Todas las miradas están puestas en el próximo día 21 de junio miércoles, fecha del Consejo Interterritorial de Sanidad, presidida por la ministra Dolors Montserrat, abordará cuestiones como la transferencia de la sanidad penitenciaria, el debate sobre la universalidad en el acceso a la Sanidad y el copago farmacéutico para los pensionistas, la eliminación de la tasa de reposición y la compensación a las víctimas de la talidomida.
Se trata del primer Consejo que convoca la ministra Montserrat, que llegará más de un año después del último celebrado, que tuvo lugar el 13 de abril de 2016. Hace 16 meses desde que el Ministerio de Sanidad acogió el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns). Desde entonces, tres ministros han ocupado el Paseo del Prado Alfonso Alonso y Fátima Báñez, la mitad del tiempo en funciones, y diferentes asuntos pendientes se han ido apilando en la mesa ministerial impidiendo dicha convocatoria sectorial.
Desde la Asociación de Víctimas como la Talidomida (AVITE) se contempla con esperanza esta reunión próxima en la que esta reivindicación suya se introdujo al final en la agenda del día a petición de algún consejero de sanidad autonómico. El Gobierno central ya mantuvo hace un mes una primera reunión con este colectivo, tras crear un comité científico que está presidido por Encarna Guillén, exconsejera de Sanidad de Murcia. Desde esta entidad se quiere establecer un protocolo para estos afectados que ayude gestionar sus indemnizaciones futuras.
En esta Interterriorial lo que se quiere es, fijado los criterios de trabajo del comité científico que esta entidad se encargue de la valoración de cada caso y de establecer la relación existente entre las malformaciones de los afectados y el consumo de talidomida que hicieron sus madres durante el embarazo. También es previsible que se cierre el calendario de actuaciones de cara a que estas personas puedan recibir sus indemnizaciones el año que viene.
En la actualidad, tal y como han señalado a CONFILEGAL en varias ocasiones representantes de Avite hay alrededor de trescientas personas afectadas que reclaman en nuestro país su derecho a ser compensadas por las malformaciones provocadas por la talidomida, un fármaco que se comercializó entre los años 50 y 60 y que se consumía para controlar las náuseas durante el embarazo.
También hay que darse cuenta que muchos de los socios de esta asociación ya están jubilados como afectados de talidomida . Desde este colectivo se espera con la máxima expectativa mucho el trabajo que haga dicho Comité de Valoración que encabeza Encarna Guillén, pediatra y especialista en genética, y se confía que muchos de los documentos existentes de estas personas que acreditan su situación sean útiles para evitar cualquier tipo de duplicidad en el trabajo y así se pueda ahorra tiempo en la gestión de cada asunto.
De este colectivo de afectados nos comentan desde Avite que ya hay una veintena de jubilados y el grueso de la asociación, algo más de doscientos nacieron entre 1960 y 1965, fechas en las que la venta de la talidomida en nuestro país fue importante. En algunos casos ya hay un diagnóstico certificado. En 2010, el Gobierno de Rodríguez Zapatero reconoció a 27 afectados, que recibieron una indemnización. Para esta asociacion el paso fue importante pero a todas luces insuficiente.
Las víctimas confían en que esta vez haya una compensación general para las personas que llevan años luchando por su reconocimiento. Esta es una lucha histórica de décadas que ha pasado por todo tipo de situaciones. Por fortuna, hace unos meses el Congreso de los Diputados aprobó una proposición de Ciudadanos en la que se insta a que todos los afectados sean indemnizados en 2018. La formación de Albert Rivera también incluyó este compromiso en el acuerdo de investidura de Mariano Rajoy.
Curiosamente las cerca de quinientas víctimas españolas son de los pocos afectados del fármaco de Grünenthal en todo el mundo que no han recibido ningún tipo de reparación por ello en un asunto que lleva sesenta años abierto. “Como mínimo esperamos estar a la altura de estas personas a las que sí se les ha reconocido su situación y daños”, explica Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite.
El desenlace de esta Comisión Interterritorial es ahora más importante que nunca y debería encarrilar un problema que en otros países se ha solucionado pero que en España se ha cronificado para desgracia de las personas que sufren los males de la talidomida. Esperemos que haya tiempo suficiente para debatir este tema todo lo necesario que sea de cara a solventar una situación extraña de estas personas afectadas.
En estos momentos, la solución de los problemas de las víctimas de la talidomida están en manos de la ministra Montserrat, los consejeros de sanidad autonómicos y el Comité de Expertos ya constituido. Será, por tanto, fundamental que definan bien la metodología para que estas personas puedan justificar su estado y cobra la compensación que llevan luchando por ella desde hace años.
No podemos olvidar que tanto la Audiencia Nacional como el Supremo rechazaron la demanda contra la farmacéutica Grünenthal, fabricante de la talidomida, al entender que los hechos están ya prescritos. Al mismo tiempo, Avite, representada por el abogado Ignacio Martínez, pidió amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el pasado mes de diciembre del 2016.
