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¿Qué cambios normativos son necesarios para impulsar la economía colaborativa?

La economía colaborativa una puerta abierta a un negocio transversal desde la tecnología.
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El 55% de la población española usó servicios de economía colaborativa al menos una vez en el último año; la mayoría (​35%-40%), a través de plataformas de compraventa de bienes de segunda mano. Son datos del primer informe sobre las cifras de la economía colaborativa en España, conocidos en el transcurso de Sharing Madrid.

El estudio, que nace impulsado por Adigital, Círculo de Empresarios, Fundación de Estudios Financieros y Cotec, con la ejecución de Fundación EY, sitúa el alojamiento y el transporte entre los otros dos sectores en los que la economía colaborativa ha penetrado con más fuerza. Aglutinan, en concreto, a un 30-35% y un 10-15% de los usuarios, respectivamente.

CONFILEGAL ha pedido a tres abogados como Rosa Guirado, Juan Antonio Orgaz y Alejandro Touriño que nos analicen este sector emergente y qué cambios normativos requiere para que crezca como en otros países vecinos, donde hay políticas públicas que fomentan esta actividad.

La economía colaborativa busca seguridad jurídica del legislador

Rosa Guirado dejo Pérez Llorca para liderar Legal Sharing, despacho referente en la prestación de servicios jurídicos a los diferentes operadores de la “economía colaborativa. “Es evidente que el status quo actual va a cambiar y hay que ver cómo se abordará dicho cambio. En este escenario es clave saber cuál va a ser el papel de los poderes públicos, hasta ahora poco proactivos a impulsar esta economía emergente y dotarla de seguridad jurídica”.

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Curiosamente Europa se decantó por la economía colaborativa en una comunicación de hace un año y el Parlamento Europeo en un Pleno acaba de dictar un informe a favor de este sector. “Hay espacio para defender esta actividad pero los lobbies en sectores tradicionales son muy fuertes. Los poderes públicos deben ver esta actividad con valentía y altura de miras”.

Para esta jurista no es sorprendente los roces que han surgido entre la forma tradicional de ver la economía y las propias plataformas colaborativas que en sectores como alquiler de vehículo, turismo …. Están pisando fuerte “el problema que subyace es que esos modelos tradicionales que se resisten al cambio no suponen derechos adquiridos de por vida, como pudiera ser el sector del taxi. Es el momento de conocer estas nuevas formas de entender la economía y ver cómo se van a regular a corto y medio plazo”.  Para este abogado si los mercados son dinámicos y dejan fluir la economía con nuevas regulaciones si fuera necesario. “lo que no sea necesario hay que eliminarlo”, aclara.

A los inversores en modelos colaborativos lo que echan en falta en nuestro país es “cierta estabilidad y sobre todo conocimiento de cuáles son las reglas del juego. Ese punto de seguridad jurídica se tiene que mantener por parte del legislador porque es lo que atrae al inversor y a la innovación. Sin este espíritu jurídico nunca podremos ser pioneros en innovación en nuestro entorno”, indica Guirado.

Hasta el momento nuestro país es receptor de modelos de economía colaborativa, salvo muy contados casos “A día de hoy Barcelona se está posicionando en contra del turismo colaborativo y está perdiendo una gran oportunidad de ser una ciudad referente”, comenta.

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La economía colaborativa tiene mucho futuro  pero los lobbies en sectores tradicionales son muy fuertes

Respecto a cuestiones sobre la fiscalidad y las relaciones laborales que se generan en estas empresas, dos cuestiones que se debatieron en Sharing España en sus jornadas, nuestra interlocutora señala que “a nivel fiscal, las empresas tienen sus obligaciones como todas y a parte de ello los proconsumidores, usuarios que proveen de servicios están obligados a tributar por esos ingresos. El problema es que muchas empresas tributan en países como Irlanda, que no es ilegal, porque sus condiciones son favorables.  Si no se quiere que eso pase, que se cambie la normativa a nivel europeo”.

Sobre si estos modelos tecnológicos pueden crear empleo estable Rosa Guirado subraya que “lo primero hay que ver si realmente tendemos a empleo estable. Cada vez más hay profesionales que trabajan por su cuenta, los llamados free lance. Lo que es importante es que se protejan sus derechos como profesionales. Este modelo implica mayor riesgo que el de asalariado por cuenta ajena, pero hay que asumirlo porque tienes más libertad para organizarte y tu forma de gestión es responsable”. Curiosamente parte del trabajo de esta reputada abogada es dar a conocer a la sociedad la legalidad de estos servicios, en determinadas ocasiones.

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Lo ideal es que compitiesen en igualdad de condiciones todos los operadores del sector

Alejandro Touriño, socio director de ECIJA, ha impartido una charla en Sharing Madrid para analizar el marco regulatorio de esta economía colaborativa “Es un marco muy amplio que afecta a muchos sectores. Junto a movilidad y alojamiento turístico hay otros muchos menos fuertes. A nivel europeo existe la Directiva de comercio electrónico ya consagrada y otra en España la LSSI Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, creo que es suficiente este paraguas normativo”.

Junto a ello reconoce que hay normas de los años ochenta que se mantienen en diferentes sectores “es posible no se justifiquen en los tiempos que vivimos. Es posible que haya que pensar en desregular ciertos sectores y apertura de nuevos mercados. Eso generaría que todos los operadores, tradicionales y nuevos, compitiesen en igualdad de condiciones”.

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Debate en Sharing Madrid sobre el uso del vehiculo privado. Periodistas, patronal del sector y plataformas analizan el sector.

Sobre el papel del Estado en este entorno “hay que darse cuenta que el TJUE está explicando a todos los poderes públicos cuál es el papel de estas plataformas. Luego hay un elemento adicional que es ver cuál debe ser la función del propio legislador. Es posible que ahora determinada normativa no se justifique su viabilidad por el momento en que vivimos. Y eso es lo que va a cambiar en los próximos años”.

La economía colaborativa impulsa la transparencia.  Está claro que todo es trazable y medible. Hay menos oscuridad de la piensan existe por sus detractores

Touriño es optimista y cree que veremos a corto plazo políticas públicas de fomento de la economía colaborativa en nuestro país “hay algunas entidades más autonómicas y de administración local que ya están cambiando al modelo anglosajón que es el que impera en la economía colaborativa”.

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Para el socio director de ECIJA “la economía colaborativa es un pulmón para hacer transparente la economía. Está claro que todo es trazable y medida, con lo cual hay menos oscuridad que la piensan existe por sus detractores”. Respecto al cambio laboral, “el reto es saber cuál es el papel de estos operadores que colaboran en dichas plataformas. Hay particulares que operan en el mercado y habrá que ver que función laboral desempeñan, si como autónomo o empleado. Es posible que en esta parcela sean los tribunales los que aclaren este tipo de escenario profesional y marquen la pauta en el derecho del trabajo”. Habrá normas que deben cambiar de cara a evitar “incrementar la precariedad y desempleo que ya tenemos en exceso en nuestro país”.

Le preguntamos a este prestigioso abogado porqué hay tantos conflictos relacionados con la economía colaborativa “hay que darse cuenta que la tarta es la misma. El problema es que junto a los operadores de siempre han llegado otros. Esto hace que el usuario pueda decidir más libremente que servicio quiere y quién quiere que se lo preste”. Touriño cree que se tardarán años en ver “como todos los operadores de un sector compitan en igualdad de condiciones, pero creo que lo veremos a medio plazo”.

Hay que adecuar las normas para respaldar el interés común

Juan Antonio Orgaz es abogado experto en nuevas tecnologías y seguidor del fenómeno de la economía colaborativa. “hay que darse cuenta que en las economías de plataforma se busca la desintermediación y eso implica de nuevos sujetos a la actividad.  Eso tiene que hacer pensar al legislador en cómo contar con ellos para que tengan un peso específico importante. Al final la norma debe buscar ese interés o bien común”. Desde esta perspectiva este jurista cree que ha llegado el momento de revisar dicha normativa para dar cabida este tipo de fenómenos que tiene todas las papeletas para quedarse en nuestro entorno económico.

Para este jurista, “en sectores, como por ejemplo el de transporte donde la llegada de otros interlocutores está siendo muy comentada, el número de licencias VTC habría que relacionarlo con alguna realidad. Ahora nos cuentan que es algo aleatorio pero que no corresponde a ningún estudio concreto. No es lo mismo la normativa del taxi que está planteada en un contexto determinado que ahora el entorno ha cambiado”. En opinión de Orgaz si “se hace un análisis económico del derecho se puede lograr una mejor regulación, más acorde con los tiempos e interlocutores que participan”.

En este escenario el TJUE señala el marco que se debe desarrollar y cada Estado miembro tiene que ver cómo adaptarse al mismo.

Sobre las relaciones laborales no queda claro qué escenario se va a diseñar “es posible que asistamos a un modelo hibrido donde el profesional autónomo conviva con otros asalariados. Aún está por ver si habrá precariedad a corto y medio plazo. Hay que hacer un análisis global, no solo desde el derecho laboral y el fiscal sino hacer un análisis del sector y su mercado y ver los imputs laborales, fiscales y normativo y su articulación para que se beneficie a dicho interés común”, comenta. Desde esta perspectiva la función del regulador es retocar aquellas normas que sean necesarias para impulsar esta actividad económica.

No se debe legislar desde los prejuicios, sino desde del estudio profundo de una realidad cambiante como la economía colaborativa y unos interlocutores que ahí están

Orgaz subraya que “el Estado debe tener un conocimiento profundo de lo que supone la economía colaborativa y si la ve realmente útil para el ciudadano impulsar políticas públicas como las que existen en países vecinos como Francia e Inglaterra. Derivado de ese trabajo habría que ver si hay que impulsar modificaciones que sean necesarias para esta actividad”.

Para este abogado “no se debe legislar desde los prejuicios, sino desde el análisis, estudio profundo de una realidad cambiante y unos interlocutores que ahí están”. Al mismo tiempo destaca la necesidad de una comunicación abierta entre las partes para evitar conflictos innecesarios.

A juicio de Orgaz “no es de extrañar los roces y conflictos que estamos viviendo en las últimas semanas entre focos tradicionales frente a desarrollos emergentes de la economía colaborativa. De alguna forma se está cuestionando el status quo actual, por encima de todo en un modelo de oferta reducida. Si ahora esa oferta se amplia de forma notable se tiene miedo a perder dichos privilegios en el sector y vienen las quejas y los problemas. Habrá que ver si la respuesta está justificada socialmente o si es un sujeto privilegiado que quiere mantener su situación”.  Para este abogado el lobby bien entendido puede beneficiar al bien común de una actividad sectorial.