La Audiencia de Madrid ha desestimado otro incidente de recusación formulado por el PP contra la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, en el denominado ‘caso de los ordenadores de Bárcenas‘, al apreciar que no ha perdido su imparcialidad ni su «equidistancia procesal».
En un auto que no admite recurso, los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia rechazan así la petición del PP de apartar a la jueza que investiga el borrado de los discos duros de los ordenadores del extesorero del partido Luis Bárcenas, un proceso en el partido está imputado.
Ahora, el PP pedía la recusación por la supuesta cercanía de Freire al PSOE, y por ello Freire se apartó del caso del borrado de los ordenadores de Bárcenas, que pasó a manos de una nueva jueza instructora, en este caso la de Instrucción número 5 de Madrid Carmen Valcarce, hasta que se resolviera este nuevo caso de recusuación.
En enero, los jueves ya desestimaron el otro incidente en el que el PP alegaba una animadversión de la jueza Freire a su partido.
La Audiencia plantea que las acciones o relaciones de la magistrada «no han traspasado los límites ordinarios de la actitud imparcial que debe ser observada en el desempeño de la función judicial ni han proyectado una imagen de pérdida de las condiciones de equidistancia procesal exigible a todo juez en el ejercicio de su función judicial».
El PP argumentaba que Freire había perdido su imparcialidad al ser propuesta, por Álvaro Cuesta, exdiputado del PSOE y vocal del Consejo General del Poder Judicial, para ocupar un puesto en la Audiencia Nacional.
Y que mantiene una relación «evidente» con él al coincidir regularmente en eventos y ponencias, además de recordar que fue designada por el Grupo Parlamentario Socialista para intervenir como ponente en la Comisión de Justicia del Congreso en la que se debatía la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Los magistrados sostienen que no se puede asumir que la defensa de la candidatura de Freire por parte de Cuesta para cubrir un puesto judicial implique una «contaminación política sobre la aspirante».
En cuanto a los cursos y jornadas, la Audiencia recuerda que la magistrada ha participado en numerosos eventos de ese tipo con motivo de su estudio del ámbito de la mediación penal, «por lo que no puede resultar extraño ni generar suposiciones relacionales negativas el hecho de que coincida en varias actividades formativas con miembros de la carrera judicial que se dedican al estudio de estas materias».
Respecto a su comparecencia en el Congreso, la entienden como una lectura técnica de diversos aspectos de la norma entonces en elaboración, «lo que no puede apartarle del conocimiento de un asunto en el que se ve involucrado uno de los partidos políticos con presencia parlamentaria«.
Todas estas consideraciones, termina la resolución, conducen a una misma conclusión: «ninguna de las circunstancias alegadas, por si solas ni en su conjunto, proyecta desde un punto de vista objetivo y aséptico la impresión de pérdida de imparcialidad de la magistrada recusada que tuviese como consecuencia el apartarla del ejercicio de su función constitucional en el caso concreto».
