El ministro Rafael Catala, quien habla de Justicia Abierta dentro de la Estrategia Nacional de Justicia.
El Ministerio de Justicia apuesta por un modelo abierto donde el ciudadano tenga un mejor acceso a la información
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02/7/2017 04:58
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Actualizado: 02/7/2017 02:29
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La justicia española tiene escasos medios pero quiere ser transparente y accesible al ciudadano desde un modelo de Justicia Abierta al que pretende evolucionar. Así se desprende de la presentación que tuvo lugar esta semana del Tercer Plan de Accion del Gobierno Abierto que compromete al Ejecutivo a desarrollar 20 medidas en transparencia y participación en el periodo 2017-2019 .
Desde esta perspectiva, el trabajo que va a poner en marcha el Ministerio de Justicia se centrará en mejorar el acceso a la información judicial con medidas como la puesta a disposición de los ciudadanos de mayor información sobre vistas orales, documentos de expedientes judiciales, entre otros, así como ofrecer el servicio de retransmisión en streaming de determinadas vistas judiciales.
La presentación corrió a cargo de la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado; el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado; el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás; el director general de Red.es, José Manuel Leceta; el director general de Evaluación y Cooperación Territorial, José Luis Blanco, y Carmen Mayoral, subdirectora de Modernización de la Federación de Municipios y Provincias de Madrid.
El plan, a nivel global, se estructura en cinco grandes ejes: colaboración, participación, transparencia, rendición de cuentas y formación, y para el desarrollo del mismo se contará con la participación de las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y la sociedad civil.
La idea de sus impulsores es enviarlo este mes a la Alianza para el Gobierno Abierto (‘Open Government Partnership’), máximo órgano internacional que regula esta materia y que engloba a 70 países.
Elena Collado indicó que entre las medidas del plan, figura el compromiso de mejorar y ampliar los contenidos del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado que se puso en marcha en diciembre del 2014 así como acometer el desarrollo reglamentario en esta Legislatura de la Ley de Transparencia.
Hay que acercar al ciudadano a la Justicia desde la transparencia
En el citado Plan de Acción de Gobierno Abierto al que ha tenido acceso CONFILEGAL se indica en el apartado dedicado a Justicia que, ante la desconfianza del ciudadano en la Justicia “ es necesario dotarla de instrumentos que refuercen su acercamiento a la sociedad.
Es preciso pues incorporar nuevos instrumentos que abran la Administración de Justicia y sitúen al ciudadano en el centro”. Y se indica que la transparencia puede ser un elemento a tener en cuenta en esa relación.
También se indica lo complejo que es el sistema jurídico español, con diferentes interlocutores: Ministerio, Consejo General del Poder Judicial, Comunidades Autónomas con competencias transferidas, jueces y magistrados sometidos al imperio de la ley pero independientes, donde la tecnología poco puede ayudar al estar dispersa en diferentes sistemas de gestión “el ecosistema Justicia ha sido tradicionalmente ajeno a la existencia de una sociedad civil lo suficientemente activa y con capacidad de exigir e influir en un funcionamiento adecuado de la Justicia” se puede leer en dicho informe.
El objetivo principal es lograr una Administración de Justicia más transparente y accesible se refleja en dicho Plan desde una doble vertiente :
a) Que ofrezca datos que permitan un control adecuado por parte de la sociedad civil y los ciudadanos, una mejor compresión del funcionamiento de la Justicia y un mayor estímulo del emprendimiento, la innovación y el crecimiento económico a través de su reutilización. Y, como otro objetivo, al mismo tiempo.
b) Dotar a los ciudadanos de servicios digitales que permitan un mejor acceso la información cuando estén involucrados en un procedimiento judicial.
Desde este objetivo se trata de hablar de Justicia Abierta dentro del nuevo concepto acuñado por Rafael Catalá, ministro de Justicia, de Estrategia Nacional de Justicia del Gobierno de España.
Esta Justicia Abierta se estructura en dos ejes:
– Datos abiertos como instrumento de transparencia en la Administración de Justicia. Eso supondría evolucionar a un modelo de estadística judicial más comprensible al ciudadano. Se potenciará el papel de la Comisión Nacional de Estadística Judicial y se impulsará la colaboración a través del CTEAJE.
– Y el otro gran objetivo es mejorar el derecho de acceso a información de la Justicia. El compromiso incluye el acceso por streaming de determinadas vistas orales y el acceso a través de la sede judicial electrónica al expediente judicial a los intervinientes de un procedimiento.
Al final de lo que se trata es intentar lograr una mejor rendición de cuentas y control social sobre el funcionamiento de la Justicia, además de mejorar el servicio a los ciudadanos y fortalecer sus derechos, como el del acceso a la información judicial que viene recogido en las leyes procesales.
Además, este compromiso mejorará la eficiencia en los procesos de gestión y la toma de decisiones en los distintos niveles del Ministerio de Justicia y agentes participantes de la actividad judicial
La transparencia preocupa a los ciudadanos
Según datos facilitados por el citado Portal de Transparencia las peticiones para obtener información pública en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) no paran de aumentar. Durante el mes de mayo se registraron 447 peticiones de acceso a datos, casi el doble de la media de preguntas de los dos años anteriores y con una tendencia al alza en el interés ciudadano por la transparencia de las instituciones.
Las preguntas sobre la administración se recibieron 9.196 solicitudes.
Según el informe del Portal, un 31 por ciento de las cuestiones se refieren a datos globales del sector público, seguidas de las preguntas sobre Seguridad, Transporte y Educación. Por departamento, el que más preguntas recibe es la Unidad de Información de Transparencia de Interior, seguida de la de Hacienda y Función Pública y la de Fomento.
Respecto al tratamiento de las peticiones también hay datos a señalar: en el 67 por ciento de los casos, la respuesta del Portal es afirmativa y se concede el acceso a la información reclamada. El 24% de las demandas son inadmitidas y un 3 por ciento denegadas. De las respuestas del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el 8,18 por ciento acaban siendo reclamadas. El 3,3% de los recursos ellas son admitidos.
Sobre dicho organismo regulador, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, gestionado por Elena Arizmendi, es una entidad que sirve de apoyo al ciudadano en sus peticiones de infomación tanto a la administración como a determinadas entidades que están obligadas a ofrecerla. También resaltó la falta de potestad sancionadora del organismo y como sería necesario trabajar más en la claridad de lenguaje administrativo. En un evento organizado por la CNMC pudimos conocer mejor su funcionamiento.
Desde 2015 se han presentado 49 recursos contra resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. De estos 49 recursos, 35 parten del sector estatal público. Entre los contenciosos más recientes encontramos la negativa de distintos Ministerios a proporcionar información sobre los gastos destinados a la publicidad institucional desglosado por medio de comunicación, o la paradójica negativa del Ejecutivo a dar acceso a información sobre los avances en sus políticas de Gobierno Abierto.
Reformar la ley sobre reutilización información del sector público
Otra de las cuestiones que indicaron los ponentes en dicha presentación del citado Plan de Gobierno Abierto es que fortalecerá el programa Aporta, de apertura a la información del sector público, para lo que se desarrollará la Ley sobre reutilización de la información del sector público y se ampliará el catálogo nacional de datos abiertos en un mínimo del 20%.
Por otra parte, se formará a los empleados públicos en los principios, y estrategias de gobierno abierto, se sensibilizará a la sociedad civil a través de recursos informativos abiertos y gratuitos, y se incluirán medidas de educación en Gobierno abierto con actividades en los colegios.
Para desarrollar todas las medidas se ha constituido una Comisión sectorial para trabajar con las Comunidades Autónomas y una Red de entidades locales para promover las políticas de transparencia en el ámbito local.
Además, se pondrá en marcha un Foro de Gobierno Abierto para trabajar en consenso con los actores implicados de la sociedad civil: representantes del mundo académico, de las organizaciones de consumidores y usuarios, de las asociaciones sin ánimo de lucro y organizaciones del Tercer Sector.
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