Gutiérrez y al exconsejero de Transportes Ignacio Echevarría, todos ellos patronos de Fundescam.
Pero también cita a otros cargos públicos vinculados al patronato de Fundescam, que habrían participado en contratos con «múltiples irregularidades penalmente relevantes» de los que se habrían beneficiado empresarios como Arturo Fernández, que en 2007 ingresó 160.000 euros en las cuentas de Fundescam.
Sin embargo, el juez instructor del ‘caso Púnica‘, descarta por el momento tener como investigada en la instrucción de este caso a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pese al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que le atribuye los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación a las adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.
La propia Cifuentes ha aclarado que perteneció a Fundescam entre febrero de 2005 y septiembre de 2008, periodo en el que fue vocal, «como todos los que pertenecíamos al Comité de Dirección» del PP de Madrid. «Mi participación fue exclusivamente como vocal», ha asegurado, y se limitó a «aceptar el cargo y aprobar los estatutos. Nada más».
Ha recalcado que todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones de Fundescam le correspondía a los vocales apoderados. «Y yo nunca lo fui», ha recalcado la presidenta de la Comunidad de Madrid.
«Tengo confianza en la justicia y entiendo que cuando el juez (Eloy Velasco) no ha tomado iniciativa en estos meses es porque ha entendido que mi participación fue en calidad de vicepresidenta de la asamblea y no era personal, sino en virtud del cargo que tenía«, ha indicado Cifuentes.
Fuentes judiciales consultadas por Europa Press y la Fiscalía Anticorrupción, igualmente preguntada por este asunto, explican que una cosa es la mención que puedan realizar los investigadores (UCO) y otra la valoración jurídica de sus pesquisas, insistiendo en que por el momento la presidenta regional no está siendo investigada formalmente en la causa. (CONFILEGAL/EP)
