El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado este martes en Ceuta que agilizar la justicia penal «es una emergencia porque su lentitud actual hace peligrar el Estado de Derecho y nuestro sistema de libertades». Para conseguirlo se ha mostrado como un acérrimo defensor de una reforma procesal que incluya la figura del «fiscal investigador» y de evolucionar hacia un modelo «acusatorio puro» que descongestione el «cuello de botella» que genera el «sistema mixto» vigente de jueces instructores.
Maza ha eludido comparecer ante los medios en la ciudad autónoma, adonde ha acudido para clausurar sus VIII Jornadas Jurídicas con una ponencia titulada ‘El Fiscal como director de la investigación penal’ en la que se ha desvelado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, le convenció para salir del Tribunal Supremo con el argumento, entre otros, de que el Gobierno de Rajoy estaba decidido a «dar por fin ese paso».
El fiscal general del Estado ha recordado que tanto el Gobierno socialista de Zapatero como el primero de Rajoy elaboraron, en 2011 y 2013, sendos borradores de nuevas leyes de Enjuiciamiento Criminal que contemplaban la figura del fiscal investigador, aunque se ha mostrado más afín a la confeccionada por el PSOE.
INCONVENIENTES POLÍTICOS
«Hasta ahora hemos encontrado inconvenientes políticos, porque la oposición siempre recela de que los fiscales ‘controlados’ por el Gobierno sean los responsables de investigar delitos, y técnicos, pero esta reforma llegará tarde o temprano, tarde uno, cinco, diez o veinte años, y terminaremos con esta triste historia de parálisis», ha augurado.
Desde el punto de vista de Maza, que ha encargado un estudio de carga de trabajo de los fiscales de toda España para pedir al Ministerio de Justicia un aumento de plantilla «razonado«, no se trata de «mantener la instrucción judicial como hasta ahora cambiando al sujeto, al protagonista, sino de modificar la naturaleza de la primera fase del procedimiento».
«La lentitud de la Justicia, sobre todo de la penal, repercute muy negativamente en la confianza de la ciudadanía y no podemos seguir viviendo durante meses y años de titulares de prensa porque se crea un contexto tremendamente grave: estamos ante una emergencia que hace peligrar el Estado de Derecho y nuestro sistema de libertades», ha alertado Maza, partidario de que los jueces pasen a desempeñar un papel de «garantía de tutela de derechos, ejecución de medidas cautelares e injerencia en derechos fundamentales».
A los «fiscales investigadores» les correspondería indagar en busca de «material probatorio» y decidir si el recopilado es suficiente «para enjuiciar a una persona acusada». Su papel sería, a su juicio, especialmente útil en las causas con decenas de imputados que se tramitan actualmente, así como en el esclarecimiento de «la responsabilidad penal de personas jurídicas».
El fiscal general ha puesto como ejemplo favorable para sus tesis el de la gestión de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor o los «cerca de 5.000 asuntos» tramitados en 2015 en forma de diligencias fiscales de investigación.
LA «AUTONOMÍA» DEL MINISTERIO PÚBLICO
Maza ha defendido también que los fiscales deben ejercer en un término medio entre la dependencia jerárquica «del Ejército» y la independencia de los jueces, en un marco de «autonomía» que, al mismo tiempo, garantice la «unidad de acción» en su desempeño. «El fiscal es autónomo e imparcial, no independiente, pero hay cauces y ejemplos recientes que demuestran que puede cuestionar las órdenes que recibe si no está de acuerdo», ha reseñado.
El fiscal general también ha avanzado que «no se opondrá» a iniciativas legislativas como la que ha anunciado que presentará Ciudadanos para «ahondar en autonomía, más organizativa que funcional», del Ministerio Público para que pueda gestionar sin remitirse constantemente al Ministerio «el presupuesto, la convocatoria y resolución de concursos y vacantes o las compatibilidades». (EP)
