La fiscal Concha Ariño ha mantenido en sus conclusiones la acusación contra los dos abogados,Francisco Carvajal y María del Carmen Jiménez. juzgados por grabar, supuestamente, la declaración de la Infanta Cristina en la fase de instrucción del caso Nóos. No ha modificado la pena solicitada: 1 año de prisión para cada uno por un delito de desobediencia grave.
Por su parte, las defensas pidieron la libre absolución de sus representados. El juicio quedó visto para sentencia.
La fiscal entiende que en el juicio oral han quedado probados los hechos.
Cree que los acusados incumplieron la orden del juez José Castro de no acceder con dispositivos de grabación; además, incidió en que la prohibición de grabar se deduce de esa providencia.
El Ministerio Fiscal sostuvo que los dos acusados introdujeron una cámara espía que burló los detectores de metales, mientras que cree «inocuo» que los funcionarios no estuvieran obligados a pasar el mismo control que los abogados y procuradores.
La investigación no ha podido determinar con qué dispositivo se grabó el vídeo.
Asimismo, Ariño dió especial importancia a las fotografías de la sala el lunes posterior a la declaración de la Infanta Cristina, que tuvo lugar el sábado.
La acusación pública destacó que no es una reconstrucción, sino un reportaje fotográfico.
Finalmente, en base a los testimonios de los asistentes y los informes periciales la fiscal alegó que ha «quedado clara» la ubicación de los acusados así como las posiciones desde las que se grabó el vídeo.
En cuanto al hecho de que el abogado Francisco Carvajal estuviera en un avión en el momento en el que se publicó el vídeo en Wouzee, la fiscal apuntó que hubo tiempo suficiente para que entregara el vídeo a otra persona y que ésta fuera la encargada de confeccionarlo y subirlo a Internet.
LA DEFENSA APUNTA A LOS FUNCIONARIOS
La defensa del letrado Francisco Carvajal, por su parte, mostró su «sorpresa» por el alegato del Ministerio Fiscal y censuró que «la presunción de inocencia brilla por su ausencia».
Cree que se ha «montado un procedimiento en base a conjeturas y elucubraciones» y apuntó que los funcionarios no pasaban el mismo control que los abogado.
Por ello, consideró que «se les descarta por el mero hecho de ser funcionarios» y se preguntó «qué es lo que se trata de proteger».
Así, el abogado defensor acusó a un funcionario de «intentar autoexculparse» y dijo que las investigaciones se han hecho «a ‘ojímetro'».
También ha calificado de «desorbitadas» las medidas de la instrucción, como que se procediera a la detención de su representado.
LA DEFENSA DE JIMÉNEZ ESPERABA QUE SE RETIRASE LA ACUSACIÓN
Por su parte, la defensa de la acusada María del Carmen Jiménez, admitió que esperaba que la fiscal retirara la acusación contra su representada.
La defensa de la acusada alegó que no se cumplen los requisitos para el delito de desobediencia, ni para atribuir la autoría del mismo a su defendida. Recordó que un informe policial aceptado por la Fiscalía descartaba la participación de Jiménez.
Además, censuró que el procedimiento se haya hecho «a la inversa», y que los acusados tuvieran que «demostrar su inocencia» en lugar de que la acusación acredite su culpabilidad.
Finalmente, el defensor declaró que la grabación se hizo por «alguien de dentro del Juzgado» ya que «los funcionarios sabían desde días antes que no iban a pasar el control».
Criticó que no se haya investigado la posible participación de los funcionarios, a quien se quiere «proteger», según su versión.
«Ha sido la mayor humillación y ridículo que ha hecho un Juzgado», aseveró.
El abogado dijo que una de las funcionarias, que se ausentó durante una hora de la declaración para desayunar, pudo entregar el vídeo a un policía. EP.
