Julio Naveira decano colegio Mataró y Laura Martínez, de la Diputación de Barcelona durante la firma del acuerdo para asesorar e informar al consumidor de la zona en cláusulas abusivas.
Los consumidores piden abogados expertos que les orienten sobre las cláusulas abusivas
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05/9/2017 05:57
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Actualizado: 04/9/2017 20:03
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Mientras los 54 juzgados uniprovinciales ubicados en capitales de provincias empiezan a estar saturados y a ralentizar su ritmo de trabajo, entidades como la Diputación de Barcelona fomenta que los consumidores de la comarca estén bien asesorados para defender sus derechos como afectados en las cláusulas abusivas.
De esta forma se ha he cho público el convenio de colaboración que han suscrito recientemente la citada Diputación y el propio Colegio de Abogados de Mataró para poder dar ese asesoramiento que reclaman los afectados por dichas cláusulas.
Desde hace algunos meses, la Diputación de Barcelona está extendiendo este servicio de asesoramiento personalizado sobre cláusulas abusivas por parte de los letrados a todos los municipios de la demarcación desde que el pasado junio se firmó el primer convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), que afecta también a una parte de municipios del Maresme.
Según pudo confirmar CONFILEGAL, está previsto que en las próximas semanas se firmen acuerdos con los colegios de profesionales de Granollers, Manresa, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat y Vic con el ánimo de seguir trabajando en esa labor necesaria de asesoramiento al consumidor que pueda verse perjudicado por tener en su hipoteca alguna cláusula abusiva.
Estos acuerdos con los colegios de abogados se suman a las acciones de apoyo a los consumidores que la Diputación está impulsando desde hace meses. Justamente para atender las consultas sobre cláusulas abusivas, este año la corporación ha aumentado hasta los 2 millones de euros el presupuesto destinado a los Servicios Públicos de Consumo.
También se ha intensificado la formación específica en cláusulas abusivas a los técnicos de estos Servicios (77 municipales y 7 comarcales) y se han contratado las asociaciones de consumidores más representativas para hacer 150 charlas y talleres en todo el territorio.
En los 224 municipios que no disponen de Servicio Público de Consumo propio, los ciudadanos también reciben atención directa a través de las Unidades Móviles de Información al Consumidor (UMIC). En lo que va de año, además, la Diputación de Barcelona ofrece consejos e información sobre los protocolos de las entidades bancarias, direcciones de contacto, la agenda de acciones formativas y un formulario de reclamación que se puede consultar a través de su página web www.diba.cat
Necesidad de informar para poder actuar
La diputada Laura Martínez, por parte de la Diputación y Julio Naveira, decano de la entidad colegial ubicada en Mataró firmaron dicho acuerdo. Gracias al mismo abogados especialistas se desplazarán a los servicios públicos de consumo para proporcionar a las personas afectadas un primer consejo orientador así como información respecto al derecho de asistencia jurídica gratuita.
Para Martínez el papel de la Diputación tiene que ser el que está acometiendo “reaccionar ante una problemática muy importante por el número de población afectada, porque tiene relación con un bien de primera necesidad y por el gran importe de la reclamación que se deja traslucir en algunos casos concretos”.
Al mismo tiempo comentó que desde hace meses que «la corporación está llevando a cabo acciones de apoyo: concienciación ciudadana; asesoramiento directo a través de los Servicios Públicos de Consumo –pera los municipios donde no hay oficina propia, a través de las Unidades Móviles de Información al Consumidor que tiene la corporación-, o formación de los técnicos para incrementar la cultura financiera de sus ciudadanos».
Y es que en asuntos hipotecarios de este calado, y ante la falta de dicha formación en finanza de muchos españoles, parece lógico que en casos más complejos se hace necesaria la intervención de un letrado especializado, en este tipo de temas, y de aquí se deriva la colaboración con los colegios profesionales, como es este caso con el propio Colegio de Abogados de Mataró.
Por su parte, el decano Julio J. Naveira ha expresado que la firma de este convenio es «una muestra más de la importancia que tiene tanto para el Colegio como para la Diputación estar al lado de la ciudadanía, es decir, de la justicia de proximidad, que se configura como uno de los objetivos fundamentales del Colegio».
En este sentido, el servicio está dirigido a los ciudadanos y ciudadanas del ámbito de la demarcación judicial del Ilustre Colegio de Abogados de Mataró y sus respectivos municipios que podrán pedir cita a las oficinas de consumo de su Ayuntamiento.
Al mismo tiempo se sabe que los puntos de asesoramiento en los que se atenderá a las personas afectadas, según derivación de su ayuntamiento, se han fijado en las Oficinas de Consumo de los Ayuntamientos de Mataró, Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Mar, Teià y El Masnou, y també en la misma sede del Colegio de Abogados.
Lucha contra la pobreza
Aparte del apoyo a los consumidores, la corporación impulsa en este sentido un Plan de Choque contra la Pobreza, que quiere dar respuesta al empobrecimiento progresivo y al correspondiente incremento del riesgo de exclusión social.
Se trata de, en definitiva, conectar la ciudadanía con la cohesión social, como pilar básico del estado del bienestar, es uno de los objetivos estratégicos del Plan de Mandato 2016-2019 de la Diputación de Barcelona.
Como acciones concretas, este Plan de Choque contra la Pobreza incluye el programa de Fomento del Empleo, el Servicio de Intermediación de Deudas de la Vivienda, el programa de Auditorías e Intervención en viviendas en situación de pobreza energética y el programa Tarjeta Monedero con Impacto Social.
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