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El juez Ruz, partidario de mantener la figura de la acusación popular, elemento clave de un sistema democrático
De izquierda a derecha Antonio Penadés, Carlos Castresana, Alejandro Luzón, Jesus Lizcano, Pablo Ruz, Nicolas Rodriguez y Nicolas Cabezudo.
Abogados, Eventos

El juez Ruz, partidario de mantener la figura de la acusación popular, elemento clave de un sistema democrático

Luis Javier Sanchez
18 mayo, 2017

Debate organizado por Transparencia Internacional este jueves donde expertos como el juez Pablo Ruz,  el fiscal Alejandro Luzón, Carlos Castresana, excomisionado de la ONU contra la corrupción, Nicolás Rodríguez, catedrático de la Universidad de Salamanca, Antonio Penadés, presidente de la Asociación Acción Civica y el asesor del Ministerio de Justicia, Nicolás Cabezudo, en ausencia de la subsecretaria Aúrea Roldan,  discutieron sobre la acusación popular y si debe regularse para evitar excesos.

En su intervención, Pablo Ruz, muchos años en la Audiencia Nacional, destacó como las diferentes reformas procesales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal están decantando el proceso penal de cara al fiscal y dejando fuera a la acusación popular “se ha visto en la regulación de las intervenciones telefónicas o en la petición de una orden europea de detención y extradición que solo las puede pedir el fiscal. También en la reforma del 2015, la petición de instruir causas conexas o separadas era a petición del Ministerio Público”.

Para este magistrado, “no tenemos datos fehacientes de si ese uso torticero de la acusación popular es realmente importante. Es necesario hacer un debate serio sobre esta figura netamente española y amparada en nuestro ordenamiento constitucional en su artículo 125”.

Desde su punto de vista, no sería acertado su eliminación, como parece que está recogida en las dos últimos borradores de las últimas reformas del Código Procesal Penal, la del ministro Caamaño y la de Ruiz Gallardón. “Es una figura jurídica que contribuye a la independencia del Poder Judicial y al fortalecimiento de la Fiscalía, a pesar de que “se ha abusado de la misma en ocasiones”. A su juicio ha ayudado a esclarecer ciertos hechos y ha dado buenos frutos

Por su parte, el fiscal Alejandro Luzón ha abogado por una mejor regulación de esta figura jurídica para “corregir sus disfunciones evidentes que existen en su funcionamiento”. En este sentido, pidió limitar el número de ellas en el mismo proceso, la prohibición para que no se admita a cualquier persona si no tiene una relación directa con el asunto”.

El Fiscal Alejandro Luzón se mostró partidario de una regulación de la acusación popular, al detectarse disfunciones importantes.

Para este jurista sería bueno poder seguir utilizando la regulación de la acusación popular como se hizo en el caso del ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán donde se aplicó el artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitía agrupar las acusaciones populares en una única defensa letrada  “Habría que regularlo bien, ahora la primera acusación que se persona es la que suele representar a los demás”.

Desde su perspectiva, la regulación que se plantea en el último borrador de Código Procesal Penal, artículos 69 y siguientes es acertada “También sería bueno limitar la presencia de la acción popular a determinados delitos como los colectivos, de corrupción, medioambiental o de protección de los patrimonios”.

Por su parte, el excomisionado de la ONU contra la corrupción Carlos Castresana cree que esta figura es importante y, aunque pueda prestarse a abusos, sirve “como contrapeso de la acusación pública”, algo que contribuye a su juicio a la independencia de la justicia. “ La acusación popular no es ni buena ni mala. Es el uso que se hace de ella lo que hace que sea buena o mala”, destacó.

Acusación popular un contrapeso a la acusación del fiscal

Castresana, muchos años en la Fiscalia Anticorrupción y ahora dedicado al mundo penal económico desde la abogacía, subrayo que “ la acusación popular es un contrapeso a la acusación que hace el propio fiscal”. Al igual que comentó el magistrado Ruz los últimos cambios procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal otorgan más poder al fiscal en el procedimiento penal “es el caso de la instrucción y sus plazos que solo se puede alargar si lo señala el fiscal.”.

Tanto el propio Carlos Castresana como Antonio Penadés, presidente de Acción Cívica, asociación ciudadana que en los últimos diez años se ha personado como acusación popular en diferentes causas coincidieron en señalar que la sociedad civil no puede permitir que la acusación civil desaparezca.

Penadés, que en su turno de palabra, comentó como se puso en marcha dicha asociación, con origen en Valencia y de carácter nacional, defendió la propia acusación popular como un complemento del trabajo que realiza la fiscalía. “En una sociedad en la que está todo politizado tiene más valor el papel de la acusación popular en estos momentos”.

A su juicio el último borrador de Código Procesal Penal restringe mucho la figura de la acusación popular, si se lee con detenimiento el articulo 70 donde se habla de quien tiene derecho a ejercerla “con esta nueva redacción, se elimina a cualquier persona jurídica como que pueda proveerla y se deja casi sin contenido.  Creo que se debe ser respetuoso con esta figura constitucional”.

Otro de los participantes en este encuentro ha sido el catedrático de la Universidad de Salamanca Nicolás Rodríguez, quien valoró que la acusación popular fomenta la participación ciudadana y que una restricción “no estaría fundamentada”. Dejó claro que su regulación deja mucho que desear y que en algunos asuntos puede llegar a incluso a confundirse con la acusación particular, del propio afectado en ese asunto. “Ayuda a la participación de los ciudadanos en la justicia, al igual que se hace desde el jugado”.

Para este experto en temas procesales “no se entendería una reforma de la acusación popular sino viene con el marco global de otra reforma procesal penal”. Rodríguez cree que los excesos que se han podido hacer son reconducibles y que en este tipo de situaciones deben ser los jueces quien controlen mejor estos tiempos para evitar usos irregulares de esta práctica.

Ausente en el último momento la subsecretaria de Justicia Aurea Roldan fue el vocal asesor Nicolás Cabezudo, director de la División de Derechos de Gracia y otros Derechos del Ministerio de Justicia, quien intentó contestar a todas las preguntas que le llegaron tanto de los ponentes como de los asistentes. En su intervención negó que el Ministerio vaya a suprimir la actuación popular, “aunque no descartamos una nueva regulación ante las deficiencias detectadas. Regulación que haremos desde el consenso”.

Luis Javier Sanchez

Luis Javier Sanchez

Periodista jurídico, comunicador y consultor de comunicación.

@luisjasanchez


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