La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala que nombre un magistrado instructor para que investigue a la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama ‘Púnica.
El Ministerio Público emitió el pasado 5 de julio un escrito de dos folios solicitando como primera diligencia la comparecencia voluntaria de Barreiro «a fin de que declare sobre los hechos imputados objeto de las presentes actuaciones y cuantas otras sean necesarias para la aclaración de los mismos», según ha informado la Fiscalía en un comunicado.
El ex juez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha estado investigando el ‘caso Púnica’ hasta que fue ascendido el pasado mes de junio a la nueva Sala de Apelaciones de este órgano judicial, elevó antes de dejar la instrucción de la causa la exposición razonada al Tribunal Supremo debido a la condición de aforada de Barreiro.
En su escrito, el magistrado vinculaba a la senadora durante la instrucción con la comisión de cinco delitos: fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada. El motivo, sus lazos con el empresario Alejandro de Pedro y la trama de lavado de reputación ‘online’.
Además, señalaba también que la exalcaldesa pudo realizar una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las que pagó casi 5.000 euros a Madiva Editorial. El acuerdo exigía que las informaciones que se difundieran en el periódico digital creado para este fin debían ir «con foto y, por supuesto, en positivo».
TRABAJOS REPUTACIONALES
Asimismo, el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional cree que la senadora «sentía una honda preocupación reputacional» por habérsela vinculado a una serie de proyectos urbanísticos en esta localidad sobre los que existían denuncias por trato de favor en el llamado ‘caso Novo Cartago’, por lo que ideó la creación de un diario digital con el propósito de difundir noticias que le fueran favorables.
Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como «campaña de publicidad Turismo Cartagena» por 4.840 euros –que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención– y posteriormente De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia procesó al expresidente de la región unas horas después de tomarle declaración por esta causa por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada, que le atribuyó el entonces juez de instrucción Eloy Velasco.
El magistrado de la Audiencia Nacional remitió su exposición razonada al tribunal autonómico, después de que Sánchez para que se le investigase pedir servicios a De Pedro para «limpiar» con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región en 2015. (CONFILEGAL/EP)
