Una pequeña empresa de reciclaje de residuos catalana ha interpuesto ante un juzgado ordinario de Madrid la primera demanda civil contra el Banco Popular al que le reclama 10.000 euros por la compra de un paquete de acciones en 2016, adquiridos con información «gravemente inexacta», y cuyo valor quedó reducido a cero tras la quiebra de la entidad en junio de este año.
La demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, pide que se declare la nulidad de la operación realizada en una sucursal de la localidad catalana de Santa Perpetua de Mogoda por parte de esta pequeña compañía que acudió a la entidad financiera para solicitar un préstamo de 100.000 euros para la compra de un camión.
Denuncia igualmente que tanto el comercial como el director de la oficina bancaria le propusieron suscribir acciones (en esta caso adquirieron 6.630 acciones del Popular) «con la falsa promesa» de que con la ampliación de capital puesta en marcha no solo percibiría beneficios a partir del ejercicio de 2017 sino que, además, el valor de la acción repuntaría notablemente en Bolsa.
No obstante, las acciones «jamás, ni por asomo» llegaron a cotizar ni un día al precio por el que se adquirieron, según el escrito en el que se acusa a la entidad que acabó adquiriendo el Santander por el precio simbólico de un euro, de falsear la información contable suministrada en el folleto de ampliación de capital con el fin de «inducir a error a los inversores».
La demanda destaca que en el folleto de la operación, la entidad estimó pérdidas de 2.000 millones de euros cuando «existió un resultado manifiestamente contrario, elevándose el desfase un 75 % más», razón por la que solicita la nulidad del contrato y el reintegro de casi 10.000 euros por vicio en el consentimiento.
El escrito ya obra en poder de la justicia madrileña, y esta viernes se procederá a repartir este expediente al juzgado de primera instancia competente.
«Desfase» de 1.485 millones en la cuentas del Popular
La representación procesal de la empresa, que aclara que nunca antes había adquirido este producto financiero, explica que el folleto de la ampliación de capital estimó unas pérdidas para 2016 de 2.000 millones euros, si bien al cierre de ese ejercicio eran de 3.485 millones de euros, lo que supuso un «desfase» de 1.485 millones.
Además expone que el banco –que en abril comunicó a la CNMV que iba a corregir las cuentas de 2016 tras detectar desviaciones de los estados— en realidad lo que hizo fue reformular dichos estados financieros pese a que sus directivos utilizaron «eufemismos» para «evitar» que el entonces presidente Emilio Saracho tuviera que asumir futuras responsabilidades civiles o penales como consecuencia de la gestión de su antecesor en el cargo Ángel Ron.
Esta demanda se suma a las diversas denuncias y querellas interpuestas a comienzos de verano en la Audiencia Nacional y a los contenciosos-administrativos interpuestos contra el papel de la Junta Única de Resolución (JUR) y el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), encargado de ejecutar la operación en España.
Además, se han presentado también algunas querellas contra miembros del consejo, presentadas en la Audiencia Nacional por diversos despachos de abogados que representan a accionistas y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) por «ocultar a los accionistas la verdadera situación financiera de la compañía». (CONFILEGAL/EP)
