La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aplazado ‘sine die’ el inicio del juicio que iba a sentar en el banquillo desde el próximo 12 de junio a los 27 presuntos miembros de la mafia rusa ‘Tambovskaya’, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de prisión de entre cinco años y seis meses y 8 años y seis meses por participar en una estructura asentada en España desde 1996.
La razón del aplazamiento es la ausencia de un informe médico que podría determinar la presencia o no en la vista oral de uno de los acusados, según han informado fuentes personadas en la causa.
Las mismas fuentes señalan que, dada la necesidad de una sala grande para celebrar este juicio por gran número de acusados y abogados defensores, y como las instalaciones con las que cuenta esta sede judicial para ‘macrojuicios‘ se encuentran actualmente ocupadas, se había previsto que la vista se desarrollara en el Salón de Plenos de la Audiencia Nacional. Una vez se reciba el informe médico que falta se adecuará en todo caso un lugar adecuado para las sesiones, según las mismas fuentes.
Según defiende la Fiscalía en su escrito, este grupo blanqueaba en nuestro país el «enorme» rendimiento económico obtenido a través de la comisión de asesinatos, palizas por encargo, contrabando o tráfico de drogas. Se les acusa a todos de delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, solicita la pena más alta para el ‘capo’ Gennadios Petrov y sus principales lugartenientes: Alexander Ivanovich Malyshev y Olga Solovyeva.
Para los 24 restantes presuntos miembros de esta mafia se piden cinco años y medio de cárcel y multa de cien millones de euros para cada uno, un total de 2.700 millones.
Entre ellos se encuentra el expresidente de la Comisión parlamentaria de instituciones de crédito y mercados de la Duma Vladislav Reznik y de su esposa Diana Gindin, respecto de los cuales la Audiencia Nacional anuló las órdenes de búsqueda y captura en mayo del pasado año.
Según fuentes de la defensa del matrimonio, la única prueba que pesa sobre ellos es una supuesta llamada de Reznik a Petrov en la que éste se habría dirigido a él como «Slavik» (caudillo) , un extremo que esta parte niega aportando un informe pericial que concluye que existió una mala interpretación del traductor sobre dicho término y que además la voz grabada no es la del miembro de la Duma. Por ello solicitan su libre absolución, aludiendo que la única relación entre ambos se limitó a la compra de una propiedad inmobiliaria en Baleares.
La organización criminal de origen ruso actuaba en España y fue desarticulada en la operación ‘Troika’ desplegada en junio de 2008. Según la Fiscalía el grupo criminal estaba integrado por individuos con antecedentes penales procedentes de Rusia, a quienes se unieron otros originarios de Estados Unidos, Suiza y otros países de la Unión Europea, que se establecieron en Baleares y la zona del Levante y la Costa del Sol.
Entre otras actividades, la red se dedicaba al asesinato, al tráfico de armas, la extorsión, la estafa, las falsedades documentales, el tráfico de influencias, el cohecho, las negociaciones prohibidas, el contrabando, el trafico de drogas, la «descapitalización» fraudulenta de sociedades, así como a llevar a cabo delitos contra la Hacienda Pública, dirigir amenazas y dar «palizas por encargo».
«UNIÓN DE EMPRESAS CRIMINALES»
Según el fiscal, el «enorme» rendimiento económico que les generaban tales actividades criminales era canalizado en España con la ayuda de asesores jurídico-financieros que trabajaban casi en exclusiva para la organización, hasta que se integraron en la «poliédrica» estructura de la ‘Tambovskaya-Malyshevkaya’. Entre los acusados figuran dos abogados españoles.
«Esta asociación de ambas organizaciones puede ser caracterizada como una Unión Temporal de Empresas (UTE) criminales, con una clara división de tareas y reparto de papeles, cuyo principal objetivo en nuestro país es cohonestar los recursos económicos ilícitamente generados, integrándolos en el sistema financiero regular mediante ampliaciones de capital, préstamos intersocietarios, tránsitos desde y a paraísos fiscales e inversiones en otros países, como Alemania», prosigue en su escrito.
El Ministerio Público se dirige contra el supuesto jefe de la mafia rusa Gennadios Vasilevich Petrov, a quien sus subordinados llamaban ‘caudillo’ o ‘boss’; su lugarteniente Alexander Ivanovich Malyshev; Elena Viktorovna Petrova; Jurij Mihajlovic Salikov; Marlene Barbara Salikov; Leonid Khihrstoforov; Svetlana Vassiljeva; los abogados españoles Juan Antonio Untoria y Julián Jesús Angulo; Iuolia Kasimira Emorlenko; Vladislav Matusovich; Diana Guindin; Andrey Malenkovich; Olena Boyko; Olga Solovyeva; Mikhail Rebo; Ildar Mustafin; Leocadia Martín; Ignacio Pedro Urquijo; Irina Ussova; Zhanna Gavrilenkova; Vadim Romanyuk; Antonio de Fortuny; Francisco Ocaña; Kiril Yudashev; y Leonid Khazine.
También están acusadas 19 personas jurídicas: las empresas Centro Comerciales Antei; Inversiones Gudimar; Inmobiliaria Balear 2001, Inmobiliaria Calviá 2001,Inversiones Tarin, Subnstar Inversiones, Vortep Incor, Dima Incorp, Inversiones Sarki, Sociedad de Desarrollo Internacional 2001, Casasol Investmentm, Louys Properties, Tomillo Inversiones, Namur Properties, Ken Española de Inversiones, Inversiones Finanzas Inmuebles, AVC Consultores, Peresvet y Xorairan.
Petrov fue detenido en junio de 2008 en su mansión de Calvía en una operación policial que culminó con una veintena de detenidos y el bloqueo de millones de euros y multitud de obras de arte. (EP)
