La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega ha señalado que «es necesario evitar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sea un órgano de representación privativo de jueces y magistrado» y ha subrayado que «la Justicia es una cuestión de Estado y todos debemos contribuir a diseñar, a ejecutar una estrategia nacional de justicia».
En este sentido, Ortega ha recordado que en el pasado ha habido muchos intentos por lograr un Pacto de Estado por la Justicia, como el del año 2001, «aunque son muchas las ocasiones en que los pactos se han incumplido». Por ello, ha pedido «aprender de estos intentos fallidos».
«Un Pacto de Estado por la Justicia no puede sino diseñarse desde la perspectiva del ciudadano que acude a la justicia para ver la solución de sus conflictos personales. Solo así, la justicia puede llegar a ser percibida como un factor de pacificación social y no de instrumentación de la vida política».
A lo largo de su comparencia ante la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Victoria Ortega se ha mostrado especialmente crítica con la decisión del CGPJ de especializar a 54 juzgados en temas de cláusulas suelo, una decisión que «el Pleno de la Abogacía va a impugnar ante el Tribunal Supremo porque vulnera el principio de juez determinado por la Ley, en la forma en que se ha establecido«.
«Entendemos que la solución podría pasar por mantener la competencia y que hubiera una redistribución entre la totalidad de los órganos de primera instancia de cada uno de los lugares». En todo caso, ha señalado «si se crean órganos especializados, deberían ser especializados en la materia y que no arrastrasen competencias de otros lugares».
Ortega ha querido resaltar que «no podemos engañarnos pensado que simplemente cambiando el «Nomes iuris» de un órgano judicial se produce por arte magia su especialización», refiriéndose como ella misma a insistido «hablo de los juzgados especializados en cláusulas suelo«.
Ortega ha indicado que la «abogacía va a colaborar y va a participar activamente tanto con el Ministerio de Justicia, con los grupos políticos y el resto de instituciones implicadas en esta tarea».
Al inicio de su intervención Victoria Ortega ha puntualizado que llegaba a la Cámara «no para hablar de cuestiones corporativas», sino para ideas que puedan «sumar con el objetivo común, largamente ansiado de una justicia independiente, ágil eficaz y cercana a la ciudadanía».
«La Abogacía es un actor imprescindible para una tutela judicial efectiva«, ha subrayado.
Además, ha entregado a todos los miembros de la Subcomisión su propuesta de Pacto de Estado por la Justicia que la Abogacía presentó el pasado 16 de diciembre de 2016. «Un reflejo contante de abogados y abogadas por mejorar este servicio público«, ha asegurado.
También ha entregado a los diputados un «mapa de ideas», sobre los cinco ejes sobre los que versó su comparecencia: 1) Consolidar la arquitectura institucional de garantías y derechos; 2) Equiparar la justicia a la excelencia y eficiencia del resto de servicios públicos; 3) Promover la eficiencia del servicio público Justicia; 4) Alinear las políticas públicas y buenas en meraría de justicia a los estándares europeos y 5) Impulsar disciplinas profesionales más exigentes.
Unas propuestas respaldadas por los 83 Colegios de Abogados de España. Entre las muchísimas medidas lanzadas por la presidenta de la Abogacía a los diputados de la Subcomisión de Justicia conviene resaltar:
No se pueden limitar los plazos de intrucción
Debe de revisarse la reciente implantación de unos plazos máximos de instrucción garantizando, en todo caso, los derechos de las partes sin perjuicio de que la instrucción deba de realizarse en un tiempo razonable.
«Independencia y autonomía» de los fiscales
Victoria Ortega, ha mostrado partidaria de atribuirle a los fiscales la investigación de las causas judiciales, pero ha remarcado que para ello primero es necesario asegurar su «independencia y autonomía».
Ha indicado que es necesario «equiparar la Justicia española a Europa» y para lo que ha defendido la atribución de la investigación de las causas judiciales a los fiscales, como pretende el Gobierno, pero ha recordado que primero es necesario que la «ciudadanía sienta que su actuación es independiente».
Para ello, debe reformarse el sistema de funcionamiento de la Fiscalía y definir cuestiones como «el procedimiento por el cual se nombra al fiscal general del Estado o cómo reforzar los mecanismos que limitan la independencia de los miembros del Consejo Fiscal».
Hay que garantizar al ciudadano un servicio de calidad
«La experiencia acumulada evidencia que el actual sistema de justicia gratuita se ha mostrado como válido y adecuado para dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar el acceso a la Justicia a quienes carecen de recursos económicos». Por eso, ha afirmado Ortega, «procede mantener su estructura básica y organizativa».
Aquí, ha indicado que «el tema del IVA al Turno de Oficio era impensable porque se perdería la consideración de servicio público».
el 38,6 % de las sentencias no se ejecutan
«La ejecución es, sin duda, uno de los aspectos más descuidados de nuestro sistema procesal». Según el Observatorio de la actividad de la Justicia, de 2016, » un 38,61 % de las sentencia firmes no son ejecutadas». Hay que dotar a la Administración de Justicia de todos los medios «para alcanzar la máxima eficacia y eficiencia».
«La abogacía piensa que en la ejecución debe permanecer, en todo caso, dentro del ámbito público». «Debe ser igual para la totalidad de los ciudadanos con independencia de su disposición económica».
El 82% de los ciudadanos considera complejo el lenguaje jurídico
En su intervención, Ortega ha incidido en que es preciso que para que los ciudadanos confíen en la justicia deben comprenderla. Y en este sentido ha asegurado que en el el último Barómetro de opinión de la Abogacía, «el 82% de los ciudadanos consideraban lenguaje jurídico como excesivamente complicado y difícil de entender». «Algo que merece una reflexión», ha puntualizado.
No debemos perder de vista que el ciudadano es el destinatario último del servicio público Justicia.
