La Junta General de Jueces de Valencia solicita a la Generalitat la paralización del «expediente judicial» hasta que no se implante un sistema informático que funcione porque la aplicación del Cicerone 19 «está afectando muy negativamente a la marcha de los juzgados cuando en realidad debería ser un instrumento para agilizar el trabajo».
Así lo han decidido por unanimidad los 106 jueces que han asistido o delegado su voto de los 122 jueces valencianos convocados.
Con estas son ya 3.012 adhesiones individuales en 140 Juntas de Jueces celebradas hasta la fecha. La carrera judicial está formada por 5.500 jueces, por lo que el número de jueces que secundan las 14 propuestas de las 4 asociaciones judiciales suponen ya el 54,7 por ciento del total.
Los jueces valencianos, en su Junta piden, en concreto, que no se implante la nueva versión del Cicerone -programa que permite la presentación telemática de escritos- en la Ciudad de la Justicia «en tanto no se efectúen las inversiones necesarias y se proporcione un sistema informático de gestión procesal adecuado, moderno, testado y en condiciones».
«En suma, que funcione a la perfección facilitando y acelerando la labor de los jueces y letrados y no obstaculizando la misma como sucede actualmente y se ha puesto de manifiesto en experiencias como la de Gandia o Castellón, singularmente», agregan en su escrito.
Se adhieren a las propuestas de las asociaciones judiciales
Así se ha decidido en la junta general de los jueces, cuya acta ha sido remitida por el Tribunal Superior de Justicia valenciano y en la que los jueces han acordado, por unanimidad, adherirse a las 14 propuestas realizadas por varias asociaciones judiciales en materias como el refuerzo de la independencia judicial o la modernización de la administración de justicia, con un plan de inversión «suficiente y prolongado» y un mayor número de jueces.
Apoyan la petición de reforzar la independencia del Consejo General del Poder Judicial con un sistema de elección de vocales que asegure la igualdad de género y la presencia de minorías; la sustitución del funcionamiento presidencialista por el sistema colegiado del órgano y la recuperación de las competencias que tenía con anterioridad a la Ley Orgánica 4/2013.
Que el CGPJ ampare de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial ante ataques que afecten a su independencia y la definición previa de los puestos de altos cargos judiciales que se desea cubrir.
Además, apuestan por la modernización de la Administración de Justicia con un plan de inversiones suficiente y prolongado, un incremento de jueces, modernizar los edificios, implantar el expediente judicial útil y operativo, dotar de suficientes medios técnicos y nuevas tecnologías, implantar los tribunales de instancia y eliminar la figura de las adscripciones forzosas o compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional, entre otras medidas.
También se adhieren a las peticiones de convocatoria inmediata de la mesa prevista en la Ley de Retribuciones, reclamación del régimen de vacaciones y permisos, así como el permiso de paternidad, la implantación de cargas máximas de trabajo y garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial.
Eso sí, han pedido la inclusión de otras tres medidas:
a) que en caso de incapacidad se vuelva a retribuir el 100 % de la base reguladora sin merma algún en las retribuciones,
b) que la pensión de jubilación se acerque al 100 % del salario percibido, por todos los conceptos, en el momento de acceso a la misma,
c) y la supresión de la figura del promotor de la acción disciplinaria.
