La Audiencia de Tarragona ha confirmado la condena a 18 meses de cárcel que impuso un juez de lo penal a la pianista Mari Cruz Soriano por derribar una casa rural para construir un chalé en suelo no urbanizable de El Perelló (Tarragona), pese a que sólo tenía autorización para una reforma.
En la sentencia, que este domingo adelantaba El Diari de Tarragona, la sección segunda de la Audiencia de Tarragona confirma la condena impuesta previamente por el juzgado de lo penal 1 de Tortosa (Tarragona), que también fijó una pena de 18 meses de cárcel para el exalcalde de El Perelló, Salvador Pallarés, en este caso por su labor como constructor.
Según la sentencia, la pianista Mari Cruz Soriano, esposa el exministro socialista Alberto Belloch, solicitó en septiembre de 2009 al Ayuntamiento de El Perelló una licencia para realizar unas obras en una casa rural, permiso que acabó obteniendo en marzo de 2011, en una resolución en la que se condicionaban las obras de reforma a que se cumplieran una serie de requisitos fijados por el departamento de Cultura.
En este caso, la prescripción de mantener la masía preexistente al estar en un suelo de especial protección por su valor forestal y paisajístico. Sin embargo, en enero de 2012 la famosa presentadora firmó un contrato con la empresa Solvent SL, cuyo representante era precisamente Salvador Pallarés. En dicho proyecto ya se contemplaba la demolición de la estructura original, si bien conservando la piedra de las paredes para su posterior reutilización en la nueva edificación.
Pese a esas prescripciones, la pianista procedió al derrumbe de la casa rural para construir un chalé, en un emplazamiento distinto de la misma parcela, en una zona no urbanizable y de especial protección por su valor forestal y paisajístico. Las obras fueron llevadas a cabo por Construcciones Pallarés, de la que era administrador único Salvador Pallarés.
Por este motivo, la pianista y el exalcalde de El Perelló, Pallarés, -como responsable de las empresas que llevaron a cabo las obras- fueron condenados por un juzgado penal por un delito contra la ordenación del territorio a un año y medio de cárcel, al pago de una multa de 2.880 euros y a un año de inhabilitación, en una resolución que ahora ha avalado la Audiencia de Tarragona.
