La Audiencia Provincial de Asturias prevé notificar la sentencia del Caso Marea el 31 de julio «o, en su defecto, no más tarde del 1 de septiembre como primer día hábil siguiente». Así lo ha comunicado el presidente de la Sección Tercera, Javier Domínguez Begega, quien ha asegurado que la redacción del fallo ya está en su «fase final».
Su previsión es notificarla el lunes 31 de julio o, si no fuera posible, el 1 de septiembre, ya que en agosto no se prevé el reparto de ponencias «salvo asuntos urgentes». En todo caso, la Sección ha precisado que «la fecha exacta de la notificación se anunciará a las partes por providencia a lo largo de este mes de julio».
La Sección Tercera hace hincapié, en un escrito remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), «en la entidad cuantitativa y cualitativa de este procedimiento, poniendo de relieve que se trata seguramente de uno de los más voluminosos de cuantos se han visto en la jurisdicción penal» en Asturias.
Según se señala, se trata de 90 tomos de instrucción que totalizan unos 50.000 folios a los que se añaden otros 200.000 de documentos escaneados, decenas de CDs y pen drives con informes, contabilidades, grabaciones telefónicas.
«Ante macro causas de esta entidad la exención de ponencias del encargado de redactar la sentencia es la tónica habitual, al ser materialmente imposible simultanear esa labor con la resolución de los restantes asuntos que acceden al Tribunal, que en el caso de la Sección Tercera son unos 1.700 al año», añade el escrito.
El macrojuicio por el llamado Caso Marea, la mayor causa de corrupción investigada en Asturias por la adjudicación irregular de contratos públicos a empresas, quedó visto para sentencia hace casi un año, el 29 de julio de 2016, tras casi cuatro meses de vista oral.
40 sesiones de juicio, con 13 procesados
Casi cuarenta sesiones y la declaración de más de un centenar de testigos se sucedieron desde el 4 de abril en una causa que ha sentado en el banquillo a 13 procesados, entre ellos el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, y su número dos en ese departamento, María Jesús Otero, que se enfrentan a penas de diez años y medio y once años y medio de cárcel, respectivamente.
A 10 años se enfrenta también la funcionaria Marta Renedo Avilés, -sus iniciales forman el acrónimo que da nombre al caso- .
Los cuatro empresarios procesados, con los que presuntamente amañaron contratos: los gerentes de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, que se efrentan a penas de 9 años; Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, para quien el fiscal pide cuatro años, uno más que para Antonio José Azorín, de Nora Proyectos e Ingeniería.
Además, junto a ellos, las acusaciones populares sentaron también en el banquillo trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo Paz Rodríguez Pendas, José Villa e Isaac Ovies, y del de Avilés, Braulio Iglesias; el funcionario del consistorio de Mieres Francisco Javier Juárez y el de la Escuela de Ingeniería José Manuel Blanco.
